La inmigración como síntoma

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(Artículo publicado el domingo 5 de abril en el diario Información de Alicante. Ver la versión publicada)

Un Gobierno que pone deliberadamente en riesgo la salud y la vida de las personas por motivos electorales demuestra su irresponsabilidad moral, y con ello, su descomposición política. Y esto es lo que ha hecho el PP coincidiendo con la convocatoria de las próximas elecciones municipales y autonómicas, anunciando que corregía a medias la polémica decisión, adoptada en el año 2012, de dejar a los inmigrantes irregulares sin atención sanitaria y que ha afectado a unas 875.000 personas en toda España. En modo alguno, esta decisión se debe a unos motivos humanitarios que el Gobierno no ha demostrado tener en cuenta a lo largo de los cerca de tres años transcurridos desde que adoptó la decisión, ni se fundamenta en tomar en consideración la repulsa que en España y a nivel internacional ha generado la medida, ni tampoco trata de atender las numerosas peticiones y recomendaciones médicas, científicas y académicas, ni siquiera intenta contener el rechazo generalizado entre la opinión pública hacia una de las decisiones más crueles adoptadas por el Gobierno del PP en estos años de decisiones polémicas y controvertidas. La medida se ha anunciado precipitadamente tras los malos resultados cosechados por los populares en las elecciones andaluzas y los pésimos sondeos que obran en poder de la cúpula del PP de cara a las próximas elecciones, queriendo así dulcificar su pésima imagen y ofrecer un rostro más amable a un electorado que ahora le da la espalda.

Una vez más, el PP vuelve a jugar con la inmigración como un producto de cálculo electoral, sin importarle las consecuencias que pueda tener para el sistema nacional de salud, sus profesionales y la salud pública. De hecho, el atropellado anuncio realizado por el ministro Alonso y el propio Rajoy deja claro su improvisación, ya que no se conoce qué tipo de atención sanitaria recibirán estos inmigrantes, ni los requisitos para acceder a ella, dado que en ningún caso se volverá a la situación previa al RD 16/2012 cuando el Gobierno aprobó este y otros recortes sanitarios. De la escasa información conocida hasta la fecha, se desprende que el Gobierno de Rajoy va a crear una especie de atención sanitaria de segunda categoría para los inmigrantes indocumentados, a los que exigirá una antigüedad en su empadronamiento y a los que atenderán los médicos de primaria de los centros de salud, pero solo en su comunidad autónoma y sin acceso a especialistas ni a medicamentos. Bajo estos criterios, la medida anunciada a bombo y platillo va a tener un alcance muy limitado, dejando fuera a un importante número de inmigrantes, al tiempo que creará problemas de atención médica y gestión en todos los centros sanitarios. Decir, como ha declarado Rajoy, que la medida se justifica en la necesidad de reducir el colapso en las urgencias es algo que desde el primer momento ya se denunció que ocurriría al anunciarse el Decreto del año 2012 desde sociedades médicas y profesionales sanitarios, significando un reconocimiento del grave deterioro en este servicio tan fundamental. Pero tampoco es que hoy en día se encuentren mucho mejor los médicos de atención primaria, recargados de pacientes, sobre los que se han cebado los recortes, la precariedad y la falta de medios.

Desde que España recibe a una importante población inmigrante que ha sido determinante en su crecimiento económico y social, el conjunto de la población ha demostrado su capacidad de acogida y su vocación integradora, muy por encima, con frecuencia, de la actitud mostrada por muchos responsables políticos que no han dudado en utilizar la inmigración como mercancía electoral. Lo han hecho en numerosas ocasiones al convertir a los inmigrantes en protagonistas de problemas inexistentes o al volcar contra ellos una política de vulneración de derechos básicos, como hemos visto en Ceuta y Melilla o en los sucesos de la playa del Tarajal.

Ni los ciudadanos ni las sociedades médicas y profesionales demandaron nunca eliminar algo tan básico como la atención médica a los inmigrantes, a quienes, por el contrario, el Gobierno del PP convirtió en chivos expiatorios de todos los males de nuestro sistema sanitario, difundiendo informaciones que a lo largo de estos años se han demostrado falsas a través de numerosos estudios científicos nacionales e internacionales. Dejar sin cobertura sanitaria a un importante colectivo pone en riesgo a toda la población, al dificultar el seguimiento de enfermedades infecciosas, crónicas y las coberturas vacunales. Pero por encima de todo, esta decisión alimenta rechazos y discriminaciones injustificadas sobre la población inmigrante en una sociedad que viene dando una enorme lección de convivencia y tolerancia, incluso en momentos tan duros como los que atravesamos. Por todo ello, es una irresponsabilidad política cuyos efectos abrasivos son tan insolidarios como inhumanos.

            Actuar al margen de consideraciones morales, como el Gobierno del PP viene haciendo con la inmigración y los inmigrantes, supone todo un síntoma de la pérdida del sentido de la responsabilidad política y social. Porque hasta los más pobres y débiles, los nuevos parias contemporáneos, los inmigrantes, tienen derecho a tener derechos como personas, algo que el PP no comprende.

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