
Sacar a cientos de miles de personas de la marginalidad, garantizar sus derechos y obligaciones e incorporarlas a nuestra sociedad es una contribución fundamental a la convivencia democrática. Por ello se ha puesto en marcha el proceso de regularización extraordinario para aquellas personas migrantes que residen en España, vigente hasta el 30 de junio de este año, permitiendo solicitar autorizaciones de trabajo y residencia a quienes hubieran llegado antes del 1 de enero de 2026 y cumplan los requisitos previstos en la normativa aprobada por el Consejo de Ministros del 14 de abril.
En estos primeros días, las colas de inmigrantes en las calles ante oficinas públicas, la confusión y las dudas en procedimientos nada sencillos han centrado la atención. Si bien desde el inicio de la etapa democrática se han realizado otros nueve procesos anteriores, tanto con gobiernos del PSOE como del PP, no estamos ante uno más, ni mucho menos, ni tampoco es similar a ninguno de los realizados. En efecto, asistimos al proceso extraordinario de regularización de personas migrantes más excepcional de todos los llevados a cabo por tres motivos fundamentales.
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