25 años del 0,7%

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Se cumplen veinticinco años de las grandes movilizaciones que tuvieron lugar en toda España a favor del 0,7% del PNB de ayuda a los países empobrecidos, impulsando un movimiento insólito en el mundo por su fuerza, aunque sus resultados, con la perspectiva que dan estos años, no hayan sido los esperados.

Un cuarto de siglo es tiempo suficiente para realizar un pequeño análisis de lo que significó esta emblemática campaña para el conjunto de la sociedad, precisamente en unos momentos en que la política estatal de ayuda al desarrollo en España ha caído a mínimos históricos, tras la profunda involución protagonizada por losGobiernos del PP.

El 6 de abril de 1994 el entonces presidente de Ruanda, el general Juvenal Habyarimana, murió cuando su avión, a punto de aterrizar en el aeropuerto de la capital, Kigali, fue alcanzado por varios misiles. A continuación, los rebeldes del Frente Patriótico Ruandés (FPR) avanzaron sobre la capital, desencadenando uno de los más terribles genocidios conocidos en el siglo XX. Entre 800.000 y 1.000.000 de personas, mayoritariamente de etnia tutsi, fueron asesinadas de forma premeditada, en una acción planificada durante meses por fanáticos Hutus, con la complicidad de varios Gobiernos occidentales. El 75% de los tutsis fueron asesinados de manera cruel, al tiempo que la práctica totalidad de las mujeres de esta etnia que sobrevivieron al genocidio, fueron violadas. Todo ello originó una gigantesca catástrofe humanitaria provocada por millones de personas que huían de forma desesperada para escapar de una muerte segura, especialmente hacia improvisados campos de refugiados en Zaire, hoy República Democrática del Congo.

La dimensión de la tragedia y especialmente la rapidez con que se desarrolló, contaron con la pasividad de la comunidad internacional y de instituciones internacionales, que demostraron el escaso valor que otorgaban a la vida humana en algunas partes del planeta. Pero en esta ocasión, los medios de comunicación retransmitieron por vez primera y en tiempo real, informaciones que detallaban la dimensión del gigantesco drama que se estaba viviendo en la región de los Grandes Lagos. Ante nuestros ojos aparecían cientos de miles de personas cuyo único propósito a lo largo de toda su vida era sobrevivir, algo que significó un auténtico aldabonazo en muchas conciencias, llevando a numerosos ciudadanos de bien a preguntarse por las causas de tanto horror y la manera de paliar tanto sufrimiento humano. Se iniciaba un cambio trascendental en la opinión pública española, que empezaba a mostrarse a favor de la ayuda a los países pobres y la cooperación internacional.

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Revisando el Trabajo Social

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Sobrecogidos todavía por el presunto asesinato de dos niños de muy corta edad a manos de sus propios progenitores en Godella (Valencia), se han escuchado voces que, en caliente y careciendo de la necesaria información, han tratado de culpar a los trabajadores sociales por no haber intervenido antes para evitar la tragedia. En un país tan aficionado a los juicios populares, lejos de aprender para reforzar los mecanismos y dispositivos públicos necesarios para evitar que se repitan situaciones similares, preferimos llenar nuestras particulares hogueras de víctimas para tranquilizar las conciencias.

Sin embargo, y aunque no podemos conocer en detalle los perfiles de un caso que mantiene la obligada confidencialidad de la intervención realizada por los diferentes profesionales, ha trascendido la información de que la abuela de los niños había comunicado a los servicios sociales su preocupación por el bienestar de éstos, así como por la propia situación de inestabilidad mental su hija, quien al parecer, sufría un serio trastorno que requería una intervención y seguimiento médico adecuado del que carecía. Lo cierto es que los dos niños fallecieron de manera violenta, certificando un fallo en la protección hacia esos menores que exige revisar los procedimientos utilizados para evitar que en el futuro, algo similar vuelva a repetirse.

