A dieciséis días de que finalice el plazo que Europa se dio para dar respuesta a la mal llamada crisis de los refugiados, que alcanzó su máxima intensidad hace dos años y que desembocó en el solemne acuerdo del Consejo Europeo sobre Migración suscrito en septiembre de 2015 por todos los presidentes de países europeos, para acoger la exigua cifra de 160.000 personas en dos años, en régimen de reubicación y reasentamiento, podemos ya hablar de deliberado incumplimiento de este compromiso. Y con ello, un descalabro que ha certificado la indolencia sobre refugiados y migrantes forzosos como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones jurídicas derivadas del derecho internacional en materia de asilo y refugio. Y al Gobierno español le corresponde una parte de ese incumplimiento, en la medida en que de los 17.337 asignados, únicamente ha acogido a un 11% de ellos, 1.887 refugiados en los dos años en los que el acuerdo ha estado en vigor.
Más allá de insistir en el significado de este grave fracaso político que contribuye a debilitar la credibilidad del proyecto europeo ante sus ciudadanos y ante el mundo en unos momentos particularmente críticos, dañando los principios y valores fundamentales que alimentaron la creación de la Unión Europea y erosionando las obligaciones jurídicas y éticas de Europa en materia de solidaridad y derecho internacional, es importante que tratemos de reflexionar para reforzar nuestra capacidad de respuesta ante tragedias humanitarias como las que seguimos viviendo y sin duda se repetirán.
