Las ciudades y la Agenda 2030

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Uno de los elementos que están impulsando cambios en las ciudades de todo el mundo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por las Naciones Unidas en septiembre de 2015 y que establecen la llamada Agenda 2030. Su capacidad para avanzar sobre un buen número de los desafíos sociales, ambientales y económicos que tienen las urbes, la posibilidad de generar procesos de planificación adaptados a las capacidades específicas de cada municipio, junto a las abundantes buenas prácticas que se están desplegando en ámbitos subnacionales están colocando a estas agendas locales y regionales 2030 como valiosos activos de localización a nivel mundial.

En la medida en que el proceso de urbanización global avanza de manera imparable, albergando más de un 54% de la población mundial en las zonas urbanas, emergen problemas de una particular intensidad en las ciudades, de cuya respuesta dependerá el futuro de la humanidad. Desde la garantía de ofrecer viviendas adecuadas acompañadas de servicios de calidad que permitan sostener una vida digna de los ciudadanos, hasta afrontar los nuevos efectos del cambio climático, el aumento de la contaminación y de los riesgos por los desastres naturales, junto a desafíos históricos, como las bolsas de pobreza y desigualdad que conforman los cinturones urbanos de miseria, sin olvidar los altos niveles de desempleo existentes en barrios marginales en los que se concentran la exclusión y la marginación. Estos y otros muchos problemas son identificados en las 169 metas que es donde de verdad se materializa la Agenda 2030, bien distintos de los 17 Objetivos que publicitan numerosas personas e instituciones, y que no pasan de ser simples eslóganes propagandísticos.

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Las colas del hambre

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Un año más, a lo largo de estos días se está llevando a cabo una gran operación en toda España para la recogida de alimentos promovida por la Fesbal (Federación Española de Bancos de Alimentos), que para esta edición se ha propuesto superar los 450.000 kilos obtenidos el pasado año. Como bien señala el obispo emérito de Brasil, PedroCasaldáliga, el hambre no espera y lo primero que hay que hacer con el que tiene hambre es darle de comer. Después vendrá todo eso de la caña, pero sobre todo explicarle que el río es suyo.

Pocas cosas hay en la vida tan importantes como la alimentación, hasta el punto que nuestra vida y evolución han dependido de la capacidad para disponer de comida suficiente para nosotros y los nuestros, allí donde nos encontremos. Sin embargo, a pesar de los formidables avances en la producción de alimentos, el hambre ha estado siempre presente en la historia de la humanidad, hasta llegar a cuantificar con pasmosa normalidad el número de personas que la sufren, como cuando contamos el número de poseedores de teléfonos móviles o de automóviles.

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Nuevos enfoques sobre los MENA

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A pesar de que los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) son un grupo objeto de una especial protección jurídica y social, con arreglo a lo recogido por los tratados internacionales y la legislación española sobre menores en situación de riesgo, en los últimos meses han venido centrando debates, polémicas e incluso campañas políticas que los han puesto en el disparadero de no pocos mensajes xenófobos. De esta manera confluyen dos corrientes simultáneas que están ayudando muy poco a comprender, intervenir y mejorar los programas de atención sobre este colectivo. Por un lado, aquellos que quieren criminalizar a estos chavales como parte de su programa xenófobo y de odio, pero también, quienes instalados en un discurso tontorrón y políticamente correcto proyectan un buenismo infinito y alejado de la realidad sobre un colectivo que presenta problemáticas específicas de una enorme complejidad que no podemos ignorar.

Empecemos señalando algo sorprendente, que añade todavía más dificultad a la hora de trabajar sobre este colectivo: en España no sabemos con precisión el número de MENA que existen, en la medida en que los datos que ofrecen diferentes instituciones oficiales de la máxima relevancia son muy dispares. Es cierto que hay situaciones específicas que dificultan esa información, pero no es de recibo tanta contradicción entre instituciones públicas en datos tan importantes.

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Oligarquías digitales

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Los gobiernos que concentran el poder en un pequeño grupo de personas se denominan oligarquías, caracterizándose por controlar el conjunto de las políticas del Estado a favor de sus intereses. Para ello, monopolizan la economía, desplegando un amplio dominio sobre el poder político, al tiempo que ejercen una concentración progresiva de los recursos a su servicio. El resultado es un acaparamiento de la economía en beneficio de estos oligarcas, generando una desigualdad creciente en el reparto y acceso a los recursos, causando procesos de acumulación de riqueza, de renta y poder a costa de aumentar los sectores empobrecidos. El resultado es el debilitamiento de los sistemas democráticos, aumentando la injusticia y la impunidad.

En un mundo cada vez más dislocado por las profundas desigualdades que están dañando las bases de la convivencia, se abre paso con fuerza una nueva forma de concentración de poder, de riqueza y de control nunca antes visto, de la mano de las grandes corporaciones y monopolios digitales. Hasta el punto que se está produciendo una reconfiguración silenciosa de la economía y también del poder político en todos los países, de la mano de poderosas empresas tecnológicas especializadas en uno de los productos más valiosos en estos momentos: los datos personales.

