Migraciones africanas: mitos y certezas

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Sin duda, la inmigración es uno de los grandes elementos de debate en la sociedad, que se intensifica ante acontecimientos como el rescate de migrantes y refugiados en aguas del Mediterráneo, como sucede en los últimos tiempos. Es entonces cuando se multiplican opiniones y declaraciones de distinta naturaleza, algunas llevadas por el miedo y el desconocimiento, otras tratando de difundir mensajes falsos y alarmistas, junto a un buen número de comentarios que, impulsados por los buenos sentimientos, se hacen eco de algunos mitos que, de forma interesada, se repiten desde sectores reaccionarios. El resultado de todo ello es que cada vez ocupan más espacio los exabruptos, el griterío y las falacias que, como la lluvia fina, acaban por calar en la gente, frente al conocimiento preciso, derivado del estudio, la investigación y el análisis empírico de un fenómeno tan complejo como multidimensional.

Lo paradójico es que cuantos más esfuerzos se hacen para conocer, estudiar, investigar e intervenir sobre las migraciones, cuantas más personas, instituciones, investigadores, universidades y centros se dedican a su estudio, más parecen avanzar entre la población ideas preconcebidas, sentimientos de rechazo y afirmaciones carentes de rigor que en nada ayudan a comprender mejor los procesos migratorios. Y es posible que una parte de responsabilidad la tengamos quienes nos dedicamos a su análisis e investigación académica, recluidos en nuestros círculos universitarios, en nuestras revistas científicas de impacto y en tantos congresos de consumo interno. Siempre he creído que el conocimiento científico y riguroso debe acercarse a la sociedad a través de diferentes caminos, desbordando los diques en los que habitualmente está confinado. Con mayor motivo cuando hablamos de asuntos con tanto impacto entre la ciudadanía y los responsables políticos como la inmigración.

De manera que tenemos por delante un enorme trabajo para mejorar el conocimiento real sobre los fenómenos migratorios, sus orígenes, impactos y consecuencias, en origen y destino, sin dejarnos llevar ni por buenismos desenfocados ni tampoco por discursos complacientes. Y este desafío resulta particularmente importante en estos tiempos en los que el grito, el insulto y la ocurrencia fácil intoxican con demasiada frecuencia a la opinión pública. Intentemos así aportar algunas certezas sobre las migraciones africanas, origen de buena parte de las migraciones que cruzan el Mediterráneo.

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Inmediata acogida

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Mientras millones de personas disfrutan en sus vacaciones de las aguas y playas del Mediterráneo, a las costas de diferentes países tratan de llegar precarias embarcaciones cargadas de personas que arriesgan su vida huyendo de horrores y buscando una vida mejor, como estamos viendo en Alicante con el goteo de pateras como las que han alcanzado recientemente nuestras costas en estas fechas. Al mismo tiempo, el barco español Open Arms se mantiene al suroeste de Malta, tras haber rescatado a 121 personas que navegaban a la deriva. Ahí están, a la espera de que algún país europeo autorice el desembarco humanitario de todos estos migrantes forzosos, mientras la UE sigue mirando para otro lado.

Una vez más, la Unión Europea demuestra su actitud irresponsable, negándose a aplicar las obligaciones aprobadas en su Agenda Europea de Migración {COM (2015) 240 final} en vigor, donde los gobiernos europeos se comprometieron a “ofrecer respuestas rápidas para salvar vidas humanas” de los refugiados que llegaran por mar “mediante una bienvenida manifestación de solidaridad que se mantendrá mientras persista la presión migratoria”, mediante “mecanismos de intervención de emergencia”. Pedir que se ofrezca con urgencia un puerto para el desembarco seguro de los rescatados por el Open Arms no solo supone un acto imprescindible de humanidad, regulado por el sagrado deber de socorro en el mar y de salvamento marítimo del Convenio Internacional de Búsqueda y Salvamento, además significaría un escrupuloso respeto a los sagrados compromisos adquiridos en la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de 1967. Además, reclamar el inmediato desembarco y la atención a las mujeres, menores y hombres rescatados en el mar significa exigir el cumplimiento de unos acuerdos europeos en materia migratoria vigentes, que han sido y son vulnerados por los mismos gobiernos que los firmaron.

