Uno de los dispositivos de protección social más importantes desplegados para contener los profundos efectos de la crisis causada por la pandemia de la Covid-19, junto a la extensión del mecanismo de los ERTE, fue la implantación del novedoso Ingreso Mínimo Vital (IMV), de ámbito estatal, que se sumaba al sistema de rentas de inserción autonómicas que con un recorrido muy desigual estaba en marcha. El impresionante aumento del desempleo que con rapidez generó la crisis sanitaria, los elevados niveles de pobreza alcanzados junto a la acusada caída de ingresos básicos en cientos de miles de familias exigía de una respuesta urgente, efectiva y ágil capaz de proporcionar recursos fundamentales para la subsistencia en un momento en el que la economía mundial vivía un “shock” generalizado de una profundidad desconocida.

En la nota del Consejo de Ministros tras su aprobación, en mayo de 2020, se afirmaba que el IMV llegaría a 850.000 hogares en los que vivían 2,3 millones de personas, con especial incidencia sobre menores, posibilitando así, en palabras textuales recogidas en este comunicado, “la práctica erradicación de la pobreza extrema” en España, algo que en su momento parecía excesivamente eufórico y que el tiempo ha demostrado completamente desmedido.