No podemos seguir maltratando a nuestros mayores

No hace muchos años, los directores de las entidades bancarias colmaban de regalos a muchos de sus clientes, engatusando a las personas mayores que domiciliaban sus pensiones y mantenían sus ahorros con obsequios como vajillas, cuberterías, cacerolas y todo tipo de variopintos objetos. Eran tiempos en los que las sucursales parecían bazares, mostrando en su interior productos pintorescos para agasajar a la clientela, a la que los empleados de las entidades llamaban por sus nombres, conociendo a cada uno de los familiares como si formaran parte de ella.

Los mayores iban al banco con la tranquilidad de quien iba al bar de la esquina, hasta el punto de que en cuanto entraban, empleados y directivos salían a saludarles, poniendo al día sus cartillas y cuentas antes, incluso, de darles los buenos días, entregándoles a continuación algún pequeño obsequio. Todos hemos tenido en nuestras casas infinidad de objetos de propaganda de los bancos y cajas, en muchos casos de dudosa utilidad, pero que se conservan en los cajones con el cuidado con el que se guardan los pequeños recuerdos familiares.

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Reivindicando las políticas sociales durante la pandemia

Desde que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunciara la declaración oficial de pandemia de Covid-19, todos los países han tenido que hacer frente a una situación novedosa a medida que avanzaban los efectos de una gigantesca crisis sanitaria, desconocida en extensión e intensidad. De inmediato se desencadenó una profunda disrupción laboral, con la desaparición de ingresos esenciales de un día para otro en millones de personas, generándose situaciones de pobreza y necesidad sobrevenidas que dañaron a cientos de miles de hogares en toda España.

Junto a la pérdida de vidas humanas, el enorme sufrimiento causado en la población y la preocupación generalizada que se registraba en el conjunto de la sociedad, de manera inmediata se vivieron los efectos de las duras medidas adoptadas por las autoridades desde el plano económico y laboral para hacer frente a las diferentes olas de contagios vividas, generándose un aumento de las situaciones de privación material, caída de rentas, aumento de la pobreza y carencia de ingresos básicos en un número considerable de hogares. Si bien el impacto afectó a amplios segmentos de población, se plantearon condiciones de especial severidad sobre las personas más vulnerables, apareciendo situaciones particularmente graves sobre colectivos y personas con mayor riesgo social y de exclusión.

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Luces y sombras del Ingreso Mínimo Vital

La emergencia sanitaria causada por la pandemia global de Covid-19 desencadenó, desde sus inicios, una gigantesca crisis económica, cuyo efecto más inmediato fue una profunda interrupción de la actividad laboral para numerosos trabajadores. Así, mientras los países occidentales se volcaban en atender a la población afectada, salvar vidas y contener la epidemia, numerosas familias veían desaparecer sus ingresos esenciales de un día para otro, generándose situaciones de pobreza y necesidad sobrevenidas en un marco de incertidumbre y miedo al futuro.

El “parón” en la actividad económica afectó de manera inmediata a un buen número de sectores, llevando a otros muchos a un estado de “hibernación”, incidiendo especialmente sobre colectivos de rentas bajas, en condiciones laborales precarias y situación vulnerable, vinculados a actividades particularmente sensibles a la crisis, como el turismo, la hostelería, el ocio, el comercio, el transporte y los trabajadores autónomos, entre otros muchos.

A diferencia de lo sucedido en la anterior crisis vivida durante la Gran Recesión, de inmediato se desplegaron desde el Gobierno medidas de contención que trataban de paliar los daños sobre los trabajadores, como los ERTE y las ayudas por cese de actividad para autónomos, que han sido acompañadas de otras muchas para diferentes sectores y colectivos, contribuyendo también las comunidades autónomas junto a los ayuntamientos. En la medida en que la pandemia y sus efectos siguen entre nosotros, es pronto para valorar adecuadamente el alcance de todos estos dispositivos, en muchos casos novedosos, aunque los datos demuestran que han servido para mitigar de manera significativa el impacto de la crisis entre numerosos colectivos, conteniendo el aumento de la emergencia social.

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Las colas del hambre

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Un año más, a lo largo de estos días se está llevando a cabo una gran operación en toda España para la recogida de alimentos promovida por la Fesbal (Federación Española de Bancos de Alimentos), que para esta edición se ha propuesto superar los 450.000 kilos obtenidos el pasado año. Como bien señala el obispo emérito de Brasil, PedroCasaldáliga, el hambre no espera y lo primero que hay que hacer con el que tiene hambre es darle de comer. Después vendrá todo eso de la caña, pero sobre todo explicarle que el río es suyo.