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El debate sobre la renta básica universal

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La propuesta de implantar una renta básica universal avanza en todo el mundo, en instituciones, universidades, gobiernos y países muy distintos, convirtiéndose en un interesante elemento de debate.

Hay quienes defienden con firmeza su necesidad social y su viabilidad financiera, sosteniendo que es la fórmula más rápida para acabar con la pobreza y las desigualdades, ya que una vez generalizada permitirá eliminar un buen número de problemas sociales. Otros señalan que los estados contemporáneos, sometidos a niveles de endeudamiento imparables y difícilmente sostenibles, que con dificultad pueden hacer frente a sus compromisos esenciales, no podrían bajo ningún concepto asumir el gigantesco gasto que implicaría su instauración. También hay quienes han analizado con detalle los profundos cambios que se están experimentando en el mercado de trabajo por la automatización y la globalización de la economía, extendiendo un paro y una precariedad cada vez mayores que podrían amortiguarse mediante la implantación de rentas básicas que frenen la extensión de los populismos. Y por supuesto que también, otros muchos, rechazan de plano su puesta en marcha afirmando que es un disparate injustificable que crearía un ejército de vagos, rompiendo los principios de la cultura del trabajo y del esfuerzo.Sigue leyendo

Ciudades éticas

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Estas semanas de inicio de las nuevas corporaciones municipales en toda España se escuchan numerosos compromisos sobre los proyectos de ciudad que alcaldes y concejales quieren llevar a cabo en sus localidades. Son muchas las propuestas fragmentadas que se hacen, tratando de dar respuesta a necesidades puntuales de los vecinos, pero muy pocas las reflexiones sobre estrategias urbanísticas que puedan mejorar nuestra convivencia; numerosas las ideas sobre el entorno construido o por levantar, pero prácticamente ninguna sobre cómo las personas habitan, de manera individual y colectiva, nuestras ciudades.

Por el contrario, ningún alcalde, concejal o grupo político en los ayuntamientos reflexiona sobre lo que el sociólogo norteamericano Richard Sennett, en su último libro denomina como “ética para la ciudad”, las bases para avanzar hacia ciudades más éticas, en las que se puedan repensar los componentes esenciales de la ciudad que permitan profundizar en valores que den una mayor calidad de vida, en línea con algunas de las últimas propuestas que avanza el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (HABITAT).

Es cierto que nuestros responsables políticos valoran sus mandatos en función de las construcciones, edificios y equipamientos que son capaces de levantar, como si fueran monumentos imperecederos a su gestión. Sin embargo, lo que el historiador francés Fustel de Coulanges bautizó en 1864 como La Ville, lo que hoy entendemos como la ciudad física, compuesta por los edificios, los espacios públicos y las infraestructuras, deben estar al servicio de sus habitantes, quienes con sus usos, sus relaciones e interacciones proyectan los valores que modelan estas ciudades.

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Un nuevo contrato social

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La democracia y el sistema económico van de la mano, de manera que las profundas fracturas que está abriendo en la sociedad el avance de una economía desbocada, daña también la credibilidad en las democracias occidentales y la convivencia misma.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el progreso y la estabilidad de Europa se construyeron mediante la convicción de que era imprescindible construir una sociedad más equitativa por medio de un amplio consenso social. Para ello, los estados tenían que velar por el bienestar de sus ciudadanos, promoviendo que los empresarios proporcionaran unos mínimos vitales a sus empleados y éstos tuvieran unas condiciones de vida adecuadas. Así, sobre la base de grandes acuerdos, los trabajadores accedieron a derechos laborales, empleos dignos, una red de protección social más o menos amplia mediante una política redistributiva que permitiera a su vez, a los empresarios, asegurarse una fuerza de trabajo estable que mantuviera el progreso económico. Estos fueron los cimientos de la economía social de mercado que, con diferentes perfiles, avanzó en todo el continente europeo.

