Salvar vidas no puede ser un delito, como tampoco puede dejar indiferente a nadie que haya personas que dedicando su vida a ello sean tratadas por las autoridades europeas en distintos países como delincuentes. Salvar la vida de las personas, de cualquier persona que corre el peligro de morir, debería ser considerado como un acto de entrega, un ejemplo de humanidad, una admirable muestra de bondad en medio de un mundo que debilita los sentimientos más nobles, sustituyéndolos por los cálculos económicos más prosaicos.
Salvar a un niño sin futuro a punto de ahogarse, a una madre que sujeta con fuerza a sus hijos para que se mantengan a flote, a jóvenes que han escapado de la muerte y del hambre en medio de las frías aguas del Mediterráneo, tendría que ser elogiado por todos aquellos que tengan alma, por gobernantes y dirigentes políticos, por ministros y comisarios europeos de cualquier partido y color político. Rescatar a los tripulantes de un bote que se hunde en un mar que se ha tragado más de 15.500 vidas en los últimos cuatro años, según datos oficiales contabilizados por Naciones Unidas, debería abrir todos los informativos, contar con una mención en los consejos de ministros, recibir una felicitación entusiasta en las cumbres de presidentes de la UE, obtener los máximos elogios de obispos y sacerdotes que no paran de proclamar una y otra vez su absoluto respeto por la vida humana. Sin embargo, la progresiva descomposición de los valores, principios y acuerdos fundamentales sobre los que avanza la Europa contemporánea e impulsan sus dirigentes lleva al delirio de apresar, detener y tratar como a delincuentes a aquellos que, sustituyendo la pasividad y la inacción cómplices que muestran los gobiernos europeos ante la tragedia que se vive en el Mediterráneo desde hace años, han decidido dedicar su vida y sus energías a rescatar de una muerte segura a miles de desesperados que se lanzan al mar en frágiles embarcaciones.