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La maldición de Alicante

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A estas alturas, resulta difícil comprender los motivos por los que seguimos, una y otra vez, erosionando las capacidades y potencialidades de Alicante, una ciudad y una provincia con unas condiciones magníficas que, desde hace demasiado tiempo, no paramos de maltratar. Sin aprender del pasado, como si viviéramos en un continuo día de la marmota, vemos una y otra vez decisiones y errores que se han repetido con anterioridad, de los que nadie parece ser responsable pero que todos lamentamos después. En Alicante, nadie parece asumir las decisiones dañinas, pero todos tenemos que afrontar las consecuencias futuras.

La última barbaridad que se está perpetrando en esta ciudad, en tiempo real y a los ojos de todos, es el adefesio que se está levantando, a quemarropa, en la plaza del Puerto, donde están construyendo una nueva oficina de turismo bajo la dirección de la Agencia Valenciana de Turismo de la Generalitat Valenciana, por un importe cercano a 700.000 euros. Bien es cierto que el proyecto, conocido y aprobado también por el Ayuntamiento de Alicante, se cederá posteriormente durante cuatro años al consistorio, quien se encargará de la gestión, mantenimiento y dotación de personal a lo largo de ese tiempo.

Cualquiera que vea la estructura de hierro de varias plantas que estos días se ha levantado en el lugar que ocupaba anteriormente un tiovivo que fue retirado, se dará cuenta del daño y la agresión urbana que supone. El artefacto se atraviesa delante de uno de los edificios más espléndidos que tiene la ciudad, la Casa Carbonell, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y una de las imágenes que nuestros visitantes captan en sus fotografías, en el inicio de la Explana que nace bajo sus pies, al tiempo que se interpone ante el verdadero icono de la ciudad, como es el Castillo de Santa Bárbara, que también tiene la declaración de BIC, cuya visión ahora se interrumpe desde algunos lugares del Puerto al tener este nuevo mamotreto por delante. Vayan a verlo y comprueben, de primera mano, el daño al paisaje visual de la zona, como bien están empezando a denunciar en las redes sociales diferentes vecinos.

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La excusa humanitaria

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En las últimas semanas, el envío de ayuda humanitaria a Venezuela viene siendo utilizado como un elemento más del conflicto que amenaza con desencadenar una guerra en una zona particularmente sensible de América Latina. Sin embargo, existe una coincidencia generalizada entre las ONG internacionales, instituciones y especialistas de la cooperación internacional: se está tratando de utilizar un aparente interés humanitario para justificar, facilitar y abrir la puerta a una intervención que pueda acabar con el régimen de Nicolás Maduro y poner en su lugar al candidato de Estados Unidos, JuanGuaidó.

Venezuela atraviesa una situación catastrófica que no deja de empeorar, con una población que sobrevive en medio de gigantescas penurias, sin poder satisfacer sus necesidades más elementales como la alimentación, con hospitales que carecen de lo más básico o no pueden prestar atenciones esenciales, con un aparato productivo en ruinas y una hiperinflación absolutamente estratosférica que demuestra el gigantesco colapso de su economía, que se sitúa por encima del 1.700.000% anual. La magnitud de la crisis venezolana es de tal calibre que el PIB ha caído a la mitad durante el mandato de Maduro, al tiempo que la renta per cápita se ha reducido en un 60%, con una acusada caída de la extracción de petróleo, principal fuente de ingresos del país, de un 65%. Bien es cierto que en todo ello, las sanciones y el boicot que desde hace años Estados Unidos promueve contra este país, junto al bloqueo comercial y financiero, tienen una importante responsabilidad.

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Sin complejos

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Coincidiendo con la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, se puso de moda la palabra “posverdad” para hablar de los acontecimientos explicados a la opinión pública que no están construidos por hechos objetivos, en definitiva, que no son ciertos. Y así llegaron al poder un grupo de dirigentes políticos en distintos países, todos ellos de ideologías neofascistas o de extrema derecha, caracterizados por una utilización indecente de mentiras, insultos y sandeces que de manera continua han desfigurado la realidad para tratar de defender sus agresivos postulados. Parecía que al llamar posverdad a auténticas falsedades, estas se suavizaban y perdían con ello su deliberada voluntad de engaño.