Pocas cosas hay en la vida tan importantes como la alimentación, hasta el punto que nuestra vida y evolución han dependido de la capacidad para disponer de comida suficiente para nosotros y los nuestros, allí donde nos encontremos. Sin embargo, a pesar de los formidables avances en la producción de alimentos, el hambre ha estado siempre presente en la historia de la humanidad, hasta llegar a cuantificar con pasmosa normalidad el número de personas que la sufren, como cuando contamos el número de poseedores de teléfonos móviles o de automóviles.

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El debate sobre la renta básica universal

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La propuesta de implantar una renta básica universal avanza en todo el mundo, en instituciones, universidades, gobiernos y países muy distintos, convirtiéndose en un interesante elemento de debate.

Hay quienes defienden con firmeza su necesidad social y su viabilidad financiera, sosteniendo que es la fórmula más rápida para acabar con la pobreza y las desigualdades, ya que una vez generalizada permitirá eliminar un buen número de problemas sociales. Otros señalan que los estados contemporáneos, sometidos a niveles de endeudamiento imparables y difícilmente sostenibles, que con dificultad pueden hacer frente a sus compromisos esenciales, no podrían bajo ningún concepto asumir el gigantesco gasto que implicaría su instauración. También hay quienes han analizado con detalle los profundos cambios que se están experimentando en el mercado de trabajo por la automatización y la globalización de la economía, extendiendo un paro y una precariedad cada vez mayores que podrían amortiguarse mediante la implantación de rentas básicas que frenen la extensión de los populismos. Y por supuesto que también, otros muchos, rechazan de plano su puesta en marcha afirmando que es un disparate injustificable que crearía un ejército de vagos, rompiendo los principios de la cultura del trabajo y del esfuerzo.Sigue leyendo

Un nuevo contrato social

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La democracia y el sistema económico van de la mano, de manera que las profundas fracturas que está abriendo en la sociedad el avance de una economía desbocada, daña también la credibilidad en las democracias occidentales y la convivencia misma.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el progreso y la estabilidad de Europa se construyeron mediante la convicción de que era imprescindible construir una sociedad más equitativa por medio de un amplio consenso social. Para ello, los estados tenían que velar por el bienestar de sus ciudadanos, promoviendo que los empresarios proporcionaran unos mínimos vitales a sus empleados y éstos tuvieran unas condiciones de vida adecuadas. Así, sobre la base de grandes acuerdos, los trabajadores accedieron a derechos laborales, empleos dignos, una red de protección social más o menos amplia mediante una política redistributiva que permitiera a su vez, a los empresarios, asegurarse una fuerza de trabajo estable que mantuviera el progreso económico. Estos fueron los cimientos de la economía social de mercado que, con diferentes perfiles, avanzó en todo el continente europeo.

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Revisando el Trabajo Social

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Sobrecogidos todavía por el presunto asesinato de dos niños de muy corta edad a manos de sus propios progenitores en Godella (Valencia), se han escuchado voces que, en caliente y careciendo de la necesaria información, han tratado de culpar a los trabajadores sociales por no haber intervenido antes para evitar la tragedia. En un país tan aficionado a los juicios populares, lejos de aprender para reforzar los mecanismos y dispositivos públicos necesarios para evitar que se repitan situaciones similares, preferimos llenar nuestras particulares hogueras de víctimas para tranquilizar las conciencias.

Sin embargo, y aunque no podemos conocer en detalle los perfiles de un caso que mantiene la obligada confidencialidad de la intervención realizada por los diferentes profesionales, ha trascendido la información de que la abuela de los niños había comunicado a los servicios sociales su preocupación por el bienestar de éstos, así como por la propia situación de inestabilidad mental su hija, quien al parecer, sufría un serio trastorno que requería una intervención y seguimiento médico adecuado del que carecía. Lo cierto es que los dos niños fallecieron de manera violenta, certificando un fallo en la protección hacia esos menores que exige revisar los procedimientos utilizados para evitar que en el futuro, algo similar vuelva a repetirse.

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Emergencia social

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En pocas cosas hay tanta unanimidad, entre los partidos políticos que aspiran a formar nuevo gobierno, como en la necesidad de poner en marcha un ambicioso plan de emergencia social. Indicadores estadísticos europeos y nacionales coinciden en destacar una y otra vez los elevados niveles de pobreza, desigualdad y exclusión social que se han alcanzado en España, colocándonos en los primeros puestos entre los países de la UE, abriendo así una brecha social que no para de avanzar y cuyos efectos tardarán años en desaparecer. El problema es que el tiempo que se necesita para generar cambios económicos y sociales de envergadura que transformen esta situación no coincide con las necesidades vitales y personales más urgentes de miles de familias, que no pueden esperar más para que se solucionen auténticos dramas humanos contemporáneos de proporciones devastadores para quienes lo sufren. De ahí la importancia de comprender correctamente la situación de emergencia social en la que nos encontramos y realizar así un adecuado diagnóstico.

