La maldición de Alicante

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A estas alturas, resulta difícil comprender los motivos por los que seguimos, una y otra vez, erosionando las capacidades y potencialidades de Alicante, una ciudad y una provincia con unas condiciones magníficas que, desde hace demasiado tiempo, no paramos de maltratar. Sin aprender del pasado, como si viviéramos en un continuo día de la marmota, vemos una y otra vez decisiones y errores que se han repetido con anterioridad, de los que nadie parece ser responsable pero que todos lamentamos después. En Alicante, nadie parece asumir las decisiones dañinas, pero todos tenemos que afrontar las consecuencias futuras.

La última barbaridad que se está perpetrando en esta ciudad, en tiempo real y a los ojos de todos, es el adefesio que se está levantando, a quemarropa, en la plaza del Puerto, donde están construyendo una nueva oficina de turismo bajo la dirección de la Agencia Valenciana de Turismo de la Generalitat Valenciana, por un importe cercano a 700.000 euros. Bien es cierto que el proyecto, conocido y aprobado también por el Ayuntamiento de Alicante, se cederá posteriormente durante cuatro años al consistorio, quien se encargará de la gestión, mantenimiento y dotación de personal a lo largo de ese tiempo.

Cualquiera que vea la estructura de hierro de varias plantas que estos días se ha levantado en el lugar que ocupaba anteriormente un tiovivo que fue retirado, se dará cuenta del daño y la agresión urbana que supone. El artefacto se atraviesa delante de uno de los edificios más espléndidos que tiene la ciudad, la Casa Carbonell, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y una de las imágenes que nuestros visitantes captan en sus fotografías, en el inicio de la Explana que nace bajo sus pies, al tiempo que se interpone ante el verdadero icono de la ciudad, como es el Castillo de Santa Bárbara, que también tiene la declaración de BIC, cuya visión ahora se interrumpe desde algunos lugares del Puerto al tener este nuevo mamotreto por delante. Vayan a verlo y comprueben, de primera mano, el daño al paisaje visual de la zona, como bien están empezando a denunciar en las redes sociales diferentes vecinos.

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La excusa humanitaria

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En las últimas semanas, el envío de ayuda humanitaria a Venezuela viene siendo utilizado como un elemento más del conflicto que amenaza con desencadenar una guerra en una zona particularmente sensible de América Latina. Sin embargo, existe una coincidencia generalizada entre las ONG internacionales, instituciones y especialistas de la cooperación internacional: se está tratando de utilizar un aparente interés humanitario para justificar, facilitar y abrir la puerta a una intervención que pueda acabar con el régimen de Nicolás Maduro y poner en su lugar al candidato de Estados Unidos, JuanGuaidó.

Venezuela atraviesa una situación catastrófica que no deja de empeorar, con una población que sobrevive en medio de gigantescas penurias, sin poder satisfacer sus necesidades más elementales como la alimentación, con hospitales que carecen de lo más básico o no pueden prestar atenciones esenciales, con un aparato productivo en ruinas y una hiperinflación absolutamente estratosférica que demuestra el gigantesco colapso de su economía, que se sitúa por encima del 1.700.000% anual. La magnitud de la crisis venezolana es de tal calibre que el PIB ha caído a la mitad durante el mandato de Maduro, al tiempo que la renta per cápita se ha reducido en un 60%, con una acusada caída de la extracción de petróleo, principal fuente de ingresos del país, de un 65%. Bien es cierto que en todo ello, las sanciones y el boicot que desde hace años Estados Unidos promueve contra este país, junto al bloqueo comercial y financiero, tienen una importante responsabilidad.

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Sin complejos

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Coincidiendo con la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, se puso de moda la palabra “posverdad” para hablar de los acontecimientos explicados a la opinión pública que no están construidos por hechos objetivos, en definitiva, que no son ciertos. Y así llegaron al poder un grupo de dirigentes políticos en distintos países, todos ellos de ideologías neofascistas o de extrema derecha, caracterizados por una utilización indecente de mentiras, insultos y sandeces que de manera continua han desfigurado la realidad para tratar de defender sus agresivos postulados. Parecía que al llamar posverdad a auténticas falsedades, estas se suavizaban y perdían con ello su deliberada voluntad de engaño.