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Territorios de desigualdad

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En el marco del proyecto europeo Urban Audit, desde finales de los años 90, la Comisión Europea, en colaboración con la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), viene recopilando información estadística sobre indicadores urbanos para conocer la calidad de vida de sus principales ciudades. En España, esta recogida y sistematización de datos corresponde el Instituto Nacional de Estadística (INE), a través de 171 variables y 62 indicadores distintos, comunes a 900 municipios de los que se extrae esta amplia información.

Entre las numerosas variables que se analizan se encuentran las de carácter económico, incluyendo tasas de desempleo, así como rentas medias anuales de hogares, por habitante o por unidades de consumo, entre otras, siendo habitualmente las que tienen mayor difusión en los medios de comunicación. Así, se ha venido destacando cómo los municipios con las mayores rentas per cápita de toda España en el año 2016 se situaban en la zona noroeste de Madrid, multiplicando por cuatro a los que tenían una menor renta por habitante y año, todos ellos en Andalucía. En el mismo sentido, también los menores niveles de paro se situaban, básicamente, en los mismos municipios con mayores niveles de renta, con tasas inferiores al 10%, mientras que los municipios con menor renta por habitante son los que concentran también las mayores tasas de desempleo, que en muchos casos superan el 26%, hasta alcanzar el máximo del 32,8%, un lamentable récord que encabeza el municipio jiennense de Linares.

Nacer y vivir en una u otra ciudad determina, de esta forma, no solo las condiciones de vida y las oportunidades que una persona tendrá a lo largo de su vida, sino que marcará de manera decisiva sus opciones vitales, desde su nacimiento hasta su muerte. Es algo que se comprueba, de manera espectacular, al comparar la esperanza de vida que tienen los habitantes de las ciudades más ricas de España y con menor desempleo de la zona noroeste de Madrid, que superan los 85 años, frente a la que tienen quienes viven en los municipios con menores niveles de renta y con mayor desempleo, todos ellos en Andalucía, en torno a los 80 años. De esta forma, una mayor o menor disponibilidad de recursos, en las personas y en los municipios, marcará la vida, la calidad de vida y hasta la duración de esa vida en cada una de las personas, construyendo así una geografía de la desigualdad en España que estos indicadores urbanos muestran de manera contundente.

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Nuestro compromiso con los problemas mundiales

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Todos los países, sus gobiernos y sociedades, hemos asumido compromisos muy importantes sobre buena parte de los desafíos globales que tiene la humanidad en estos momentos. La erradicación del hambre, la lucha contra la pobreza extrema, el cambio climático, la desigualdad profunda o la crisis mundial de desplazamientos son algunos de esos problemas sobre los que solo se podrá avanzar en su solución desde respuestas internacionales coordinadas.

Por si fuera poco, la extensión de políticas económicas regresivas, junto al auge de fuerzas autoritarias de extrema derecha han llevado a un tratamiento brutal hacia quienes viven en la privación y sobre aquellos otros que escapan de guerras o sufren persecuciones. Es por ello que no hay dudas de que, solo y únicamente mediante el acuerdo y la implicación de toda la comunidad internacional, podrán abordarse desafíos que son de carácter global, algo que habitualmente se olvida cuando se formulan muchas de las respuestas políticas de corto alcance con frecuencia se escuchan.

Recientemente se han conocido los datos globales del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la ayuda a los países pobres ofrecida por los treinta países más ricos del planeta y su grado de cumplimiento de la resolución 2626 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 1970 para dar el 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) a los países en desarrollo para luchar, reducir y eliminar la pobreza en el mundo. Las cifras conocidas son desalentadoras porque subrayan que la ayuda en el mundo hacia los países empobrecidos descendió un 2,8% respecto al año 2017, llevando el esfuerzo de todos los países donantes a un escaso 0,31%, un nivel prácticamente constante en una década y muy por debajo del compromiso del 0,7% asumido hace ya casi medio siglo. Todo ello cuando los problemas globales pendientes no paran de aumentar y cuando los países occidentales suscribieron nuevamente el compromiso de alcanzar el tan gastado objetivo del 0,7% en el año 2030 a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). No hace falta saber muchas matemáticas para asegurar que, una vez más, lejos de avanzarse hacia su cumplimiento, los países se alejan del mismo.

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