Artículo publicado en el diario Información de Alicante, el domingo 7 de febrero de 2016 (Pinchar aquí para ver enlace original)

​Muchos de los síntomas de ese devastador proceso vivido son bien conocidos, en forma de destrucción de puestos de trabajo y desempleo masivo, con la expulsión de amplios sectores de jóvenes y profesionales al extranjero, mientras numerosas familias sin recursos han perdido su casa con los cerca de medio millón de desahucios ejecutados desde el inicio de la crisis, al tiempo que cada vez más personas no pueden pagar incluso sus tratamientos médicos y satisfacer sus necesidades más básicas, hasta el punto de tener que recurrir a comedores sociales y bancos de alimentos en proporciones nunca antes vistas desde la posguerra, con miles de niños en situación de pobreza y vulnerabilidad ante la imposibilidad de sus padres hasta de poder pagar los comedores escolares, con hogares incapaces de hacer frente a los recibos de consumos básicos de agua, electricidad o gas.

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La urgencia de luchar contra la pobreza infantil

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Con frecuencia, se piensa que los problemas de alimentación en algunos menores son el mejor ejemplo de los efectos del empobrecimiento generado por la crisis en numerosas familias. Así, en los últimos años vemos con cierta periodicidad noticias llamativas relacionadas con becas de comedor, colegios que hacen esfuerzos para alimentar a niños con dificultades o programas específicos para dar comida en periodos extraescolares. Sin embargo, ni la pobreza infantil generada por la crisis económica se reduce a estos problemas, ni tampoco son, ni mucho menos, las situaciones más graves de emergencia social que atraviesan muchos menores sobre las que hay que desplegar intervenciones profesionales, respetuosas y muy bien planificadas que salvaguarden el interés superior del menor.

Articulo publicado en el diario Información de Alicante, el domingo 24 de enero de 2016 (Pinchar aquí para ver enlace original)

​Tanto los técnicos sociales que trabajan directamente con menores y sus familias, como quienes estudiamos la evolución e impacto de la pobreza, así como las organizaciones especializadas en la atención a la infancia coincidimos en señalar que existe un aumento significativo del riesgo social y vulnerabilidad en numerosos menores vinculadas con la crisis, con el aumento de la pobreza y las situaciones de emergencia social que viven un buen número de familias. Todo ello se traduce en situaciones de maltrato, negligencia, desprotección, abandono escolar, dificultades para seguir adecuadamente las actividades extraescolares, apuros para llevar a cabo los seguimientos médicos y farmacéuticos, problemas nutricionales y limitaciones para el buen ejercicio de las responsabilidades parentales para muchos progenitores que llevan años viviendo situaciones tremendamente duras de falta de empleo y de ingresos económicos, ausencia de subsidios, agotamiento de los ahorros, riesgo de la pérdida de su vivienda habitual o desahucios, ansiedad, trastornos mentales y adicciones. En casos de esta naturaleza se comprueba el daño devastador que la dichosa crisis está causando desde hace años en numerosas familias, porque no debemos olvidar que los niños no son seres aislados, sino que forman parte de un sistema social más amplio que se llama familia y que también comparte las mismas necesidades y carencias.

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La inmigración como síntoma

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(Artículo publicado el domingo 5 de abril en el diario Información de Alicante. Ver la versión publicada)

Un Gobierno que pone deliberadamente en riesgo la salud y la vida de las personas por motivos electorales demuestra su irresponsabilidad moral, y con ello, su descomposición política. Y esto es lo que ha hecho el PP coincidiendo con la convocatoria de las próximas elecciones municipales y autonómicas, anunciando que corregía a medias la polémica decisión, adoptada en el año 2012, de dejar a los inmigrantes irregulares sin atención sanitaria y que ha afectado a unas 875.000 personas en toda España. En modo alguno, esta decisión se debe a unos motivos humanitarios que el Gobierno no ha demostrado tener en cuenta a lo largo de los cerca de tres años transcurridos desde que adoptó la decisión, ni se fundamenta en tomar en consideración la repulsa que en España y a nivel internacional ha generado la medida, ni tampoco trata de atender las numerosas peticiones y recomendaciones médicas, científicas y académicas, ni siquiera intenta contener el rechazo generalizado entre la opinión pública hacia una de las decisiones más crueles adoptadas por el Gobierno del PP en estos años de decisiones polémicas y controvertidas. La medida se ha anunciado precipitadamente tras los malos resultados cosechados por los populares en las elecciones andaluzas y los pésimos sondeos que obran en poder de la cúpula del PP de cara a las próximas elecciones, queriendo así dulcificar su pésima imagen y ofrecer un rostro más amable a un electorado que ahora le da la espalda.

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