Ciudades éticas

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Estas semanas de inicio de las nuevas corporaciones municipales en toda España se escuchan numerosos compromisos sobre los proyectos de ciudad que alcaldes y concejales quieren llevar a cabo en sus localidades. Son muchas las propuestas fragmentadas que se hacen, tratando de dar respuesta a necesidades puntuales de los vecinos, pero muy pocas las reflexiones sobre estrategias urbanísticas que puedan mejorar nuestra convivencia; numerosas las ideas sobre el entorno construido o por levantar, pero prácticamente ninguna sobre cómo las personas habitan, de manera individual y colectiva, nuestras ciudades.

Por el contrario, ningún alcalde, concejal o grupo político en los ayuntamientos reflexiona sobre lo que el sociólogo norteamericano Richard Sennett, en su último libro denomina como “ética para la ciudad”, las bases para avanzar hacia ciudades más éticas, en las que se puedan repensar los componentes esenciales de la ciudad que permitan profundizar en valores que den una mayor calidad de vida, en línea con algunas de las últimas propuestas que avanza el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (HABITAT).

Es cierto que nuestros responsables políticos valoran sus mandatos en función de las construcciones, edificios y equipamientos que son capaces de levantar, como si fueran monumentos imperecederos a su gestión. Sin embargo, lo que el historiador francés Fustel de Coulanges bautizó en 1864 como La Ville, lo que hoy entendemos como la ciudad física, compuesta por los edificios, los espacios públicos y las infraestructuras, deben estar al servicio de sus habitantes, quienes con sus usos, sus relaciones e interacciones proyectan los valores que modelan estas ciudades.

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Un nuevo contrato social

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La democracia y el sistema económico van de la mano, de manera que las profundas fracturas que está abriendo en la sociedad el avance de una economía desbocada, daña también la credibilidad en las democracias occidentales y la convivencia misma.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el progreso y la estabilidad de Europa se construyeron mediante la convicción de que era imprescindible construir una sociedad más equitativa por medio de un amplio consenso social. Para ello, los estados tenían que velar por el bienestar de sus ciudadanos, promoviendo que los empresarios proporcionaran unos mínimos vitales a sus empleados y éstos tuvieran unas condiciones de vida adecuadas. Así, sobre la base de grandes acuerdos, los trabajadores accedieron a derechos laborales, empleos dignos, una red de protección social más o menos amplia mediante una política redistributiva que permitiera a su vez, a los empresarios, asegurarse una fuerza de trabajo estable que mantuviera el progreso económico. Estos fueron los cimientos de la economía social de mercado que, con diferentes perfiles, avanzó en todo el continente europeo.

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Territorios de desigualdad

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En el marco del proyecto europeo Urban Audit, desde finales de los años 90, la Comisión Europea, en colaboración con la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), viene recopilando información estadística sobre indicadores urbanos para conocer la calidad de vida de sus principales ciudades. En España, esta recogida y sistematización de datos corresponde el Instituto Nacional de Estadística (INE), a través de 171 variables y 62 indicadores distintos, comunes a 900 municipios de los que se extrae esta amplia información.

Entre las numerosas variables que se analizan se encuentran las de carácter económico, incluyendo tasas de desempleo, así como rentas medias anuales de hogares, por habitante o por unidades de consumo, entre otras, siendo habitualmente las que tienen mayor difusión en los medios de comunicación. Así, se ha venido destacando cómo los municipios con las mayores rentas per cápita de toda España en el año 2016 se situaban en la zona noroeste de Madrid, multiplicando por cuatro a los que tenían una menor renta por habitante y año, todos ellos en Andalucía. En el mismo sentido, también los menores niveles de paro se situaban, básicamente, en los mismos municipios con mayores niveles de renta, con tasas inferiores al 10%, mientras que los municipios con menor renta por habitante son los que concentran también las mayores tasas de desempleo, que en muchos casos superan el 26%, hasta alcanzar el máximo del 32,8%, un lamentable récord que encabeza el municipio jiennense de Linares.

