Alicante no es Ceuta

En coincidencia con los acontecimientos que se han vivido estos días en Ceuta y la llegada de unas diez mil personas procedentes de Marruecos en condiciones lamentables, he escuchado comentarios que trataban de comparar la crisis vivida en la frontera con este país con la llegada de pateras hasta las costas alicantinas. A todas luces, es una analogía muy desafortunada.

Ni por la intensidad, ni por el número, ni por las características, ni por las motivaciones, ni por su naturaleza se pueden comparar, ni de lejos, las dinámicas migratorias que se viven desde Marruecos hacia España a través de Ceuta, con la llegada de pateras hasta las costas alicantinas. Por si fuera poco, los acontecimientos vividos estos días en la frontera con Ceuta han dejado bien a las claras la falta de miramientos de la teocracia autoritaria de Sidi Mohammed ben Hassan ben Mohammed ben Youssef Alaoui, más conocido como Mohamed VI, jefe espiritual y líder religioso de los marroquíes, para lanzar a su pueblo, pobre y desesperado, contra la frontera de otro país para presionarlo, amedrentarlo y chantajearlo. En un episodio insólito en las relaciones internacionales, Marruecos no ha dudado en poner en riesgo la vida de sus ciudadanos, incluyendo la de miles de niños, a los que se ha llegado a sacar de sus colegios para meterlos en autobuses e introducirlos de manera irregular en otro país con mentiras, sin siquiera el conocimiento de sus padres. Se entenderá, bien a las claras, que cualquier comparación de esta barbaridad con las pateras que a cuentagotas llegan hasta las costas alicantinas es tan inadecuada como fuera de lugar.

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Chantaje marroquí desde la debilidad

Desde hace años, la monarquía sátrapa alauita viene chantajeando, desafiando y utilizando todo tipo de amenazas contra España como instrumento de presión política. Lo han sufrido todos los gobiernos, de uno y otro color, de muy distintas maneras.

Ha ejercido esa presión facilitando la salida de inmigrantes desde sus costas, suspendiendo los acuerdos de pesca, bloqueando las fronteras de Ceuta y Melilla, exigiendo material militar, tomando el islote Perejil, reclamando dinero a cambio de que sus gendarmes vigilen las fronteras, haciendo la vista gorda con las narcolanchas,  anexionándose unilateralmente aguas de nuestra jurisdicción, enviando a la real fuerza aérea de Marruecos a adentrarse en nuestro espacio aéreo, torpedeando la cooperación española en el Sahara, negándose a cumplir los acuerdos migratorios firmados, exigiendo un trato preferencial para sus productos, facilitando la actuación de grupos yihadistas o pidiendo que sus agentes secretos puedan actuar con impunidad en nuestro territorio.

Distintos presidentes acabaron siempre aceptando sus chantajes, haciendo de Marruecos uno de nuestros socios menos fiables y más impredecibles. Sucedió con Zapatero, que en el año 2008 regaló a Marruecos bombas y armamento por el precio simbólico de un euro, mientras miraba para otro lado ante las graves violaciones marroquíes a los derechos humanos en el Sahara, o con Rajoy, que en el año 2015 negoció ante la UE un tratamiento privilegiado para los productos agrícolas marroquíes, afirmando que este país era un “ejemplo democrático” a seguir en África. Todos los gobiernos en España han acabado pasando por el aro, en un momento u otro, ante los desplantes marroquíes, con el agravante de que los reyes de ambos países han presumido históricamente de una privilegiada relación de hermandad que nunca sirvió más que para pagar viajes y dispendios monárquicos.

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La UE naufraga en el sur

Tras la gigantesca crisis migratoria que estalló en la UE desde el año 2015, cuando decenas de miles de migrantes forzosos trataban de llegar hasta su territorio, protagonizando en muchos casos dramáticos naufragios en el Mediterráneo, la Comisión Europea se inventó una respuesta llamada “Agenda Europea de Inmigración” que, según se decía, daría una respuesta integral a la gestión de la inmigración en Europa y marcaría un antes y un después en la política migratoria en los países de la Unión. Lo cierto es que, mientras responsables comunitarios de entonces hacían declaraciones rimbombantes sobre la política de migración y asilo pactada, la realidad se empeñaba en demostrar que Europa atravesaba la mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial debido a la pasividad, la negligencia y la irresponsabilidad de instituciones y países, incapaces de respetar sus propios acuerdos.

