Nuevos enfoques sobre los MENA

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A pesar de que los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) son un grupo objeto de una especial protección jurídica y social, con arreglo a lo recogido por los tratados internacionales y la legislación española sobre menores en situación de riesgo, en los últimos meses han venido centrando debates, polémicas e incluso campañas políticas que los han puesto en el disparadero de no pocos mensajes xenófobos. De esta manera confluyen dos corrientes simultáneas que están ayudando muy poco a comprender, intervenir y mejorar los programas de atención sobre este colectivo. Por un lado, aquellos que quieren criminalizar a estos chavales como parte de su programa xenófobo y de odio, pero también, quienes instalados en un discurso tontorrón y políticamente correcto proyectan un buenismo infinito y alejado de la realidad sobre un colectivo que presenta problemáticas específicas de una enorme complejidad que no podemos ignorar.

Empecemos señalando algo sorprendente, que añade todavía más dificultad a la hora de trabajar sobre este colectivo: en España no sabemos con precisión el número de MENA que existen, en la medida en que los datos que ofrecen diferentes instituciones oficiales de la máxima relevancia son muy dispares. Es cierto que hay situaciones específicas que dificultan esa información, pero no es de recibo tanta contradicción entre instituciones públicas en datos tan importantes.

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Oligarquías digitales

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Los gobiernos que concentran el poder en un pequeño grupo de personas se denominan oligarquías, caracterizándose por controlar el conjunto de las políticas del Estado a favor de sus intereses. Para ello, monopolizan la economía, desplegando un amplio dominio sobre el poder político, al tiempo que ejercen una concentración progresiva de los recursos a su servicio. El resultado es un acaparamiento de la economía en beneficio de estos oligarcas, generando una desigualdad creciente en el reparto y acceso a los recursos, causando procesos de acumulación de riqueza, de renta y poder a costa de aumentar los sectores empobrecidos. El resultado es el debilitamiento de los sistemas democráticos, aumentando la injusticia y la impunidad.

En un mundo cada vez más dislocado por las profundas desigualdades que están dañando las bases de la convivencia, se abre paso con fuerza una nueva forma de concentración de poder, de riqueza y de control nunca antes visto, de la mano de las grandes corporaciones y monopolios digitales. Hasta el punto que se está produciendo una reconfiguración silenciosa de la economía y también del poder político en todos los países, de la mano de poderosas empresas tecnológicas especializadas en uno de los productos más valiosos en estos momentos: los datos personales.

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La ruta migratoria entre Argelia y Alicante

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Cuando el domingo 16 de septiembre de 2007, Ahmed y sus cinco acompañantes de la patera en la que navegaron por la noche desembarcaron en las costas alicantinas no sabían que estaban inaugurando las migraciones irregulares entre Argelia y esta provincia a través del Mediterráneo. Tras esta primera embarcación, a lo largo de ese año, llegaron hasta nuestras costas otras nueve pateras más que trajeron a un total de 123 inmigrantes, todos ellos argelinos, en travesías que apuntaban a la participación de buques nodriza, una sospecha que se mantiene hasta hoy en día, como bien saben las autoridades marítimas y las fuerzas de seguridad.

Ya desde el primer momento, los responsables, a nivel estatal y autonómico, se empeñaron en demostrar dos cosas: un profundo desconocimiento de los procesos migratorios que alimentaban estas llegadas, junto a una utilización partidista absolutamente miserable de las migraciones en la confrontación política. Como testimonio de lo primero, la entonces secretaria de Estado de Inmigración, ConsueloRumí, calificó de “anecdótica” la llegada de esta primera patera. Desde entonces, los hechos han demostrado su error, ya que hasta la fecha, todos los años han desembarcado en mayor o menor medida pateras en Alicante, totalizando 231 embarcaciones que han traído a cerca de 1.400 personas, fundamentalmente argelinos. Pero lo más llamativo fueron las declaraciones incendiarias que ante la llegada de la primera patera hasta Alicante hizo, por entonces, la Generalitat Valenciana, presidida por el PP, por boca del inefable Rafael Blasco, quien afirmó, sin despeinarse, que “todo era culpa de Zapatero”. El profundo daño que durante años Blasco hizo a esta Comunidad fue más allá de lo recogido en los diferentes sumarios judiciales que ha protagonizado.

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El humo de los refugiados

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Por distintos motivos, en los últimos meses, distintas informaciones y decisiones sobre los refugiados en España han generado sorpresa y desconcierto. Es cierto que la política de asilo y refugio en España, por llamarla de alguna manera, lleva demasiados años abandonada a su suerte, de espaldas a los compromisos jurídicos internacionales que nuestro país tiene en este campo y ajena a los conflictos, guerras y tragedias que vienen asolando el mundo y que obligan a millones de personas a abandonar sus hogares. La solución, nada sencilla, requiere del principio de solidaridad compartida que impulsa las Naciones Unidas, afrontando de manera conjunta los nuevos desafíos que plantean los desplazamientos forzosos hoy en día.

El sistema de protección internacional en nuestro país ha sufrido históricamente de una deliberada desidia, tanto en la lamentable situación de las Oficinas de Asilo y Refugio (OAR), como en la falta de medios y personal imprescindible para atender con humanidad a las personas solicitantes de asilo en España, lo que ha supuesto la vulneración de directivas europeas y compromisos internacionales, al tiempo que se añadía sufrimiento a personas y familias que ya acumulan demasiado dolor. Los enormes desajustes en un sistema de asilo que solo admite a trámite y acepta una de cada cuatro solicitudes de asilo, una de las más bajas tasas de Europa, con tardanzas en la tramitación de solicitudes que llegan con frecuencia a cerca de dos años, la progresiva acumulación de expedientes sin resolver, junto a los criterios frecuentemente políticos y no humanitarios a la hora de conceder los reconocimientos de asilo y protección internacional, añaden intranquilidad a los afectados, quienes al acceder al sistema de refugio en España se sumergen en un limbo intemporal de consecuencias desconocidas.

