Cuando discriminar a la mujer genera pobreza

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Discriminar a las mujeres, además de atentar contra sus derechos fundamentales, genera pobreza, incluso cuando se hace contra su intimidad. Uno de los ejemplos más espectaculares y menos conocidos lo tenemos en la cuarta ciudad más grande del mundo, Bombay, en la India, con cerca de 20 millones de habitantes. En esta megaurbe conviven personas con necesidades comunes, independientemente de su pobreza o riqueza, de que sean hombres o mujeres. Esta gran metrópolis empapada de humanidad tiene un rasgo muy llamativo: la existencia de muy pocos aseos para tantos millones de personas, lo que plantea importantes problemas higiénicos y de salubridad. Pero también genera algo menos llamativo y mucho más grave, como es una discriminación añadida sobre la mujer que empeora sus condiciones de pobreza, aumentando su marginalidad e incrementando la prevalencia de sus enfermedades, por el hecho de ser mujeres, pobres y discriminadas.

En Bombay, como en otras muchas ciudades Indias y de otros países empobrecidos, son escasas las viviendas que cuentan con agua corriente y aseos. Un censo reciente revelaba que más de la mitad de sus casas carecían de aseos, algo que se agrava en las ciudades superpobladas que en los últimos años han visto levantar tugurios insalubres en sus suburbios. Este dato, tan simple como espectacular, viene a echar por tierra todos esos discursos complacientes que con frecuencia se escuchan sobre la reducción de la pobreza en el mundo, basándose en indicadores económicos que en modo alguno reflejan las condiciones reales de la vida de las personas. India es uno de los estados del mundo que mayor crecimiento económico ha experimentado, pero donde millones de personas tienen que salir a la calle o al campo simplemente para hacer sus necesidades fisiológicas. Y lo que es más llamativo, durante la pasada década de aumento de la riqueza en este país, el número de hogares sin un simple retrete se ha multiplicado por tres.

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Tras la catástrofe

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Tragedias como la que vive Ecuador no son nuevas. Con cierta rutina, nos hemos acostumbrado a terremotos e inundaciones, ciclones y tsunamis, hambrunas, huracanes y todo tipo de catástrofes, si bien en los últimos años su intensidad y especialmente sus dramáticas consecuencias sobre millones de personas y en decenas de países permiten que veamos con claridad cristalina cómo su impacto es mayor cuanto más pobre y miserable es el territorio que lo sufre. Éste es un matemático axioma que funciona con precisión geométrica a la hora de llevarse por delante la vida de personas y dañar regiones enteras, pero cuya aplicación no tiene nada de caprichoso, sino que es el fruto de procesos humanos deliberados cuyo resultado genera lo que podríamos llamar catástrofes de clase.

Efectivamente, cada catástrofe es un excelente indicador de la situación social y política de cada país, así como de su grado de desarrollo, pero particularmente de las condiciones de vida de los más desposeídos. Y ello coloca a los pobres ante un caprichoso privilegio, uno de los pocos que tendrán a lo largo de sus desdichadas existencias: el ser víctimas predilectas de estos siniestros, protagonistas privilegiados de cada catástrofe.

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El fracaso de los microcréditos

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Desde que en los años 80 se pusieron en marcha, los microcréditos han sido uno de los instrumentos más conocidos y publicitados en los programas de ayuda al desarrollo en todo el mundo. Prácticamente no hay país, agencia de cooperación u ONG sin su particular programa de microcréditos, hasta el punto de convertirse en uno de los iconos de las políticas de solidaridad. Sin embargo, existe un desmoronamiento  global de los microcréditos debido a un buen número de acontecimientos que han evidenciado su fragilidad instrumental, sus elevados riesgos hacia los solicitantes, así como muchos de sus peligros como instrumento de la ayuda al desarrollo, algo poco conocido en España.

Todo ello se acompaña de una amplia batería de evaluaciones, libros e investigaciones que con sólidas evidencias empíricas coinciden en demostrar numerosos problemas en el funcionamiento de las microfinanzas e incluso el carácter fraudulento en algunos de los programas llevados a cabo, así como en algunas instituciones que han venido trabajando en su gestión, algo muy alejado de las aparentes bondades y virtudes que se difunden sobre los microcréditos.

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La Agenda 2030 contra la pobreza y las palabras huecas

SDG Conference

SDG Conference

Artículo publicado en el Diario Información de Alicante, el domingo 29 de noviembre de 2015. (Pinchar para ver enlace original)

De nuevo, 193 Estados del mundo han suscrito en las Naciones Unidas unos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para acabar con la pobreza en el mundo en el año 2030; nada nuevo, porque algo parecido ya habían suscrito en septiembre del año 2000 con los fallidos Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Una vez más, todos los gobiernos del mundo han acordado dar el 0,7% para el año 2030 en Ayuda Oficial al Desarrollo a los países empobrecidos; nada distinto de lo que ya firmaron en el año 2000 que debían de haber alcanzado en 2015 y que desde que fue acordado por la ONU en el año 1972 vienen repitiendo periódicamente.