Recientemente, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, calificaba de “deplorable” la política migratoria y de asilo de la UE desde 2015 y no le faltaba razón. Basta decir que, desde entonces y según datos oficiales de las Naciones Unidas, se han contabilizado en naufragios de embarcaciones que trataban de acceder a costas europeas 18.226 personas fallecidas, junto a los cuerpos que nunca serán encontrados. De ellos, 1.717 corresponden a fallecidos que trataban de llegar hasta España en el pasado 2020, lo que da buena idea de la importancia que ha adquirido nuestro país como frontera Sur en las rutas migratorias que tratan de llegar hasta el continente europeo.

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La encrucijada migratoria

La gravedad de los problemas y la urgencia de muchos de los desafíos que tenemos entre manos es de tal naturaleza que estamos dejando de lado demasiadas asignaturas pendientes que siguen estando ahí, formando parte de la columna vertebral de nuestra sociedad.

Una de ellas es el análisis y la intervención sobre los procesos, las dinámicas y los flujos migratorios que se están viendo profundamente afectados por la pandemia de covid-19. Las migraciones atraviesan profundos cambios que también van a tener su impacto en las dinámicas demográficas, en las pautas de movilidad geográfica, en los perfiles y motivaciones de quienes se desplazan por el mundo, así como en las estrategias de integración social, laboral y ciudadana de los inmigrantes que viven con nosotros y de sus familias. Bueno sería no perder de vista muchas de estas transformaciones por la repercusión que van a tener en nuestras sociedades y la necesidad de anticipar políticas e intervenciones adecuadas en muchos niveles.

Empecemos señalando algo de una enorme trascendencia que no había sucedido en la historia reciente. La pandemia ha afectado a la movilidad humana como nunca se había vivido, interrumpiendo los flujos migratorios globales. Por ello, adquieren más visibilidad esas migraciones clandestinas que, por medio de traficantes de personas, están cruzando de manera desesperada algunas fronteras en el mundo, poniendo en riesgo numerosas vidas. Es lo que ha sucedido con las migraciones africanas llegadas hasta las islas Canarias en los últimos meses, muy dramáticas y con motivaciones de distinta naturaleza, a veces nada sencillas de comprender. No es casual que el pasado año de explosión de coronavirus, no menos de 1.717 personas hayan fallecido tratando de llegar hasta España, con un incremento del 29% respecto al año anterior, según el documentado informe anual de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (Apdha).

Pero el grueso de los desplazamientos humanos en el mundo no se hace en patera, ni mucho menos, sino en aviones y a través de aeropuertos que, en estos momentos, ofrecen grandes limitaciones para acceder a ellos y estrictos controles para la entrada en otros países. De manera que las migraciones globales se han interrumpido y tendremos que ver cuándo y cómo se reanudan.

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Migraciones en Canarias: sobrepasados por la realidad

Uno de esos refranes tan nuestros afirma que “a perro flaco, todo son pulgas”. Es lo que le sucede a España desde hace demasiado tiempo con su política migratoria y de asilo. A los fallos en la recepción, acogida y gestión de las migraciones llegadas a las Islas Canarias en las últimas semanas se suma el hacinamiento de varios miles de inmigrantes en el CETI de Melilla, junto a un goteo desconcertante de pateras en diferentes provincias, sin olvidar el colapso en todo el sistema de asilo y refugio, con decenas de miles de expedientes acumulados y pendientes de resolución.

No es de recibo que en una política de Estado tan importante se vaya a salto de mata, apagando fuegos solo cuando las llamas amenazan con devorarnos. España es un punto de tránsito clave de las rutas migratorias hacia Europa desde hace décadas, algo que ya no justifica tanta improvisación. Al mismo tiempo, el fracaso estrepitoso de la política europea de migración y asilo (por llamarlo de alguna manera) y su gigantesca irresponsabilidad en la mal llamada crisis de los refugiados que estalló en Europa en el año 2015 exigen contar con políticas efectivas que impidan el caos y el disparate, como los vividos en los últimos años. Con mayor motivo sabiendo que el auge de las fuerzas neofascistas utiliza las migraciones como una de sus grandes armas para crear alarma y difundir barbaridades. Bueno sería que nuestros dirigentes políticos actuaran con responsabilidad y no dieran carnaza a esta extrema derecha asalvajada.

