Una inaplazable reconstrucción de la cooperación española

Tras mi reciente comparecencia ante la subcomisión de reforma de la Ley de Cooperación al Desarrollo formada en el Congreso de los Diputados, se avanzan algunas propuestas concretas que el autor trasladó a diputadas y diputados. La nueva Ley de Cooperación puede facilitar el necesario proceso de reconstrucción reclamado desde hace años por diferentes sectores. Aquí algunas urgencias que no admiten demora.

Sin recursos, no hay políticas posibles, necesitándose una continuidad presupuestaria que comprometa los períodos de legislatura, impulsando umbrales básicos de cooperación bilateral sólida y vigorosa, para evitar que el sistema de ayuda se reduzca a su mínima expresión, como hemos vivido. España debe aplicar de inmediato los acuerdos del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados de la UE de 2005, que decidieron aportar colectivamente el 0,5 % de su RNB en ayuda al desarrollo en 2010.

Un sistema institucional confuso, fragmentado e hipertrofiado exige su reordenación y modernización urgente, para reforzar el papel y las capacidades de una AECID anoréxica, en lugar de adelgazarla presupuestaria y funcionalmente, transfiriendo competencias a un universo de fundaciones e instituciones de distinta naturaleza que han debilitado su capacidad técnica y financiera.

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30 años de la Cooperación Valenciana

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Las celebraciones y aniversarios son siempre un buen momento para tomar conciencia del camino recorrido y valorar hacia donde nos dirigimos, además de compartir con las personas cercanas esos momentos. En la Comunidad Valenciana estamos en uno de ellos, ya que se cumplen los 30 años de trayectoria de la cooperación al desarrollo que desde la Generalitat, pero también desde otros muchos municipios, instituciones, organizaciones no gubernamentales, universidades y grupos de solidaridad se viene poniendo en marcha. Hablamos de una política sustantiva que hace realidad nuestro compromiso con problemas globales que nos afectan directamente y nuestra voluntad de trabajar para construir, para nosotros y nuestros hijos, un mundo mucho más justo, algo que día a día vemos como absolutamente imprescindible. 

El pasado viernes, en el Palau de la Generalitat con la presencia del President, Ximo Puig, de otras autoridades y por supuesto de una amplia representación política, del mundo de la solidaridad y de otras muchas instituciones, tuvo lugar un acto de conmemoración y reflexión de las tres décadas de cooperación valenciana que se cumplen ahora, en el que tuve el honor de intervenir. Todo ello, además, acompañado de un libro amplio que desde la Dirección General de Cooperación de la Generalitat se ha realizado, junto a una exposición fotográfica. En unos momentos en los que junto al negacionismo climático y de género, se está también defendiendo sin pudor alguno un negacionismo solidario por parte de una extrema derecha tan rampante como ignorante, bueno es que expliquemos, defendamos y reivindiquemos unos compromisos que forman parte importante de la agenda mundial y que nos comprometen, como país, como región y como sociedad, si queremos que la humanidad avance.

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Nuestro compromiso con los problemas mundiales

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Todos los países, sus gobiernos y sociedades, hemos asumido compromisos muy importantes sobre buena parte de los desafíos globales que tiene la humanidad en estos momentos. La erradicación del hambre, la lucha contra la pobreza extrema, el cambio climático, la desigualdad profunda o la crisis mundial de desplazamientos son algunos de esos problemas sobre los que solo se podrá avanzar en su solución desde respuestas internacionales coordinadas.

Por si fuera poco, la extensión de políticas económicas regresivas, junto al auge de fuerzas autoritarias de extrema derecha han llevado a un tratamiento brutal hacia quienes viven en la privación y sobre aquellos otros que escapan de guerras o sufren persecuciones. Es por ello que no hay dudas de que, solo y únicamente mediante el acuerdo y la implicación de toda la comunidad internacional, podrán abordarse desafíos que son de carácter global, algo que habitualmente se olvida cuando se formulan muchas de las respuestas políticas de corto alcance con frecuencia se escuchan.