En materia de acuerdos internacionales para el desarrollo, la comunidad internacional y las Naciones Unidas arrastran una larga historia de incumplimientos deliberados que repiten una y otra vez el mismo ritual: las mismas promesas vacías, renovadas palabras huecas, alegrías, parabienes y felicitaciones que sonrojan a cualquiera que conozca en detalle la naturaleza de lo que se anuncia a los cuatro vientos en comparación con las políticas que cada día llevan a cabo quienes han firmado los solemnes acuerdos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

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El desguace de la cooperación valenciana

Cooperación valenciana

Artículo publicado en el diario Información de Alicante, el domingo 9 de agosto de 2015. (Pinchar para ver enlace original)

Acierta el nuevo conseller de Cooperación (entre otras competencias), Manuel Alcaraz, al afirmar que tras la gestión del PP y el caso Blasco hay que recomponer la política de cooperación valenciana. Efectivamente, no encontraremos un caso similar al que se ha dado en esta comunidad, donde su política de cooperación al desarrollo se ha degradado política e instrumentalmente hasta extremos tan increíbles, alimentando todo tipo de prácticas corruptas, mientras se lanzaban campañas y mensajes falsos e incluso se facilitaban cifras de ejecución inciertas que eran corregidas por las autoridades españolas y por el propio Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE en París. Hace pocos meses, responsables de la cooperación suiza me preguntaban detalles del caso Blasco porque no daban crédito a lo que habían leído, pero se quedaron atónitos cuando les expliqué algunos pormenores del mismo y señalarles que, además de la condena firme que tiene y por la que está ingresado en la cárcel Rafael Blasco y sus cómplices, quedan otros dos juicios más por afrontar que concluirán con probabilidad también con importantes condenas relacionadas con los graves delitos imputados a los últimos responsables de la cooperación valenciana.

Como he tenido ocasión de analizar en distintos foros y ante responsables de instituciones y ONG, los efectos de la crisis sobre las políticas de cooperación no se limitan a sus recortes presupuestarios, aun siendo éstos de una gran repercusión, sino que afectan a procesos morfológicos y metabólicos de un enorme calado, haciendo que estas transformaciones no sean ni mucho menos coyunturales ni pasajeras, sino estructurales y de una gran profundidad. Es algo que podemos ver con claridad en la cooperación descentralizada realizada en España desde ayuntamientos, comunidades autónomas y diputaciones, que habiendo sido un modelo mundial, avanza ahora como barco a la deriva sin saber bien hacia dónde se dirige.

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Lecciones y aprendizajes sobre el caso Blasco

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Artículo publicado en el diario Información de Alicante, el domingo 21 de junio de 2015. (Pinchar para acceder al enlace original)

Manchados como estamos de esa pegajosa gelatina que nos empapa llamada corrupción, la entrada en la cárcel de Picassent el pasado lunes del exconseller del PP y todo poderoso Rafael Blasco, por su condena firme en el primero de los tres procesos abiertos contra él por los casos de corrupción sobre la cooperación valenciana, ha parecido uno más entre los bochornosos espectáculos a los que estamos asistiendo. Sin embargo, este caso tiene unos perfiles singulares, tanto por las características del político condenado, como por la naturaleza de la trama de corrupción generada y, sin ninguna duda, por el sector específico sobre el que se han producido los delitos.

En una de las sentencias más contundentes hasta la fecha por un caso de corrupción, el TSJ de la Comunidad Valenciana considera probado que un grupo formado por políticos, funcionarios y empresarios dirigidos por Rafael Blasco crearon una trama delictiva para saquear recursos de la cooperación internacional a los países empobrecidos en beneficio propio de forma continuada. Para ello, abusaron de su autoridad, falseando documentos y procedimientos para hacerse con subvenciones públicas competitivas destinadas a las ONG valencianas, creando para ello organizaciones ficticias que no reunían los requisitos legales exigidos que presentaban proyectos falseados, destinando posteriormente el dinero obtenido a pisos, garajes, artículos de lujo y gastos personales. La sentencia es prolija y detallada en la descripción de unos hechos que considera como “aberrantes y contrarios al sentido común”. Para ello, se creó todo un operativo mafioso, bajo la dirección de Rafael Blasco y en complicidad con personas como Augusto Tauroni, con las que compartía negocios y contratos desde hacía tiempo allí por donde Blasco pasaba. Pero para que todo ello fuera posible, Blasco se rodeó de funcionarios y cargos indignos que corrompieron todos los mecanismos legales de contratación, control y evaluación existentes, llegándose incluso a contratar empresas externas de nula solvencia que ofrecían informes a la carta para justificar los delitos cometidos. Hasta aquí los hechos, pero bueno es que tratemos de extraer algunas lecciones sobre este desdichado caso que nos permita comprenderlo mejor y situarlo dentro de los corrosivos procesos de corrupción que por desgracia nos sacuden.

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Una nueva vuelta de tuerca contra la cooperación descentralizada

Cooperación descentralizada

En diferentes ocasiones hemos analizado la evolución negativa de la cooperación descentralizada en España en el marco de los procesos de desguace que vive el sistema español de cooperación al desarrollo. En mi opinión, la cooperación descentralizada en España atraviesa una profunda crisis que va más allá de las inestabilidades económicas y financieras que atraviesa el país, al eliminarse de un plumazo las políticas de solidaridad internacional que muchas entidades locales han venido construyendo desde la llegada de los ayuntamientos democráticos. El paisaje que todo ello está dejando sobre las políticas de cooperación descentralizada en un país que fue considerado como un ejemplo para países e instituciones internacionales es desolador por la vía de la desaparición de la cooperación local en muchas ciudades, municipios y comunidades autónomas, o en el mejor de los casos, su reducción a efectos puramente testimoniales. Sin embargo, todavía faltan por llegar los efectos perversos que la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local impulsada por este Gobierno va a generar sobre unas materias que son consideradas como “impropias”, con todo lo que ello significa.

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