En pocas cosas hay tanta unanimidad, entre los partidos políticos que aspiran a formar nuevo gobierno, como en la necesidad de poner en marcha un ambicioso plan de emergencia social. Indicadores estadísticos europeos y nacionales coinciden en destacar una y otra vez los elevados niveles de pobreza, desigualdad y exclusión social que se han alcanzado en España, colocándonos en los primeros puestos entre los países de la UE, abriendo así una brecha social que no para de avanzar y cuyos efectos tardarán años en desaparecer. El problema es que el tiempo que se necesita para generar cambios económicos y sociales de envergadura que transformen esta situación no coincide con las necesidades vitales y personales más urgentes de miles de familias, que no pueden esperar más para que se solucionen auténticos dramas humanos contemporáneos de proporciones devastadores para quienes lo sufren. De ahí la importancia de comprender correctamente la situación de emergencia social en la que nos encontramos y realizar así un adecuado diagnóstico.
Muchos de los síntomas de ese devastador proceso vivido son bien conocidos, en forma de destrucción de puestos de trabajo y desempleo masivo, con la expulsión de amplios sectores de jóvenes y profesionales al extranjero, mientras numerosas familias sin recursos han perdido su casa con los cerca de medio millón de desahucios ejecutados desde el inicio de la crisis, al tiempo que cada vez más personas no pueden pagar incluso sus tratamientos médicos y satisfacer sus necesidades más básicas, hasta el punto de tener que recurrir a comedores sociales y bancos de alimentos en proporciones nunca antes vistas desde la posguerra, con miles de niños en situación de pobreza y vulnerabilidad ante la imposibilidad de sus padres hasta de poder pagar los comedores escolares, con hogares incapaces de hacer frente a los recibos de consumos básicos de agua, electricidad o gas.
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