Argentina ante un nuevo colapso

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Como si revivieran una terrible pesadilla, los argentinos vuelven a adentrarse en el agujero del colapso económico y social que ha tomado carta de naturaleza con el reciente anuncio de default realizado por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, confirmando que el país dejaría de pagar sus próximos vencimientos de deuda, por un importe superior a los 100.000 millones de dólares, contraída de manera irresponsable por el gobierno de Mauricio Macri.

En realidad, el país nunca se había recuperado de las profundas heridas causadas por la anterior crisis económica vivida entre 1998 y 2002. Con anterioridad a ese período, el país había protagonizado una cadena de disparates económicos contando con el beneplácito internacional, desde que en el año 1991 el gobierno de Carlos Menem decretó la Ley de Convertibilidad, mediante la que un peso argentino era convertible a un dólar, para intentar detener la hiperinflación que vivía el país, superior al 3.000% anual. Al contrario, se generó una sobrevaloración del peso, provocando una profunda recesión económica, con un aumento de la pobreza, saqueos de tiendas y supermercados, junto a una caída en las reservas de divisas y la fuga masiva de capitales, mientras la deuda externa no paraba de crecer hasta niveles insostenibles. De esta forma, la economía argentina no dejó de caer en picado, y tras una sucesión de gobiernos y un empeoramiento del clima social, en diciembre de 2001 el gobierno de Fernando de la Rúa anunció el “corralito”, la limitación en la disposición y uso del dinero en efectivo, junto a la congelación de depósitos bancarios, acompañado posteriormente del fin de la convertibilidad entre el peso y el dólar, lo que provocó una devaluación del peso superior al 300% y la incautación de todo el dinero en dólares que tenían los ciudadanos en los bancos. De golpe se arrojó a la pobreza y a la emigración a cientos de miles de argentinos a los que se dejó sin nada.

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Impactos sociales del alquiler turístico

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Con frecuencia, somos incapaces de comprender y anticiparnos a cambios y transformaciones que suceden en nuestras ciudades y barrios. En algunos casos, por la velocidad tan acelerada a la que se suceden, en otros, por carecer de herramientas adecuadas de comprensión, pero también por incapacidad manifiesta de nuestros responsables públicos.

El derecho al descanso, la ocupación a veces salvaje de los espacios públicos por terrazas y veladores, la falta de viviendas asequibles, las bolsas de pobreza y desigualdad, el encarecimiento del mercado de alquiler, la ausencia de equipamientos públicos y zonas verdes, el envejecimiento poblacional, el deterioro de los espacios de convivencia, la expulsión de los vecinos de toda la vida, la turistificación descontrolada, junto a la pérdida del patrimonio urbano, son algunos de los problemas más importantes que están encima de la mesa en ciudades como Alicante, con particular intensidad en el Centro Tradicional y el Casco Antiguo, generando conflictos vecinales así como profundas mutaciones en calles y barrios.

Todo ello se agrava cuando las instituciones públicas, en particular las municipales, se muestran incapaces de comprender adecuadamente todos estos procesos, careciendo incluso de instrumentos para la intervención. Por decirlo de otra forma, difícilmente Alicante va a poder abordar algunos desafíos novedosos del siglo XXI con herramientas caducas del siglo XX, como el Plan General de 1987, actualmente en vigor, por mucho que se empeñen sus responsables municipales en afirmar lo contrario.Sigue leyendo

Migraciones africanas: mitos y certezas

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Sin duda, la inmigración es uno de los grandes elementos de debate en la sociedad, que se intensifica ante acontecimientos como el rescate de migrantes y refugiados en aguas del Mediterráneo, como sucede en los últimos tiempos. Es entonces cuando se multiplican opiniones y declaraciones de distinta naturaleza, algunas llevadas por el miedo y el desconocimiento, otras tratando de difundir mensajes falsos y alarmistas, junto a un buen número de comentarios que, impulsados por los buenos sentimientos, se hacen eco de algunos mitos que, de forma interesada, se repiten desde sectores reaccionarios. El resultado de todo ello es que cada vez ocupan más espacio los exabruptos, el griterío y las falacias que, como la lluvia fina, acaban por calar en la gente, frente al conocimiento preciso, derivado del estudio, la investigación y el análisis empírico de un fenómeno tan complejo como multidimensional.

Lo paradójico es que cuantos más esfuerzos se hacen para conocer, estudiar, investigar e intervenir sobre las migraciones, cuantas más personas, instituciones, investigadores, universidades y centros se dedican a su estudio, más parecen avanzar entre la población ideas preconcebidas, sentimientos de rechazo y afirmaciones carentes de rigor que en nada ayudan a comprender mejor los procesos migratorios. Y es posible que una parte de responsabilidad la tengamos quienes nos dedicamos a su análisis e investigación académica, recluidos en nuestros círculos universitarios, en nuestras revistas científicas de impacto y en tantos congresos de consumo interno. Siempre he creído que el conocimiento científico y riguroso debe acercarse a la sociedad a través de diferentes caminos, desbordando los diques en los que habitualmente está confinado. Con mayor motivo cuando hablamos de asuntos con tanto impacto entre la ciudadanía y los responsables políticos como la inmigración.

De manera que tenemos por delante un enorme trabajo para mejorar el conocimiento real sobre los fenómenos migratorios, sus orígenes, impactos y consecuencias, en origen y destino, sin dejarnos llevar ni por buenismos desenfocados ni tampoco por discursos complacientes. Y este desafío resulta particularmente importante en estos tiempos en los que el grito, el insulto y la ocurrencia fácil intoxican con demasiada frecuencia a la opinión pública. Intentemos así aportar algunas certezas sobre las migraciones africanas, origen de buena parte de las migraciones que cruzan el Mediterráneo.

