Un Gobierno que pone deliberadamente en riesgo la salud y la vida de las personas por motivos electorales demuestra su irresponsabilidad moral, y con ello, su descomposición política. Y esto es lo que ha hecho el PP coincidiendo con la convocatoria de las próximas elecciones municipales y autonómicas, anunciando que corregía a medias la polémica decisión, adoptada en el año 2012, de dejar a los inmigrantes irregulares sin atención sanitaria y que ha afectado a unas 875.000 personas en toda España. En modo alguno, esta decisión se debe a unos motivos humanitarios que el Gobierno no ha demostrado tener en cuenta a lo largo de los cerca de tres años transcurridos desde que adoptó la decisión, ni se fundamenta en tomar en consideración la repulsa que en España y a nivel internacional ha generado la medida, ni tampoco trata de atender las numerosas peticiones y recomendaciones médicas, científicas y académicas, ni siquiera intenta contener el rechazo generalizado entre la opinión pública hacia una de las decisiones más crueles adoptadas por el Gobierno del PP en estos años de decisiones polémicas y controvertidas. La medida se ha anunciado precipitadamente tras los malos resultados cosechados por los populares en las elecciones andaluzas y los pésimos sondeos que obran en poder de la cúpula del PP de cara a las próximas elecciones, queriendo así dulcificar su pésima imagen y ofrecer un rostro más amable a un electorado que ahora le da la espalda.
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