Tras mi reciente comparecencia ante la subcomisión de reforma de la Ley de Cooperación al Desarrollo formada en el Congreso de los Diputados, se avanzan algunas propuestas concretas que el autor trasladó a diputadas y diputados. La nueva Ley de Cooperación puede facilitar el necesario proceso de reconstrucción reclamado desde hace años por diferentes sectores. Aquí algunas urgencias que no admiten demora.

Sin recursos, no hay políticas posibles, necesitándose una continuidad presupuestaria que comprometa los períodos de legislatura, impulsando umbrales básicos de cooperación bilateral sólida y vigorosa, para evitar que el sistema de ayuda se reduzca a su mínima expresión, como hemos vivido. España debe aplicar de inmediato los acuerdos del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados de la UE de 2005, que decidieron aportar colectivamente el 0,5 % de su RNB en ayuda al desarrollo en 2010.

Un sistema institucional confuso, fragmentado e hipertrofiado exige su reordenación y modernización urgente, para reforzar el papel y las capacidades de una AECID anoréxica, en lugar de adelgazarla presupuestaria y funcionalmente, transfiriendo competencias a un universo de fundaciones e instituciones de distinta naturaleza que han debilitado su capacidad técnica y financiera.