Recientemente se han conocido los datos globales del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la ayuda a los países pobres ofrecida por los treinta países más ricos del planeta y su grado de cumplimiento de la resolución 2626 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 1970 para dar el 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) a los países en desarrollo para luchar, reducir y eliminar la pobreza en el mundo. Las cifras conocidas son desalentadoras porque subrayan que la ayuda en el mundo hacia los países empobrecidos descendió un 2,8% respecto al año 2017, llevando el esfuerzo de todos los países donantes a un escaso 0,31%, un nivel prácticamente constante en una década y muy por debajo del compromiso del 0,7% asumido hace ya casi medio siglo. Todo ello cuando los problemas globales pendientes no paran de aumentar y cuando los países occidentales suscribieron nuevamente el compromiso de alcanzar el tan gastado objetivo del 0,7% en el año 2030 a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). No hace falta saber muchas matemáticas para asegurar que, una vez más, lejos de avanzarse hacia su cumplimiento, los países se alejan del mismo.

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25 años del 0,7%

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Se cumplen veinticinco años de las grandes movilizaciones que tuvieron lugar en toda España a favor del 0,7% del PNB de ayuda a los países empobrecidos, impulsando un movimiento insólito en el mundo por su fuerza, aunque sus resultados, con la perspectiva que dan estos años, no hayan sido los esperados.

Un cuarto de siglo es tiempo suficiente para realizar un pequeño análisis de lo que significó esta emblemática campaña para el conjunto de la sociedad, precisamente en unos momentos en que la política estatal de ayuda al desarrollo en España ha caído a mínimos históricos, tras la profunda involución protagonizada por losGobiernos del PP.

El 6 de abril de 1994 el entonces presidente de Ruanda, el general Juvenal Habyarimana, murió cuando su avión, a punto de aterrizar en el aeropuerto de la capital, Kigali, fue alcanzado por varios misiles. A continuación, los rebeldes del Frente Patriótico Ruandés (FPR) avanzaron sobre la capital, desencadenando uno de los más terribles genocidios conocidos en el siglo XX. Entre 800.000 y 1.000.000 de personas, mayoritariamente de etnia tutsi, fueron asesinadas de forma premeditada, en una acción planificada durante meses por fanáticos Hutus, con la complicidad de varios Gobiernos occidentales. El 75% de los tutsis fueron asesinados de manera cruel, al tiempo que la práctica totalidad de las mujeres de esta etnia que sobrevivieron al genocidio, fueron violadas. Todo ello originó una gigantesca catástrofe humanitaria provocada por millones de personas que huían de forma desesperada para escapar de una muerte segura, especialmente hacia improvisados campos de refugiados en Zaire, hoy República Democrática del Congo.

La dimensión de la tragedia y especialmente la rapidez con que se desarrolló, contaron con la pasividad de la comunidad internacional y de instituciones internacionales, que demostraron el escaso valor que otorgaban a la vida humana en algunas partes del planeta. Pero en esta ocasión, los medios de comunicación retransmitieron por vez primera y en tiempo real, informaciones que detallaban la dimensión del gigantesco drama que se estaba viviendo en la región de los Grandes Lagos. Ante nuestros ojos aparecían cientos de miles de personas cuyo único propósito a lo largo de toda su vida era sobrevivir, algo que significó un auténtico aldabonazo en muchas conciencias, llevando a numerosos ciudadanos de bien a preguntarse por las causas de tanto horror y la manera de paliar tanto sufrimiento humano. Se iniciaba un cambio trascendental en la opinión pública española, que empezaba a mostrarse a favor de la ayuda a los países pobres y la cooperación internacional.

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Las cifras del hambre en un mundo desigual

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Algo va mal en el mundo cuando, por vez primera desde hace diez años, el hambre extrema crece hasta alcanzar a 815 millones de personas, de los cuales 155 millones de niños, menores de cinco años, padecen desnutrición crónica y otros 52 millones sufren desnutrición aguda que pone en riesgo sus vidas. Las cifras, que fueron presentadas oficialmente hace pocos días por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), cuando son tan abultadas e imprecisas, acaban por perder el alma y despojar de humanidad a quien realmente se encuentra detrás de ellas. Sin embargo, estas magnitudes son tan abrumadoras que no pueden llevarnos a la indiferencia, como habitualmente sucede.