Dos años después, la extrema derecha emergente y rampante dice hablar “sin complejos”, ser una derecha “sin complejos”, tener candidatos “sin complejos” o contar con un programa electoral “sin complejos”, como si esa pérdida de complejos, de la que presumen el Partido Popular y VOX, fuera un gran avance político. Resulta, cuando menos llamativo, ese reconocimiento formal que se hace de haber estado acomplejado con anterioridad, se entiende que en la etapa de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, a quien desde algunos sectores ultraderechistas se le denominaba, con evidente voluntad de ofensa, como “maricomplejines”. Su sucesor, Pablo Casado, en el viaje que está haciendo hacia la ulttraderecha, parece así dar por válidos los insultos e invectivas que se lanzaban contra su antecesor en el Partido Popular.

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Tiempo de malestar

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Todo parece indicar que el año 2019 va a ser extraordinariamente difícil, y no solo desde el punto de vista económico, como numerosos indicadores anuncian. Parece como si se acumulara un malestar generalizado que, como el vapor en una olla al fuego, puede escapar en cualquier momento y puede hacerlo de manera inesperada y explosiva, como vimos en París a finales del pasado año con las movilizaciones de los chalecos amarillos.

Numerosos estudios muestran que los años de crisis, miedos y recortes generalizados han alimentado un enorme hartazgo en los trabajadores, los grandes perdedores de todo un conjunto de políticas neoliberales que vienen impulsándose desde los años ochenta pero que se generalizaron con saña a lo largo de la década de la Gran Recesión. La precariedad, el temor y la incertidumbre se han extendido entre sociedades y países, al tiempo que ha avanzado una importante crisis institucional y de representación porque la gente siente que sus responsables políticos están sirviendo los intereses de los poderosos, generando el caldo de cultivo propicio a formaciones y políticos que explotan los instintos más bajos de la población mediante el odio, el racismo, la mentira, el rechazo al débil, la xenofobia, el machismo descarnado, la deformación de la realidad, el insulto, la apelación a la violencia, la exhibición del militarismo. Todo ello adornado con referencias a la patria y a Dios, como entes supremos que están por encima de las leyes, del derecho y del propio sistema democrático.

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Criptomonedas y desigualdad

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En muy poco tiempo, el blockchain, las criptomonedas y criptodivisas, entre las que sobresale el bitcóin, se han metido de lleno en nuestra sociedad, ocupando debates e informaciones de todo tipo, a pesar de no saberse a ciencia cierta qué son y desconocer en gran medida sus efectos.

De hecho, con frecuencia, se habla de la cotización del bitcóin como si del euro se tratara, conociéndose comercios de distinta naturaleza que dicen admitir el pago en bitcóin, aunque no parece que sepan bien lo que harán cuando les entreguen un código QR impreso en un papel a cambio de la compra. Por las calles de nuestras ciudades empezamos a ver tiendas que ofrecen unos equipos bien feos para minar criptomonedas, de la misma forma que se ofrecen taladros para extraer oro en los supermercados cercanos a las montañas de Alaska. Incluso una gran cadena de alimentación anuncia la posibilidad de conocer la trazabilidad de sus alimentos mediante “tecnología blockchain”, como si ello fuera la mayor garantía de salud, calidad y frescura de lo que comemos. En países del Este de Europa se están sustituyendo numerosas granjas de aves por granjas de minería de criptomonedas, aprovechando el bajo precio de una electricidad que, en muchos de ellos, sigue subvencionada por el Estado, mientras surgen numerosos estudios que llaman la atención sobre el descomunal consumo de energía eléctrica que necesitan estas nuevas labores de minería, hasta el punto que en ciudades como Nueva York se están desmantelando instalaciones mineras ilegales de criptomonedas para evitar que se puedan producir apagones. Todo ello, mientras proliferan los anuncios para invertir en estas monedas virtuales, prometiendo rentabilidades ilimitadas. Sin embargo, la realidad parece ser otra muy distinta.

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