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La ruta migratoria entre Argelia y Alicante

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Cuando el domingo 16 de septiembre de 2007, Ahmed y sus cinco acompañantes de la patera en la que navegaron por la noche desembarcaron en las costas alicantinas no sabían que estaban inaugurando las migraciones irregulares entre Argelia y esta provincia a través del Mediterráneo. Tras esta primera embarcación, a lo largo de ese año, llegaron hasta nuestras costas otras nueve pateras más que trajeron a un total de 123 inmigrantes, todos ellos argelinos, en travesías que apuntaban a la participación de buques nodriza, una sospecha que se mantiene hasta hoy en día, como bien saben las autoridades marítimas y las fuerzas de seguridad.

Ya desde el primer momento, los responsables, a nivel estatal y autonómico, se empeñaron en demostrar dos cosas: un profundo desconocimiento de los procesos migratorios que alimentaban estas llegadas, junto a una utilización partidista absolutamente miserable de las migraciones en la confrontación política. Como testimonio de lo primero, la entonces secretaria de Estado de Inmigración, ConsueloRumí, calificó de “anecdótica” la llegada de esta primera patera. Desde entonces, los hechos han demostrado su error, ya que hasta la fecha, todos los años han desembarcado en mayor o menor medida pateras en Alicante, totalizando 231 embarcaciones que han traído a cerca de 1.400 personas, fundamentalmente argelinos. Pero lo más llamativo fueron las declaraciones incendiarias que ante la llegada de la primera patera hasta Alicante hizo, por entonces, la Generalitat Valenciana, presidida por el PP, por boca del inefable Rafael Blasco, quien afirmó, sin despeinarse, que “todo era culpa de Zapatero”. El profundo daño que durante años Blasco hizo a esta Comunidad fue más allá de lo recogido en los diferentes sumarios judiciales que ha protagonizado.

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El humo de los refugiados

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Por distintos motivos, en los últimos meses, distintas informaciones y decisiones sobre los refugiados en España han generado sorpresa y desconcierto. Es cierto que la política de asilo y refugio en España, por llamarla de alguna manera, lleva demasiados años abandonada a su suerte, de espaldas a los compromisos jurídicos internacionales que nuestro país tiene en este campo y ajena a los conflictos, guerras y tragedias que vienen asolando el mundo y que obligan a millones de personas a abandonar sus hogares. La solución, nada sencilla, requiere del principio de solidaridad compartida que impulsa las Naciones Unidas, afrontando de manera conjunta los nuevos desafíos que plantean los desplazamientos forzosos hoy en día.

El sistema de protección internacional en nuestro país ha sufrido históricamente de una deliberada desidia, tanto en la lamentable situación de las Oficinas de Asilo y Refugio (OAR), como en la falta de medios y personal imprescindible para atender con humanidad a las personas solicitantes de asilo en España, lo que ha supuesto la vulneración de directivas europeas y compromisos internacionales, al tiempo que se añadía sufrimiento a personas y familias que ya acumulan demasiado dolor. Los enormes desajustes en un sistema de asilo que solo admite a trámite y acepta una de cada cuatro solicitudes de asilo, una de las más bajas tasas de Europa, con tardanzas en la tramitación de solicitudes que llegan con frecuencia a cerca de dos años, la progresiva acumulación de expedientes sin resolver, junto a los criterios frecuentemente políticos y no humanitarios a la hora de conceder los reconocimientos de asilo y protección internacional, añaden intranquilidad a los afectados, quienes al acceder al sistema de refugio en España se sumergen en un limbo intemporal de consecuencias desconocidas.

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Entre la retórica y las potencialidades de los ODS

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Estos días, se cumplen cuatro años de la aprobación por los 193 jefes de Estado y de Gobierno que forman parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la llamada Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la hoja de ruta más ambiciosa aprobada por la humanidad que integra por vez primera tres dimensiones esenciales del desarrollo: la económica, la social y la ambiental.

Así, del 25 al 27 de septiembre de 2015, se repitieron los discursos de líderes mundiales insistiendo en que estaban decididos a poner fin a la pobreza y al hambre en todo el mundo para el año 2030, a combatir las desigualdades, construir sociedades pacíficas, proteger los derechos humanos, promover la igualdad entre géneros y el empoderamiento de las mujeres, garantizando la protección del planeta y sus recursos naturales. Así lo firmaron mediante una agenda amplia y detallada en la que se recogían 17 grandes objetivos, junto a 169 metas y 230 indicadores medibles.

Hermosas palabras que muchos de los gobernantes que firmaron estos acuerdos se han encargado en hacer trizas desde entonces, empujando a la humanidad y al planeta a una crisis ecosocial de dimensiones históricas. Ya lo advirtió con particular acierto el Papa Francisco, en el discurso que dio en la sesión inaugural de esta cumbre, cuando con particular lucidez señaló al referirse a los ODS: “Hemos de evitar toda tentación de caer en un nominalismo declaracionista con efecto tranquilizador de conciencias”. Efectivamente, esta Agenda 2030 está siendo utilizada por muchos gobiernos como un ejercicio de retórica hueca que sirve para ocultar sus responsabilidades inmediatas y encubrir incumplimientos esenciales en materia de derechos humanos, lucha contra la pobreza, igualdad de género, solidaridad internacional, cuidado del planeta, cambio climático o desigualdad, por señalar algunos de ellos.

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