Todo ello, además, cuando las Naciones Unidas y el conjunto de la comunidad internacional se propusieron en el año 2000 acabar para 2015 con el hambre en el mundo a través de los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), firmados solemnemente por 185 jefes de gobierno, pero que ante su fracaso han sido nuevamente renovados mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que han alargado hasta el año 2030 este compromiso, suscrito ahora por los líderes de 193 países de todo el mundo. De manera que, lejos de avanzar en la reducción y eliminación del hambre en el mundo, estos acuerdos internacionales del máximo nivel y compromiso parece que no están evitando que el hambre y la pobreza retrocedan. Y sucede cuando los niveles de riqueza, acumulación y desigualdad mundiales alcanzan umbrales nunca vistos.

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Cuando discriminar a la mujer genera pobreza

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Discriminar a las mujeres, además de atentar contra sus derechos fundamentales, genera pobreza, incluso cuando se hace contra su intimidad. Uno de los ejemplos más espectaculares y menos conocidos lo tenemos en la cuarta ciudad más grande del mundo, Bombay, en la India, con cerca de 20 millones de habitantes. En esta megaurbe conviven personas con necesidades comunes, independientemente de su pobreza o riqueza, de que sean hombres o mujeres. Esta gran metrópolis empapada de humanidad tiene un rasgo muy llamativo: la existencia de muy pocos aseos para tantos millones de personas, lo que plantea importantes problemas higiénicos y de salubridad. Pero también genera algo menos llamativo y mucho más grave, como es una discriminación añadida sobre la mujer que empeora sus condiciones de pobreza, aumentando su marginalidad e incrementando la prevalencia de sus enfermedades, por el hecho de ser mujeres, pobres y discriminadas.

En Bombay, como en otras muchas ciudades Indias y de otros países empobrecidos, son escasas las viviendas que cuentan con agua corriente y aseos. Un censo reciente revelaba que más de la mitad de sus casas carecían de aseos, algo que se agrava en las ciudades superpobladas que en los últimos años han visto levantar tugurios insalubres en sus suburbios. Este dato, tan simple como espectacular, viene a echar por tierra todos esos discursos complacientes que con frecuencia se escuchan sobre la reducción de la pobreza en el mundo, basándose en indicadores económicos que en modo alguno reflejan las condiciones reales de la vida de las personas. India es uno de los estados del mundo que mayor crecimiento económico ha experimentado, pero donde millones de personas tienen que salir a la calle o al campo simplemente para hacer sus necesidades fisiológicas. Y lo que es más llamativo, durante la pasada década de aumento de la riqueza en este país, el número de hogares sin un simple retrete se ha multiplicado por tres.

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Tras la catástrofe

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Tragedias como la que vive Ecuador no son nuevas. Con cierta rutina, nos hemos acostumbrado a terremotos e inundaciones, ciclones y tsunamis, hambrunas, huracanes y todo tipo de catástrofes, si bien en los últimos años su intensidad y especialmente sus dramáticas consecuencias sobre millones de personas y en decenas de países permiten que veamos con claridad cristalina cómo su impacto es mayor cuanto más pobre y miserable es el territorio que lo sufre. Éste es un matemático axioma que funciona con precisión geométrica a la hora de llevarse por delante la vida de personas y dañar regiones enteras, pero cuya aplicación no tiene nada de caprichoso, sino que es el fruto de procesos humanos deliberados cuyo resultado genera lo que podríamos llamar catástrofes de clase.

Efectivamente, cada catástrofe es un excelente indicador de la situación social y política de cada país, así como de su grado de desarrollo, pero particularmente de las condiciones de vida de los más desposeídos. Y ello coloca a los pobres ante un caprichoso privilegio, uno de los pocos que tendrán a lo largo de sus desdichadas existencias: el ser víctimas predilectas de estos siniestros, protagonistas privilegiados de cada catástrofe.

