Como si revivieran una terrible pesadilla, los argentinos vuelven a adentrarse en el agujero del colapso económico y social que ha tomado carta de naturaleza con el reciente anuncio de default realizado por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, confirmando que el país dejaría de pagar sus próximos vencimientos de deuda, por un importe superior a los 100.000 millones de dólares, contraída de manera irresponsable por el gobierno de Mauricio Macri.
En realidad, el país nunca se había recuperado de las profundas heridas causadas por la anterior crisis económica vivida entre 1998 y 2002. Con anterioridad a ese período, el país había protagonizado una cadena de disparates económicos contando con el beneplácito internacional, desde que en el año 1991 el gobierno de Carlos Menem decretó la Ley de Convertibilidad, mediante la que un peso argentino era convertible a un dólar, para intentar detener la hiperinflación que vivía el país, superior al 3.000% anual. Al contrario, se generó una sobrevaloración del peso, provocando una profunda recesión económica, con un aumento de la pobreza, saqueos de tiendas y supermercados, junto a una caída en las reservas de divisas y la fuga masiva de capitales, mientras la deuda externa no paraba de crecer hasta niveles insostenibles. De esta forma, la economía argentina no dejó de caer en picado, y tras una sucesión de gobiernos y un empeoramiento del clima social, en diciembre de 2001 el gobierno de Fernando de la Rúa anunció el “corralito”, la limitación en la disposición y uso del dinero en efectivo, junto a la congelación de depósitos bancarios, acompañado posteriormente del fin de la convertibilidad entre el peso y el dólar, lo que provocó una devaluación del peso superior al 300% y la incautación de todo el dinero en dólares que tenían los ciudadanos en los bancos. De golpe se arrojó a la pobreza y a la emigración a cientos de miles de argentinos a los que se dejó sin nada.
