Salvar vidas

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Salvar vidas no puede ser un delito, como tampoco puede dejar indiferente a nadie que haya personas que dedicando su vida a ello sean tratadas por las autoridades europeas en distintos países como delincuentes. Salvar la vida de las personas, de cualquier persona que corre el peligro de morir, debería ser considerado como un acto de entrega, un ejemplo de humanidad, una admirable muestra de bondad en medio de un mundo que debilita los sentimientos más nobles, sustituyéndolos por los cálculos económicos más prosaicos.

Salvar a un niño sin futuro a punto de ahogarse, a una madre que sujeta con fuerza a sus hijos para que se mantengan a flote, a jóvenes que han escapado de la muerte y del hambre en medio de las frías aguas del Mediterráneo, tendría que ser elogiado por todos aquellos que tengan alma, por gobernantes y dirigentes políticos, por ministros y comisarios europeos de cualquier partido y color político. Rescatar a los tripulantes de un bote que se hunde en un mar que se ha tragado más de 15.500 vidas en los últimos cuatro años, según datos oficiales contabilizados por Naciones Unidas, debería abrir todos los informativos, contar con una mención en los consejos de ministros, recibir una felicitación entusiasta en las cumbres de presidentes de la UE, obtener los máximos elogios de obispos y sacerdotes que no paran de proclamar una y otra vez su absoluto respeto por la vida humana. Sin embargo, la progresiva descomposición de los valores, principios y acuerdos fundamentales sobre los que avanza la Europa contemporánea e impulsan sus dirigentes lleva al delirio de apresar, detener y tratar como a delincuentes a aquellos que, sustituyendo la pasividad y la inacción cómplices que muestran los gobiernos europeos ante la tragedia que se vive en el Mediterráneo desde hace años, han decidido dedicar su vida y sus energías a rescatar de una muerte segura a miles de desesperados que se lanzan al mar en frágiles embarcaciones.

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Esclavos a las puertas de Europa

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El dolor cumple una función trascendental para todos nosotros en la medida en que la sensación que produce emite una señal de alerta ante una lesión, un peligro o una disfunción, avisándonos de esta forma para corregir o evitar el motivo causante de la dolencia, evitando así el riesgo que nos puede generar. Es así que la insensibilidad ante el dolor es una disfunción grave que puede provocar importantes riesgos para nuestra salud al no identificar lesiones, enfermedades o peligros para nuestro organismo. Sin embargo, de manera llamativa, nuestra sociedad se ha acostumbrado a no reaccionar ante cada vez más sucesos dolorosos que se producen, que por el contrario deberían de sacudir nuestra conciencia por su extrema gravedad. El último de ellos ha sido la emisión reciente de un documental por la cadena estadounidense CNN en el que se certifica algo que desde hace tiempo se ha venido denunciando, sin mucho éxito por cierto, como es la subasta de inmigrantes en Libia, vendidos como esclavos por poco más de 400 dólares.

La gravedad de los hechos recogidos por las imágenes no representa, ni siquiera, una mínima parte de la extrema crueldad e inhumanidad que desde hace años sufren los inmigrantes de toda África que llegan hasta este país para emprender un incierto viaje hacia Europa y que, en demasiadas ocasiones, se ha visto truncado de las formas más espantosas. Se calcula que unos 20.000 inmigrantes pueden haber sido capturados por las múltiples tribus, milicias y bandas criminales que campan a sus anchas en un país sumido en el caos absoluto, convertido en un Estado fallido seis años después de la desastrosa intervención militar europea que concluyó matando a Muamar el Gadafi. Los vídeos estremecedores de asesinatos masivos de inmigrantes capturados por algunos de esos grupos criminales que se han hecho con pequeñas zonas del país llevan tiempo en las redes sociales, sin que ningún gobierno occidental u organismo de las Naciones Unidas haya movido un solo dedo para evitar tanto espanto.
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Refugiados: propuestas tras el fracaso

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A dieciséis días de que finalice el plazo que Europa se dio para dar respuesta a la mal llamada crisis de los refugiados, que alcanzó su máxima intensidad hace dos años y que desembocó en el solemne acuerdo del Consejo Europeo sobre Migración suscrito en septiembre de 2015 por todos los presidentes de países europeos, para acoger la exigua cifra de 160.000 personas en dos años, en régimen de reubicación y reasentamiento, podemos ya hablar de deliberado incumplimiento de este compromiso. Y con ello, un descalabro que ha certificado la indolencia sobre refugiados y migrantes forzosos como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones jurídicas derivadas del derecho internacional en materia de asilo y refugio. Y al Gobierno español le corresponde una parte de ese incumplimiento, en la medida en que de los 17.337 asignados, únicamente ha acogido a un 11% de ellos, 1.887 refugiados en los dos años en los que el acuerdo ha estado en vigor.

Más allá de insistir en el significado de este grave fracaso político que contribuye a debilitar la credibilidad del proyecto europeo ante sus ciudadanos y ante el mundo en unos momentos particularmente críticos, dañando los principios y valores fundamentales que alimentaron la creación de la Unión Europea y erosionando las obligaciones jurídicas y éticas de Europa en materia de solidaridad y derecho internacional, es importante que tratemos de reflexionar para reforzar nuestra capacidad de respuesta ante tragedias humanitarias como las que seguimos viviendo y sin duda se repetirán.