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Entre la retórica y las potencialidades de los ODS

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Estos días, se cumplen cuatro años de la aprobación por los 193 jefes de Estado y de Gobierno que forman parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la llamada Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la hoja de ruta más ambiciosa aprobada por la humanidad que integra por vez primera tres dimensiones esenciales del desarrollo: la económica, la social y la ambiental.

Así, del 25 al 27 de septiembre de 2015, se repitieron los discursos de líderes mundiales insistiendo en que estaban decididos a poner fin a la pobreza y al hambre en todo el mundo para el año 2030, a combatir las desigualdades, construir sociedades pacíficas, proteger los derechos humanos, promover la igualdad entre géneros y el empoderamiento de las mujeres, garantizando la protección del planeta y sus recursos naturales. Así lo firmaron mediante una agenda amplia y detallada en la que se recogían 17 grandes objetivos, junto a 169 metas y 230 indicadores medibles.

Hermosas palabras que muchos de los gobernantes que firmaron estos acuerdos se han encargado en hacer trizas desde entonces, empujando a la humanidad y al planeta a una crisis ecosocial de dimensiones históricas. Ya lo advirtió con particular acierto el Papa Francisco, en el discurso que dio en la sesión inaugural de esta cumbre, cuando con particular lucidez señaló al referirse a los ODS: “Hemos de evitar toda tentación de caer en un nominalismo declaracionista con efecto tranquilizador de conciencias”. Efectivamente, esta Agenda 2030 está siendo utilizada por muchos gobiernos como un ejercicio de retórica hueca que sirve para ocultar sus responsabilidades inmediatas y encubrir incumplimientos esenciales en materia de derechos humanos, lucha contra la pobreza, igualdad de género, solidaridad internacional, cuidado del planeta, cambio climático o desigualdad, por señalar algunos de ellos.

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Argentina ante un nuevo colapso

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Como si revivieran una terrible pesadilla, los argentinos vuelven a adentrarse en el agujero del colapso económico y social que ha tomado carta de naturaleza con el reciente anuncio de default realizado por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, confirmando que el país dejaría de pagar sus próximos vencimientos de deuda, por un importe superior a los 100.000 millones de dólares, contraída de manera irresponsable por el gobierno de Mauricio Macri.

En realidad, el país nunca se había recuperado de las profundas heridas causadas por la anterior crisis económica vivida entre 1998 y 2002. Con anterioridad a ese período, el país había protagonizado una cadena de disparates económicos contando con el beneplácito internacional, desde que en el año 1991 el gobierno de Carlos Menem decretó la Ley de Convertibilidad, mediante la que un peso argentino era convertible a un dólar, para intentar detener la hiperinflación que vivía el país, superior al 3.000% anual. Al contrario, se generó una sobrevaloración del peso, provocando una profunda recesión económica, con un aumento de la pobreza, saqueos de tiendas y supermercados, junto a una caída en las reservas de divisas y la fuga masiva de capitales, mientras la deuda externa no paraba de crecer hasta niveles insostenibles. De esta forma, la economía argentina no dejó de caer en picado, y tras una sucesión de gobiernos y un empeoramiento del clima social, en diciembre de 2001 el gobierno de Fernando de la Rúa anunció el “corralito”, la limitación en la disposición y uso del dinero en efectivo, junto a la congelación de depósitos bancarios, acompañado posteriormente del fin de la convertibilidad entre el peso y el dólar, lo que provocó una devaluación del peso superior al 300% y la incautación de todo el dinero en dólares que tenían los ciudadanos en los bancos. De golpe se arrojó a la pobreza y a la emigración a cientos de miles de argentinos a los que se dejó sin nada.

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Impactos sociales del alquiler turístico

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Con frecuencia, somos incapaces de comprender y anticiparnos a cambios y transformaciones que suceden en nuestras ciudades y barrios. En algunos casos, por la velocidad tan acelerada a la que se suceden, en otros, por carecer de herramientas adecuadas de comprensión, pero también por incapacidad manifiesta de nuestros responsables públicos.

El derecho al descanso, la ocupación a veces salvaje de los espacios públicos por terrazas y veladores, la falta de viviendas asequibles, las bolsas de pobreza y desigualdad, el encarecimiento del mercado de alquiler, la ausencia de equipamientos públicos y zonas verdes, el envejecimiento poblacional, el deterioro de los espacios de convivencia, la expulsión de los vecinos de toda la vida, la turistificación descontrolada, junto a la pérdida del patrimonio urbano, son algunos de los problemas más importantes que están encima de la mesa en ciudades como Alicante, con particular intensidad en el Centro Tradicional y el Casco Antiguo, generando conflictos vecinales así como profundas mutaciones en calles y barrios.

Todo ello se agrava cuando las instituciones públicas, en particular las municipales, se muestran incapaces de comprender adecuadamente todos estos procesos, careciendo incluso de instrumentos para la intervención. Por decirlo de otra forma, difícilmente Alicante va a poder abordar algunos desafíos novedosos del siglo XXI con herramientas caducas del siglo XX, como el Plan General de 1987, actualmente en vigor, por mucho que se empeñen sus responsables municipales en afirmar lo contrario.Sigue leyendo