Las ciudades y la Agenda 2030

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Uno de los elementos que están impulsando cambios en las ciudades de todo el mundo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por las Naciones Unidas en septiembre de 2015 y que establecen la llamada Agenda 2030. Su capacidad para avanzar sobre un buen número de los desafíos sociales, ambientales y económicos que tienen las urbes, la posibilidad de generar procesos de planificación adaptados a las capacidades específicas de cada municipio, junto a las abundantes buenas prácticas que se están desplegando en ámbitos subnacionales están colocando a estas agendas locales y regionales 2030 como valiosos activos de localización a nivel mundial.

En la medida en que el proceso de urbanización global avanza de manera imparable, albergando más de un 54% de la población mundial en las zonas urbanas, emergen problemas de una particular intensidad en las ciudades, de cuya respuesta dependerá el futuro de la humanidad. Desde la garantía de ofrecer viviendas adecuadas acompañadas de servicios de calidad que permitan sostener una vida digna de los ciudadanos, hasta afrontar los nuevos efectos del cambio climático, el aumento de la contaminación y de los riesgos por los desastres naturales, junto a desafíos históricos, como las bolsas de pobreza y desigualdad que conforman los cinturones urbanos de miseria, sin olvidar los altos niveles de desempleo existentes en barrios marginales en los que se concentran la exclusión y la marginación. Estos y otros muchos problemas son identificados en las 169 metas que es donde de verdad se materializa la Agenda 2030, bien distintos de los 17 Objetivos que publicitan numerosas personas e instituciones, y que no pasan de ser simples eslóganes propagandísticos.

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Impactos sociales del alquiler turístico

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Con frecuencia, somos incapaces de comprender y anticiparnos a cambios y transformaciones que suceden en nuestras ciudades y barrios. En algunos casos, por la velocidad tan acelerada a la que se suceden, en otros, por carecer de herramientas adecuadas de comprensión, pero también por incapacidad manifiesta de nuestros responsables públicos.

El derecho al descanso, la ocupación a veces salvaje de los espacios públicos por terrazas y veladores, la falta de viviendas asequibles, las bolsas de pobreza y desigualdad, el encarecimiento del mercado de alquiler, la ausencia de equipamientos públicos y zonas verdes, el envejecimiento poblacional, el deterioro de los espacios de convivencia, la expulsión de los vecinos de toda la vida, la turistificación descontrolada, junto a la pérdida del patrimonio urbano, son algunos de los problemas más importantes que están encima de la mesa en ciudades como Alicante, con particular intensidad en el Centro Tradicional y el Casco Antiguo, generando conflictos vecinales así como profundas mutaciones en calles y barrios.

Todo ello se agrava cuando las instituciones públicas, en particular las municipales, se muestran incapaces de comprender adecuadamente todos estos procesos, careciendo incluso de instrumentos para la intervención. Por decirlo de otra forma, difícilmente Alicante va a poder abordar algunos desafíos novedosos del siglo XXI con herramientas caducas del siglo XX, como el Plan General de 1987, actualmente en vigor, por mucho que se empeñen sus responsables municipales en afirmar lo contrario.Sigue leyendo

Ciudades éticas

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Estas semanas de inicio de las nuevas corporaciones municipales en toda España se escuchan numerosos compromisos sobre los proyectos de ciudad que alcaldes y concejales quieren llevar a cabo en sus localidades. Son muchas las propuestas fragmentadas que se hacen, tratando de dar respuesta a necesidades puntuales de los vecinos, pero muy pocas las reflexiones sobre estrategias urbanísticas que puedan mejorar nuestra convivencia; numerosas las ideas sobre el entorno construido o por levantar, pero prácticamente ninguna sobre cómo las personas habitan, de manera individual y colectiva, nuestras ciudades.

Por el contrario, ningún alcalde, concejal o grupo político en los ayuntamientos reflexiona sobre lo que el sociólogo norteamericano Richard Sennett, en su último libro denomina como “ética para la ciudad”, las bases para avanzar hacia ciudades más éticas, en las que se puedan repensar los componentes esenciales de la ciudad que permitan profundizar en valores que den una mayor calidad de vida, en línea con algunas de las últimas propuestas que avanza el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (HABITAT).

Es cierto que nuestros responsables políticos valoran sus mandatos en función de las construcciones, edificios y equipamientos que son capaces de levantar, como si fueran monumentos imperecederos a su gestión. Sin embargo, lo que el historiador francés Fustel de Coulanges bautizó en 1864 como La Ville, lo que hoy entendemos como la ciudad física, compuesta por los edificios, los espacios públicos y las infraestructuras, deben estar al servicio de sus habitantes, quienes con sus usos, sus relaciones e interacciones proyectan los valores que modelan estas ciudades.

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Capacidades locales

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A raíz del debate que hace pocas semanas tuvo lugar en la Sede Universitaria sobre la EDUSI, “Un proyecto de regeneración urbana para Alicante”, varios participantes me comentaron días después su interés por la propuesta que allí expliqué para que desde el Ayuntamiento y desde proyectos de esta naturaleza se apoye la generación, el aprovechamiento y el fortalecimiento de capacidades locales, entendiendo que el desarrollo de las mismas pretende entender y abordar las particularidades de cada grupo humano, desde el mejor conocimiento y reconocimiento de los actores involucrados en distintas escalas, con la finalidad de construir sociedades más fuertes e inclusivas.

No creo que estemos ante un tema menor, por la importancia que tiene para impulsar redes, personas, conocimiento y, por qué no decirlo también, empleo en nuestra propia ciudad. Al mismo tiempo, se utiliza y se pone al servicio de la población experiencia y formación por parte de personas que conocen de primera mano cuestiones muy precisas sobre las que llevan trabajando desde hace tiempo. Tampoco podemos olvidar la relevancia que ofrece la construcción de capacidades locales a la hora de generar una mayor pertenencia a los barrios y a las ciudades. Y por último, instituciones como la Comisión Europea están apostando con fuerza para que las ciudades impulsen capacidades, medios, personal y recursos propios que se construyan y reconstruyan al servicio de la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes. Con mayor motivo en estrategias y acciones como la EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano SostenibleIntegrado) financiada con fondos europeos, que apuestan decididamente por la sostenibilidad.

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La ciudad educadora

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De la misma forma que la actividad económica no puede estar a merced de los intereses especulativos y las fuerzas del mercado, tampoco podemos dejar la conciencia colectiva abandonada a los caprichos de las inercias sociales y los narcisismos comunitarios. Las virtudes ciudadanas son cualidades que requieren de un aprendizaje para poder construir una convivencia respetuosa con los demás, cobrando particular importancia en las ciudades, el espacio comunitario por excelencia.

En tiempos donde se reivindican el individualismo, el egoísmo y los intereses personales como bandera, la cultura de la ciudadanía cobra especial relevancia como forma de entender la política, la democracia y nuestra relación con los demás, algo que exige que sepamos conjugar dos planos fundamentales que tenemos que hacer compatibles en nuestras sociedades democráticas, como son las opciones personales y las decisiones colectivas, sometidas al necesario diálogo social pero también bajo la imprescindible regulación legal. El problema es que hoy en día, nuestros gobernantes creen que la simple aprobación de leyes, reglamentos, decretos y normativas generan automáticamente cambios sociales y transformaciones en las conductas de las personas bajo amenaza de severas sanciones, sobre todo en el ámbito de los comportamientos ciudadanos. Y todo ello porque se renuncia cada vez más al papel del diálogo como herramienta política imprescindible para la construcción de una ciudadanía comprometida y a utilizar la pedagogía social como mecanismo para generar cambios colectivos.

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