Nacer y vivir en una u otra ciudad determina, de esta forma, no solo las condiciones de vida y las oportunidades que una persona tendrá a lo largo de su vida, sino que marcará de manera decisiva sus opciones vitales, desde su nacimiento hasta su muerte. Es algo que se comprueba, de manera espectacular, al comparar la esperanza de vida que tienen los habitantes de las ciudades más ricas de España y con menor desempleo de la zona noroeste de Madrid, que superan los 85 años, frente a la que tienen quienes viven en los municipios con menores niveles de renta y con mayor desempleo, todos ellos en Andalucía, en torno a los 80 años. De esta forma, una mayor o menor disponibilidad de recursos, en las personas y en los municipios, marcará la vida, la calidad de vida y hasta la duración de esa vida en cada una de las personas, construyendo así una geografía de la desigualdad en España que estos indicadores urbanos muestran de manera contundente.

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Nuestro compromiso con los problemas mundiales

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Todos los países, sus gobiernos y sociedades, hemos asumido compromisos muy importantes sobre buena parte de los desafíos globales que tiene la humanidad en estos momentos. La erradicación del hambre, la lucha contra la pobreza extrema, el cambio climático, la desigualdad profunda o la crisis mundial de desplazamientos son algunos de esos problemas sobre los que solo se podrá avanzar en su solución desde respuestas internacionales coordinadas.

Por si fuera poco, la extensión de políticas económicas regresivas, junto al auge de fuerzas autoritarias de extrema derecha han llevado a un tratamiento brutal hacia quienes viven en la privación y sobre aquellos otros que escapan de guerras o sufren persecuciones. Es por ello que no hay dudas de que, solo y únicamente mediante el acuerdo y la implicación de toda la comunidad internacional, podrán abordarse desafíos que son de carácter global, algo que habitualmente se olvida cuando se formulan muchas de las respuestas políticas de corto alcance con frecuencia se escuchan.

Recientemente se han conocido los datos globales del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la ayuda a los países pobres ofrecida por los treinta países más ricos del planeta y su grado de cumplimiento de la resolución 2626 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 1970 para dar el 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) a los países en desarrollo para luchar, reducir y eliminar la pobreza en el mundo. Las cifras conocidas son desalentadoras porque subrayan que la ayuda en el mundo hacia los países empobrecidos descendió un 2,8% respecto al año 2017, llevando el esfuerzo de todos los países donantes a un escaso 0,31%, un nivel prácticamente constante en una década y muy por debajo del compromiso del 0,7% asumido hace ya casi medio siglo. Todo ello cuando los problemas globales pendientes no paran de aumentar y cuando los países occidentales suscribieron nuevamente el compromiso de alcanzar el tan gastado objetivo del 0,7% en el año 2030 a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). No hace falta saber muchas matemáticas para asegurar que, una vez más, lejos de avanzarse hacia su cumplimiento, los países se alejan del mismo.

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25 años del 0,7%

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Se cumplen veinticinco años de las grandes movilizaciones que tuvieron lugar en toda España a favor del 0,7% del PNB de ayuda a los países empobrecidos, impulsando un movimiento insólito en el mundo por su fuerza, aunque sus resultados, con la perspectiva que dan estos años, no hayan sido los esperados.

Un cuarto de siglo es tiempo suficiente para realizar un pequeño análisis de lo que significó esta emblemática campaña para el conjunto de la sociedad, precisamente en unos momentos en que la política estatal de ayuda al desarrollo en España ha caído a mínimos históricos, tras la profunda involución protagonizada por losGobiernos del PP.

El 6 de abril de 1994 el entonces presidente de Ruanda, el general Juvenal Habyarimana, murió cuando su avión, a punto de aterrizar en el aeropuerto de la capital, Kigali, fue alcanzado por varios misiles. A continuación, los rebeldes del Frente Patriótico Ruandés (FPR) avanzaron sobre la capital, desencadenando uno de los más terribles genocidios conocidos en el siglo XX. Entre 800.000 y 1.000.000 de personas, mayoritariamente de etnia tutsi, fueron asesinadas de forma premeditada, en una acción planificada durante meses por fanáticos Hutus, con la complicidad de varios Gobiernos occidentales. El 75% de los tutsis fueron asesinados de manera cruel, al tiempo que la práctica totalidad de las mujeres de esta etnia que sobrevivieron al genocidio, fueron violadas. Todo ello originó una gigantesca catástrofe humanitaria provocada por millones de personas que huían de forma desesperada para escapar de una muerte segura, especialmente hacia improvisados campos de refugiados en Zaire, hoy República Democrática del Congo.

