
A medida que avanzaban los días y se confirmaba la magnitud de la catástrofe provocada por la DANA que castigó con particular dureza a municipios valencianos, nuestra congoja crecía al tomar conciencia de la dimensión de la calamidad y el enorme sufrimiento causado. Pero también al comprobar cómo esta desgracia nos ha llegado en el peor momento político posible, añadiendo más dificultades, si cabe, a la necesaria atención a las víctimas y al progresivo restablecimiento de unas condiciones básicas que tardarán tiempo en lograrse.
Y es verdad que hemos hablado mucho de dispositivos de alarma y prevención, de predicción meteorológica e hidráulica, de planificación y ordenación territorial, de cambio climático, de protocolos de emergencia y, por supuesto, de dispositivos de socorro y ayuda. Sin embargo, no hemos caído en la cuenta de una variable fundamental como es la política, imprescindible en estos momentos para afrontar democráticamente decisiones nacidas del acuerdo de fuerzas e instituciones que respondan a las necesidades de la población mediante una adecuada distribución de los recursos existentes.
A la catástrofe meteorológica se ha unido una auténtica catástrofe política, como estamos viendo día a día. El primer gran desafío que le llega a este Gobierno valenciano del PP y han demostrado ser desacomplejadamente incapaces, incluso para tratar a las víctimas con un mínimo de humanidad y respeto.
La campaña de generación de malestar social y político promovida desde oscuros sectores de la derecha extrema, avalada por el PP y Vox, ha dañado cauces institucionales imprescindibles, afectando a la credibilidad e incluso a la integridad de importantes responsables políticos. Este es un enorme obstáculo, como estamos viendo, en la medida en que responsables de la Generalitat han participado activamente en este lodazal que ahora se vuelve contra ellos.
También la política de desmantelamiento de valiosos dispositivos de emergencias o contra el cambio climático es importante. Tiene mucho más crédito para este Gobierno valenciano cualquier aficionado taurino que un científico o investigador en cambio climático, planificación territorial o cualquier otra disciplina, como han demostrado desde el mismo día en que se constituyó el ejecutivo del PP y Vox que, tras la marcha de la formación ultra, ha mantenido los principios de la ultraderecha.
Así que no es casual que estos días, junto al fango y la porquería, hayan circulado por las calles de los municipios afectados por las inundaciones adalides de la antipolítica de todo pelaje: negacionistas e influencers, neonazis y filofranquistas, buscadores de platillos volantes y mecánicos convertidos en youtubers, sin olvidar neogolpistas a sueldo de la derecha extrema. Es lo que tienen las riadas, que sacan a flote toda la inmundicia. Muchos de estos personajes, profesionales del bulo y la calumnia, no se contentan con esparcir mentiras salvajes para generar alarma social y odio, sino que ahora alientan agresiones con total impunidad, aprovechando el caos y la desesperación de los afectados.
De hecho, cuando son tantas las urgencias por atender, equipos de rescate y responsables de atención a las víctimas tienen que dedicar tiempo y esfuerzo en desmontar falsedades, como la barbaridad de que en el aparcamiento del centro comercial Bonaire se acumulaban cientos de cadáveres. Tuvo que ser un bombero de Salamanca el que, ante la falta de portavoces de la Generalitat, desmintiera este disparate tras finalizar el trabajo de inspección en el recinto. Una vez más la ausencia continua de responsables políticos del Gobierno valenciano que se ha hecho habitual, especialmente de emergencias, que ni siquiera asisten a las reuniones junto al presidente de la Generalitat.
“Donde mejor está el dinero es en los bolsillos de la gente”, remachaba una y otra vez el presidente, Carlos Mazón, durante la pasada campaña a las elecciones autonómicas para justificar su prometida bajada de impuestos. Es el falso mantra neoliberal de siempre para beneficiar a los ricos. Y así lo repitió la actual portavoz del ejecutivo valenciano, Ruth Merino, en octubre de 2023 para avalar la bondad de este acuerdo adoptado por el Consell, especialmente beneficioso para los más acaudalados, dejando de ingresar a las arcas de la Generalitat cerca de 500 millones de euros al año. Son recursos muy valiosos que ahora serían de gran utilidad para atender a los afectados por la DANA. Sin embargo, desde que la riada arrasó las poblaciones valencianas, Mazón no ha parado de reclamar más y más recursos públicos al Estado, llegando a pedir hasta 31.400 millones de euros, sin que en ningún momento haya asumido el error por esta política de rebaja de impuestos aplicada o anuncie la derogación de tan dañina decisión cuando más recursos se necesitan.
¿Quieren ayudar de verdad en la reparación, reconstrucción y la asistencia a largo plazo a los damnificados? Pues paguen sus impuestos y contribuyan a fortalecer los servicios y recursos del Estado, en sus diferentes niveles, que son los que van a hacerlo. Y esto no es, ni mucho menos, incompatible con las valiosas y numerosas muestras de solidaridad espontánea que están tratando de rellenar los huecos generados por tanta imprevisión, como estamos viendo, en una demostración emocionante de vitalidad de la sociedad valenciana que este Gobierno de la Generalitat ha despreciado e incluso intentó limitar.
Pero son funcionarios, trabajadores públicos y servicios financiados por el Estado, junto a recursos, ayudas y líneas de apoyo procedentes de los presupuestos públicos, los que llevarán a cabo la reconstrucción.
Y es que la política de desmantelar servicios públicos y bajar impuestos también pone en peligro vidas, como estamos viendo.