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Inmediata acogida

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Mientras millones de personas disfrutan en sus vacaciones de las aguas y playas del Mediterráneo, a las costas de diferentes países tratan de llegar precarias embarcaciones cargadas de personas que arriesgan su vida huyendo de horrores y buscando una vida mejor, como estamos viendo en Alicante con el goteo de pateras como las que han alcanzado recientemente nuestras costas en estas fechas. Al mismo tiempo, el barco español Open Arms se mantiene al suroeste de Malta, tras haber rescatado a 121 personas que navegaban a la deriva. Ahí están, a la espera de que algún país europeo autorice el desembarco humanitario de todos estos migrantes forzosos, mientras la UE sigue mirando para otro lado.

Una vez más, la Unión Europea demuestra su actitud irresponsable, negándose a aplicar las obligaciones aprobadas en su Agenda Europea de Migración {COM (2015) 240 final} en vigor, donde los gobiernos europeos se comprometieron a “ofrecer respuestas rápidas para salvar vidas humanas” de los refugiados que llegaran por mar “mediante una bienvenida manifestación de solidaridad que se mantendrá mientras persista la presión migratoria”, mediante “mecanismos de intervención de emergencia”. Pedir que se ofrezca con urgencia un puerto para el desembarco seguro de los rescatados por el Open Arms no solo supone un acto imprescindible de humanidad, regulado por el sagrado deber de socorro en el mar y de salvamento marítimo del Convenio Internacional de Búsqueda y Salvamento, además significaría un escrupuloso respeto a los sagrados compromisos adquiridos en la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de 1967. Además, reclamar el inmediato desembarco y la atención a las mujeres, menores y hombres rescatados en el mar significa exigir el cumplimiento de unos acuerdos europeos en materia migratoria vigentes, que han sido y son vulnerados por los mismos gobiernos que los firmaron.

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El debate sobre la renta básica universal

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La propuesta de implantar una renta básica universal avanza en todo el mundo, en instituciones, universidades, gobiernos y países muy distintos, convirtiéndose en un interesante elemento de debate.

Hay quienes defienden con firmeza su necesidad social y su viabilidad financiera, sosteniendo que es la fórmula más rápida para acabar con la pobreza y las desigualdades, ya que una vez generalizada permitirá eliminar un buen número de problemas sociales. Otros señalan que los estados contemporáneos, sometidos a niveles de endeudamiento imparables y difícilmente sostenibles, que con dificultad pueden hacer frente a sus compromisos esenciales, no podrían bajo ningún concepto asumir el gigantesco gasto que implicaría su instauración. También hay quienes han analizado con detalle los profundos cambios que se están experimentando en el mercado de trabajo por la automatización y la globalización de la economía, extendiendo un paro y una precariedad cada vez mayores que podrían amortiguarse mediante la implantación de rentas básicas que frenen la extensión de los populismos. Y por supuesto que también, otros muchos, rechazan de plano su puesta en marcha afirmando que es un disparate injustificable que crearía un ejército de vagos, rompiendo los principios de la cultura del trabajo y del esfuerzo.Sigue leyendo

Ciudades éticas

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Estas semanas de inicio de las nuevas corporaciones municipales en toda España se escuchan numerosos compromisos sobre los proyectos de ciudad que alcaldes y concejales quieren llevar a cabo en sus localidades. Son muchas las propuestas fragmentadas que se hacen, tratando de dar respuesta a necesidades puntuales de los vecinos, pero muy pocas las reflexiones sobre estrategias urbanísticas que puedan mejorar nuestra convivencia; numerosas las ideas sobre el entorno construido o por levantar, pero prácticamente ninguna sobre cómo las personas habitan, de manera individual y colectiva, nuestras ciudades.

Por el contrario, ningún alcalde, concejal o grupo político en los ayuntamientos reflexiona sobre lo que el sociólogo norteamericano Richard Sennett, en su último libro denomina como “ética para la ciudad”, las bases para avanzar hacia ciudades más éticas, en las que se puedan repensar los componentes esenciales de la ciudad que permitan profundizar en valores que den una mayor calidad de vida, en línea con algunas de las últimas propuestas que avanza el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (HABITAT).

Es cierto que nuestros responsables políticos valoran sus mandatos en función de las construcciones, edificios y equipamientos que son capaces de levantar, como si fueran monumentos imperecederos a su gestión. Sin embargo, lo que el historiador francés Fustel de Coulanges bautizó en 1864 como La Ville, lo que hoy entendemos como la ciudad física, compuesta por los edificios, los espacios públicos y las infraestructuras, deben estar al servicio de sus habitantes, quienes con sus usos, sus relaciones e interacciones proyectan los valores que modelan estas ciudades.

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Un nuevo contrato social

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La democracia y el sistema económico van de la mano, de manera que las profundas fracturas que está abriendo en la sociedad el avance de una economía desbocada, daña también la credibilidad en las democracias occidentales y la convivencia misma.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el progreso y la estabilidad de Europa se construyeron mediante la convicción de que era imprescindible construir una sociedad más equitativa por medio de un amplio consenso social. Para ello, los estados tenían que velar por el bienestar de sus ciudadanos, promoviendo que los empresarios proporcionaran unos mínimos vitales a sus empleados y éstos tuvieran unas condiciones de vida adecuadas. Así, sobre la base de grandes acuerdos, los trabajadores accedieron a derechos laborales, empleos dignos, una red de protección social más o menos amplia mediante una política redistributiva que permitiera a su vez, a los empresarios, asegurarse una fuerza de trabajo estable que mantuviera el progreso económico. Estos fueron los cimientos de la economía social de mercado que, con diferentes perfiles, avanzó en todo el continente europeo.

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