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Criminalizando a las ONG que salvan vidas

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A medida que la Unión Europea ha decidido no hacer frente a sus obligaciones jurídicas derivadas de la llegada de refugiados hasta sus países durante los últimos años, hemos asistido a la progresiva descomposición de los valores, principios y acuerdos fundamentales sobre los que se ha construido la Europa contemporánea.

Efectivamente, los gobernantes europeos han protagonizado una de las páginas más vergonzosas con su deliberado abandono a las personas necesitadas de protección internacional que escapaban de guerras tan crueles como la de Siria, cuyas horrorosas atrocidades han sido retransmitidas en tiempo real. Y así han dejado que cientos de miles de estos refugiados se abandonaran a la aventura de un viaje incierto, teniendo que pagar elevadas cantidades de dinero para conseguir un lugar en las frágiles embarcaciones que surcaban el Mediterráneo a la búsqueda de las costas europeas, acabando muchos de esos trayectos en naufragios y ahogamientos.

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Las ciudades y los inmigrantes

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Sacudidos como estamos en los últimos años por el drama de refugiados y migrantes forzosos que tratan de llegar hasta Europa en un continuo goteo de naufragios y muertes, parece que hayamos olvidado de nuestras preocupaciones la realidad cotidiana de muchos inmigrantes en nuestras ciudades y barrios, que luchan por abrirse paso ellos, aprendiendo a convivir y a ser nuevos ciudadanos en un país distinto, generando cambios y estrategias de supervivencia en la ciudad sobre la que están alimentando transformaciones de envergadura. Y es que los desplazamientos humanos en el mundo siguen siendo una realidad que viven con particular importancia las ciudades, contribuyendo así a transformar demográfica, económica, social, cultural y políticamente las zonas urbanas a lo largo y ancho del planeta.

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Menores Extranjeros No Acompañados (MENA)

 

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La intensificación de los procesos migratorios ha llevado en los últimos años a la emergencia de actores novedosos con perfiles, características y problemáticas singulares. Entre ellos, destacan los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA), que engloban al extranjero menor de dieciocho años, nacional de un Estado al que no le sea de aplicación el régimen de la Unión Europea que llegue hasta territorio español y carezca o no se encuentre acompañado de un adulto responsable, apreciándose riesgo de desprotección o desamparo del menor. Sobre ellos es de aplicación la “Convención internacional sobre los derechos del niño y la niña”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España el 31 de diciembre de 1990, que obliga a velar por el llamado “Interés superior del menor”, por el cual todas las intervenciones que se desarrollen sean buscando su beneficio y protección, no solo material, sino también moral y biopsicosocial, entendiendo a las personas menores de edad como sujetos de derechos fundamentales por los que toda sociedad debe velar para su garantía y cumplimiento.

La complejidad creciente de las migraciones contemporáneas lleva a que cada vez más menores las protagonicen, con frecuencia solos, mezclándose diferentes tipologías que exigen actuaciones e intervenciones diferenciadas: los que escapan de guerras y persecuciones, los migrantes forzosos y los que son víctimas de trata con fines de explotación. De hecho, según datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), de 2000 a 2015 los migrantes menores de 4 años han aumentado en un 41% en el mundo. Todo ello se agrava cuando estos menores no están acompañados y carecen de padres o tutores legales, encontrándose en situación de riesgo, vulnerabilidad y desamparo, siendo víctimas fáciles de grupos de explotación criminal y sexual, con el añadido de que son menores con otra cultura, otro idioma y han sido educados en entornos familiares culturalmente distintos a los nuestros.

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De crisis de refugiados a crisis europea

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La cumbre de alto nivel celebrada esta semana en Naciones Unidas sobre refugiados e inmigrantes ha servido de bien poco, repitiendo esa retórica hueca y esas frases vacías que se manosean una y otra vez hasta acabar por perder el alma y el sentido. Que hay que regular las migraciones y respetar a los refugiados estableciendo canales legales que respeten el derecho internacional; que las migraciones han sido siempre positivas desde el punto de vista social, cultural, económico y laboral, apoyando el desarrollo tanto en los países que los reciben como en los países de origen que se benefician de las remesas que mejoran el bienestar de sus familiares; que hay que garantizar migraciones seguras, ordenadas, regulares y responsables. Todo esto es algo sabido y estudiado, que se repitió prácticamente con las mismas palabras en la cumbre celebrada el año anterior también en Naciones Unidas y en otros muchos foros, cumbres y reuniones internacionales.

Mientras gobiernos y líderes mundiales pronuncian una y otra vez las mismas frases vacías de contenido, miles de inmigrantes y refugiados mueren ahogados en el Mediterráneo y en el mar de Andamán, o fallecen abandonados en manos de grupos criminales o por el hambre en el corredor centroamericano, el Sahel o el Cuerno de África. Otros muchos, con mejor suerte, se hacinan en campos de refugiados en países como Grecia, viviendo en condiciones que nos recuerdan a los campos de concentración. No es de extrañar que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, haya dicho esta misma semana que “el mundo es un lugar horrible en manos de gobiernos que cometen atrocidades”.

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