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Temporeros

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En los meses más duros del confinamiento, encerrados en nuestras casas mientras la pandemia se extendía por todo el mundo, tomamos conciencia de la importancia de numerosas profesiones de las que dependen nuestras vidas. Muchos de ellos fueron considerados como trabajadores esenciales, dedicándoles aplausos, reconocimientos y palabras de agradecimiento, aunque mucho me temo que en poco tiempo hemos olvidado aquella explosión de cariño.

Sin embargo, mientras llenábamos nuestras neveras y poníamos la comida en nuestras mesas, ignorábamos el papel fundamental de un grupo de trabajadores esenciales que lo hacen posible, también en aquellas fechas, saliendo todas las mañanas a trabajar muy temprano, en jornadas largas y sacrificadas, para retornar después a sus lugares de alojamiento, generalmente en condiciones de hacinamiento, insalubridad y extrema pobreza. Hablo de los trabajadores y trabajadoras agrícolas temporeros, básicamente inmigrantes, muchos de los cuales se han convertido estos días en víctimas de contagios por covid-19 en diferentes lugares de nuestra geografía.

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Acuerdos migratorios

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Desde hace tiempo, el Gobierno vasco en estrecha colaboración con diferentes actores de esa comunidad está impulsando algunas de las políticas más avanzadas y exitosas de toda España en campos muy diversos, como sucede con las políticas sociales.

Muchos señalan que se debe a que cuentan con un singular medio de financiación a través de un concierto económico que les proporciona soberanía fiscal, algo que, siendo cierto, ignora otros elementos fundamentales que otorgan, si cabe, más valor a la audacia de sus políticas vanguardistas. Por un lado, el hecho de que a pesar de haber sufrido durante más de medio siglo el azote del terrorismo, con el enorme daño que produjo en su sociedad, han sabido mirar hacia delante y trabajar para construir una sociedad fuerte. Al mismo tiempo, en el diseño y la ejecución de sus políticas públicas tienen un papel esencial los profesionales, técnicos y funcionarios con conocimientos especializados, cuyo criterio es respetado de manera muy importante por los políticos, a diferencia de lo que ocurre en otras muchas comunidades. Y por último, el País Vasco cuenta con un movimiento social amplio y vigoroso, que es tenido en cuenta por las diferentes instituciones y sus responsables políticos.

No tengo dudas de que todo ello exigiría de mayores matizaciones, pero de manera muy resumida es lo que durante los muchos años que he trabajado con diferentes instituciones de esta comunidad he podido constatar y me han trasladado profesionales y políticos de muy distintos ámbitos, colores y posiciones. Y les aseguro que me precio de haber podido hablar, trabajar, comer e incluso contar con la amistad de grandes personas del País Vasco que han estado en espectros ideológicos muy distintos y a las que siempre he escuchado con atención. Por ello, ver en un partido como el PNV, que sería lo más parecido a una formación de derecha europea, las dosis de sensatez, respeto, capacidad de diálogo y sentido de Estado que demuestran no me sorprende porque es lo que, de manera callada, están haciendo en las diferentes instituciones donde gobiernan a través de un buen número de las políticas que impulsan. Hasta el punto que en muchos campos, esta comunidad autónoma se ha convertido en referenciade buenas prácticas, de las que bien harían por tomar nota otras muchas autonomías.

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Las ciudades y las migraciones

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El papel cada vez más importante de las ciudades de todo el mundo hacia las migraciones viene centrando numerosas actividades en los últimos años. Alcaldes y funcionarios locales, técnicos y especialistas, junto a organizaciones sociales vienen participando en debates, cumbres y foros encaminados a tomar conciencia sobre la forma más adecuada en que ciudades y entidades locales pueden gestionar mejor el impacto que las migraciones impulsan. Hasta tal punto que el término “migración” se ha convertido también en un sinónimo de urbanización, debido al papel dominante de las metrópolis como destino de la mayoría de los migrantes.