La dimensión de la tragedia y especialmente la rapidez con que se desarrolló, contaron con la pasividad de la comunidad internacional y de instituciones internacionales, que demostraron el escaso valor que otorgaban a la vida humana en algunas partes del planeta. Pero en esta ocasión, los medios de comunicación retransmitieron por vez primera y en tiempo real, informaciones que detallaban la dimensión del gigantesco drama que se estaba viviendo en la región de los Grandes Lagos. Ante nuestros ojos aparecían cientos de miles de personas cuyo único propósito a lo largo de toda su vida era sobrevivir, algo que significó un auténtico aldabonazo en muchas conciencias, llevando a numerosos ciudadanos de bien a preguntarse por las causas de tanto horror y la manera de paliar tanto sufrimiento humano. Se iniciaba un cambio trascendental en la opinión pública española, que empezaba a mostrarse a favor de la ayuda a los países pobres y la cooperación internacional.

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Revisando el Trabajo Social

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Sobrecogidos todavía por el presunto asesinato de dos niños de muy corta edad a manos de sus propios progenitores en Godella (Valencia), se han escuchado voces que, en caliente y careciendo de la necesaria información, han tratado de culpar a los trabajadores sociales por no haber intervenido antes para evitar la tragedia. En un país tan aficionado a los juicios populares, lejos de aprender para reforzar los mecanismos y dispositivos públicos necesarios para evitar que se repitan situaciones similares, preferimos llenar nuestras particulares hogueras de víctimas para tranquilizar las conciencias.

Sin embargo, y aunque no podemos conocer en detalle los perfiles de un caso que mantiene la obligada confidencialidad de la intervención realizada por los diferentes profesionales, ha trascendido la información de que la abuela de los niños había comunicado a los servicios sociales su preocupación por el bienestar de éstos, así como por la propia situación de inestabilidad mental su hija, quien al parecer, sufría un serio trastorno que requería una intervención y seguimiento médico adecuado del que carecía. Lo cierto es que los dos niños fallecieron de manera violenta, certificando un fallo en la protección hacia esos menores que exige revisar los procedimientos utilizados para evitar que en el futuro, algo similar vuelva a repetirse.

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La maldición de Alicante

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A estas alturas, resulta difícil comprender los motivos por los que seguimos, una y otra vez, erosionando las capacidades y potencialidades de Alicante, una ciudad y una provincia con unas condiciones magníficas que, desde hace demasiado tiempo, no paramos de maltratar. Sin aprender del pasado, como si viviéramos en un continuo día de la marmota, vemos una y otra vez decisiones y errores que se han repetido con anterioridad, de los que nadie parece ser responsable pero que todos lamentamos después. En Alicante, nadie parece asumir las decisiones dañinas, pero todos tenemos que afrontar las consecuencias futuras.

La última barbaridad que se está perpetrando en esta ciudad, en tiempo real y a los ojos de todos, es el adefesio que se está levantando, a quemarropa, en la plaza del Puerto, donde están construyendo una nueva oficina de turismo bajo la dirección de la Agencia Valenciana de Turismo de la Generalitat Valenciana, por un importe cercano a 700.000 euros. Bien es cierto que el proyecto, conocido y aprobado también por el Ayuntamiento de Alicante, se cederá posteriormente durante cuatro años al consistorio, quien se encargará de la gestión, mantenimiento y dotación de personal a lo largo de ese tiempo.

Cualquiera que vea la estructura de hierro de varias plantas que estos días se ha levantado en el lugar que ocupaba anteriormente un tiovivo que fue retirado, se dará cuenta del daño y la agresión urbana que supone. El artefacto se atraviesa delante de uno de los edificios más espléndidos que tiene la ciudad, la Casa Carbonell, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y una de las imágenes que nuestros visitantes captan en sus fotografías, en el inicio de la Explana que nace bajo sus pies, al tiempo que se interpone ante el verdadero icono de la ciudad, como es el Castillo de Santa Bárbara, que también tiene la declaración de BIC, cuya visión ahora se interrumpe desde algunos lugares del Puerto al tener este nuevo mamotreto por delante. Vayan a verlo y comprueben, de primera mano, el daño al paisaje visual de la zona, como bien están empezando a denunciar en las redes sociales diferentes vecinos.

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