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El fracaso de los microcréditos

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Desde que en los años 80 se pusieron en marcha, los microcréditos han sido uno de los instrumentos más conocidos y publicitados en los programas de ayuda al desarrollo en todo el mundo. Prácticamente no hay país, agencia de cooperación u ONG sin su particular programa de microcréditos, hasta el punto de convertirse en uno de los iconos de las políticas de solidaridad. Sin embargo, existe un desmoronamiento  global de los microcréditos debido a un buen número de acontecimientos que han evidenciado su fragilidad instrumental, sus elevados riesgos hacia los solicitantes, así como muchos de sus peligros como instrumento de la ayuda al desarrollo, algo poco conocido en España.

Todo ello se acompaña de una amplia batería de evaluaciones, libros e investigaciones que con sólidas evidencias empíricas coinciden en demostrar numerosos problemas en el funcionamiento de las microfinanzas e incluso el carácter fraudulento en algunos de los programas llevados a cabo, así como en algunas instituciones que han venido trabajando en su gestión, algo muy alejado de las aparentes bondades y virtudes que se difunden sobre los microcréditos.

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La Agenda 2030 contra la pobreza y las palabras huecas

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Artículo publicado en el Diario Información de Alicante, el domingo 29 de noviembre de 2015. (Pinchar para ver enlace original)

De nuevo, 193 Estados del mundo han suscrito en las Naciones Unidas unos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para acabar con la pobreza en el mundo en el año 2030; nada nuevo, porque algo parecido ya habían suscrito en septiembre del año 2000 con los fallidos Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Una vez más, todos los gobiernos del mundo han acordado dar el 0,7% para el año 2030 en Ayuda Oficial al Desarrollo a los países empobrecidos; nada distinto de lo que ya firmaron en el año 2000 que debían de haber alcanzado en 2015 y que desde que fue acordado por la ONU en el año 1972 vienen repitiendo periódicamente.

En materia de acuerdos internacionales para el desarrollo, la comunidad internacional y las Naciones Unidas arrastran una larga historia de incumplimientos deliberados que repiten una y otra vez el mismo ritual: las mismas promesas vacías, renovadas palabras huecas, alegrías, parabienes y felicitaciones que sonrojan a cualquiera que conozca en detalle la naturaleza de lo que se anuncia a los cuatro vientos en comparación con las políticas que cada día llevan a cabo quienes han firmado los solemnes acuerdos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

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El desguace de la cooperación valenciana

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Artículo publicado en el diario Información de Alicante, el domingo 9 de agosto de 2015. (Pinchar para ver enlace original)

Acierta el nuevo conseller de Cooperación (entre otras competencias), Manuel Alcaraz, al afirmar que tras la gestión del PP y el caso Blasco hay que recomponer la política de cooperación valenciana. Efectivamente, no encontraremos un caso similar al que se ha dado en esta comunidad, donde su política de cooperación al desarrollo se ha degradado política e instrumentalmente hasta extremos tan increíbles, alimentando todo tipo de prácticas corruptas, mientras se lanzaban campañas y mensajes falsos e incluso se facilitaban cifras de ejecución inciertas que eran corregidas por las autoridades españolas y por el propio Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE en París. Hace pocos meses, responsables de la cooperación suiza me preguntaban detalles del caso Blasco porque no daban crédito a lo que habían leído, pero se quedaron atónitos cuando les expliqué algunos pormenores del mismo y señalarles que, además de la condena firme que tiene y por la que está ingresado en la cárcel Rafael Blasco y sus cómplices, quedan otros dos juicios más por afrontar que concluirán con probabilidad también con importantes condenas relacionadas con los graves delitos imputados a los últimos responsables de la cooperación valenciana.

Como he tenido ocasión de analizar en distintos foros y ante responsables de instituciones y ONG, los efectos de la crisis sobre las políticas de cooperación no se limitan a sus recortes presupuestarios, aun siendo éstos de una gran repercusión, sino que afectan a procesos morfológicos y metabólicos de un enorme calado, haciendo que estas transformaciones no sean ni mucho menos coyunturales ni pasajeras, sino estructurales y de una gran profundidad. Es algo que podemos ver con claridad en la cooperación descentralizada realizada en España desde ayuntamientos, comunidades autónomas y diputaciones, que habiendo sido un modelo mundial, avanza ahora como barco a la deriva sin saber bien hacia dónde se dirige.

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