Junto a importantes organizaciones y centros de investigación, destacados académicos vienen analizando los nuevos perfiles de unas ciudades cada vez más precisas a la hora de intervenir sobre los procesos migratorios con mucha mayor eficacia que los propios estados. Autoras como la socióloga, premio Príncipe de Asturias y profesora de la Universidad de Columbia, Saskia Sassen, ha estudiado a fondo las nuevas ciudades globales cuyas capacidades trascienden con creces las fronteras de un país. A su vez, la antropóloga y profesora de la Universidad de Manchester, Nina GlickSchiller, amplía este enfoque, describiendo las ciudades como espacios de continuos cambios que determinan el carácter de las urbes contemporáneas, asignando un papel cada vez más importante a las administraciones municipales, mucho más de lo que sus autoridades creen. De esta forma, surge con fuerza la convicción de que las urbes tienen una responsabilidad cada vez mayor sobre las migraciones y los inmigrantes que en ellas viven, habiéndose convertido en determinantes significativos de los patrones mundiales de la inmigración en estos momentos.

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La ruta migratoria entre Argelia y Alicante

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Cuando el domingo 16 de septiembre de 2007, Ahmed y sus cinco acompañantes de la patera en la que navegaron por la noche desembarcaron en las costas alicantinas no sabían que estaban inaugurando las migraciones irregulares entre Argelia y esta provincia a través del Mediterráneo. Tras esta primera embarcación, a lo largo de ese año, llegaron hasta nuestras costas otras nueve pateras más que trajeron a un total de 123 inmigrantes, todos ellos argelinos, en travesías que apuntaban a la participación de buques nodriza, una sospecha que se mantiene hasta hoy en día, como bien saben las autoridades marítimas y las fuerzas de seguridad.

Ya desde el primer momento, los responsables, a nivel estatal y autonómico, se empeñaron en demostrar dos cosas: un profundo desconocimiento de los procesos migratorios que alimentaban estas llegadas, junto a una utilización partidista absolutamente miserable de las migraciones en la confrontación política. Como testimonio de lo primero, la entonces secretaria de Estado de Inmigración, ConsueloRumí, calificó de “anecdótica” la llegada de esta primera patera. Desde entonces, los hechos han demostrado su error, ya que hasta la fecha, todos los años han desembarcado en mayor o menor medida pateras en Alicante, totalizando 231 embarcaciones que han traído a cerca de 1.400 personas, fundamentalmente argelinos. Pero lo más llamativo fueron las declaraciones incendiarias que ante la llegada de la primera patera hasta Alicante hizo, por entonces, la Generalitat Valenciana, presidida por el PP, por boca del inefable Rafael Blasco, quien afirmó, sin despeinarse, que “todo era culpa de Zapatero”. El profundo daño que durante años Blasco hizo a esta Comunidad fue más allá de lo recogido en los diferentes sumarios judiciales que ha protagonizado.

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El humo de los refugiados

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Por distintos motivos, en los últimos meses, distintas informaciones y decisiones sobre los refugiados en España han generado sorpresa y desconcierto. Es cierto que la política de asilo y refugio en España, por llamarla de alguna manera, lleva demasiados años abandonada a su suerte, de espaldas a los compromisos jurídicos internacionales que nuestro país tiene en este campo y ajena a los conflictos, guerras y tragedias que vienen asolando el mundo y que obligan a millones de personas a abandonar sus hogares. La solución, nada sencilla, requiere del principio de solidaridad compartida que impulsa las Naciones Unidas, afrontando de manera conjunta los nuevos desafíos que plantean los desplazamientos forzosos hoy en día.

El sistema de protección internacional en nuestro país ha sufrido históricamente de una deliberada desidia, tanto en la lamentable situación de las Oficinas de Asilo y Refugio (OAR), como en la falta de medios y personal imprescindible para atender con humanidad a las personas solicitantes de asilo en España, lo que ha supuesto la vulneración de directivas europeas y compromisos internacionales, al tiempo que se añadía sufrimiento a personas y familias que ya acumulan demasiado dolor. Los enormes desajustes en un sistema de asilo que solo admite a trámite y acepta una de cada cuatro solicitudes de asilo, una de las más bajas tasas de Europa, con tardanzas en la tramitación de solicitudes que llegan con frecuencia a cerca de dos años, la progresiva acumulación de expedientes sin resolver, junto a los criterios frecuentemente políticos y no humanitarios a la hora de conceder los reconocimientos de asilo y protección internacional, añaden intranquilidad a los afectados, quienes al acceder al sistema de refugio en España se sumergen en un limbo intemporal de consecuencias desconocidas.

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