Sobre pocas cosas hay tanta unanimidad hoy en día como en la gravedad de los profundos niveles de desigualdad que se han alcanzado, el síntoma de la enfermedad de un sistema económico capaz de generar los procesos de acumulación de riqueza más formidables de la historia que amenazan la estabilidad mundial. Es algo en lo que coinciden desde el Papa Francisco al Fondo Monetario Internacional, pasando por instituciones multilaterales, universidades y centros de investigación de todo el planeta.
En nuestro país esta desigualdad es sorprendentemente alta en el conjunto de la UE, tanto si se comparan ingresos o renta mediante el coeficiente de Gini que lo mide, con una particularidad: España es el país de la OCDE donde más ha avanzado la desigualdad, pero también donde más se ha ampliado la pobreza, un coctel explosivoque todas las estadísticas, estudios y centros de investigación destacan. Y es que la desigualdad en el reparto de los recursos económicos también se corresponde con disparidad en la participación pública y en el acceso a servicios básicos como sanidad y educación, siendo una característica estructural de nuestro modelo social. La larga etapa de expansión económica previa a la Gran Recesión de 2008 amplió la brecha entre las rentas del capital y las rentas del trabajo en la sociedad española, entre empresarios y trabajadores, sentando las bases de un país cada vez más divergente. Posteriormente, el estallido de la crisis y sus devastadores efectos han tenido un impacto particularmente dañino sobre los trabajadores que, en España, tienen salarios de los más bajos de Europa junto a condiciones laborales particularmente vulnerables.
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