Desde que el diario INFORMACIÓN desvelara el escándalo en las 140 Viviendas de Protección Pública (VPP) en el edificio Les Naus, el 29 de enero, no se han dejado de publicar y revelar toda una catarata de irregularidades relacionadas con el proceso de gestión de estos pisos, los perfiles de los beneficiarios que han accedido a los mismos junto a la pasividad, cuando no irresponsabilidad, de las instituciones que deberían haber velado por el cumplimiento de los requisitos para este tipo de viviendas sometidas a un régimen jurídico específico así como el adecuado destino de unos hogares que tantas personas necesitan.
Resulta difícil mantener la serenidad y la calma al saber los detalles tan increíbles que se han ido conociendo al demostrar, negro sobre blanco, la desvergüenza con la que un grupo selecto de aprovechados se ha apropiado de estas viviendas, como si fueran un botín que les perteneciera y por el que no tenían que rendir cuentas. Recordemos que en las diferentes normativas aprobadas sobre Viviendas de Protección Pública (VPP) a precio reducido en la Comunitat Valenciana y el régimen jurídico que las regula se recoge expresamente el propósito de impulsar con ellas “la promoción pública de vivienda asequible en un momento de especial necesidad para las rentas medias y bajas”. Por el contrario, el edificio Les Naus, en Alicante, se ha convertido en una promoción de Viviendas Para Privilegiados (VPP).
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