La emergencia sanitaria causada por la pandemia global de Covid-19 desencadenó, desde sus inicios, una gigantesca crisis económica, cuyo efecto más inmediato fue una profunda interrupción de la actividad laboral para numerosos trabajadores. Así, mientras los países occidentales se volcaban en atender a la población afectada, salvar vidas y contener la epidemia, numerosas familias veían desaparecer sus ingresos esenciales de un día para otro, generándose situaciones de pobreza y necesidad sobrevenidas en un marco de incertidumbre y miedo al futuro.

El “parón” en la actividad económica afectó de manera inmediata a un buen número de sectores, llevando a otros muchos a un estado de “hibernación”, incidiendo especialmente sobre colectivos de rentas bajas, en condiciones laborales precarias y situación vulnerable, vinculados a actividades particularmente sensibles a la crisis, como el turismo, la hostelería, el ocio, el comercio, el transporte y los trabajadores autónomos, entre otros muchos.

A diferencia de lo sucedido en la anterior crisis vivida durante la Gran Recesión, de inmediato se desplegaron desde el Gobierno medidas de contención que trataban de paliar los daños sobre los trabajadores, como los ERTE y las ayudas por cese de actividad para autónomos, que han sido acompañadas de otras muchas para diferentes sectores y colectivos, contribuyendo también las comunidades autónomas junto a los ayuntamientos. En la medida en que la pandemia y sus efectos siguen entre nosotros, es pronto para valorar adecuadamente el alcance de todos estos dispositivos, en muchos casos novedosos, aunque los datos demuestran que han servido para mitigar de manera significativa el impacto de la crisis entre numerosos colectivos, conteniendo el aumento de la emergencia social.