Dos años después, la extrema derecha emergente y rampante dice hablar “sin complejos”, ser una derecha “sin complejos”, tener candidatos “sin complejos” o contar con un programa electoral “sin complejos”, como si esa pérdida de complejos, de la que presumen el Partido Popular y VOX, fuera un gran avance político. Resulta, cuando menos llamativo, ese reconocimiento formal que se hace de haber estado acomplejado con anterioridad, se entiende que en la etapa de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, a quien desde algunos sectores ultraderechistas se le denominaba, con evidente voluntad de ofensa, como “maricomplejines”. Su sucesor, Pablo Casado, en el viaje que está haciendo hacia la ulttraderecha, parece así dar por válidos los insultos e invectivas que se lanzaban contra su antecesor en el Partido Popular.

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Tiempo de malestar

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Todo parece indicar que el año 2019 va a ser extraordinariamente difícil, y no solo desde el punto de vista económico, como numerosos indicadores anuncian. Parece como si se acumulara un malestar generalizado que, como el vapor en una olla al fuego, puede escapar en cualquier momento y puede hacerlo de manera inesperada y explosiva, como vimos en París a finales del pasado año con las movilizaciones de los chalecos amarillos.

Numerosos estudios muestran que los años de crisis, miedos y recortes generalizados han alimentado un enorme hartazgo en los trabajadores, los grandes perdedores de todo un conjunto de políticas neoliberales que vienen impulsándose desde los años ochenta pero que se generalizaron con saña a lo largo de la década de la Gran Recesión. La precariedad, el temor y la incertidumbre se han extendido entre sociedades y países, al tiempo que ha avanzado una importante crisis institucional y de representación porque la gente siente que sus responsables políticos están sirviendo los intereses de los poderosos, generando el caldo de cultivo propicio a formaciones y políticos que explotan los instintos más bajos de la población mediante el odio, el racismo, la mentira, el rechazo al débil, la xenofobia, el machismo descarnado, la deformación de la realidad, el insulto, la apelación a la violencia, la exhibición del militarismo. Todo ello adornado con referencias a la patria y a Dios, como entes supremos que están por encima de las leyes, del derecho y del propio sistema democrático.

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Criptomonedas y desigualdad

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En muy poco tiempo, el blockchain, las criptomonedas y criptodivisas, entre las que sobresale el bitcóin, se han metido de lleno en nuestra sociedad, ocupando debates e informaciones de todo tipo, a pesar de no saberse a ciencia cierta qué son y desconocer en gran medida sus efectos.

De hecho, con frecuencia, se habla de la cotización del bitcóin como si del euro se tratara, conociéndose comercios de distinta naturaleza que dicen admitir el pago en bitcóin, aunque no parece que sepan bien lo que harán cuando les entreguen un código QR impreso en un papel a cambio de la compra. Por las calles de nuestras ciudades empezamos a ver tiendas que ofrecen unos equipos bien feos para minar criptomonedas, de la misma forma que se ofrecen taladros para extraer oro en los supermercados cercanos a las montañas de Alaska. Incluso una gran cadena de alimentación anuncia la posibilidad de conocer la trazabilidad de sus alimentos mediante “tecnología blockchain”, como si ello fuera la mayor garantía de salud, calidad y frescura de lo que comemos. En países del Este de Europa se están sustituyendo numerosas granjas de aves por granjas de minería de criptomonedas, aprovechando el bajo precio de una electricidad que, en muchos de ellos, sigue subvencionada por el Estado, mientras surgen numerosos estudios que llaman la atención sobre el descomunal consumo de energía eléctrica que necesitan estas nuevas labores de minería, hasta el punto que en ciudades como Nueva York se están desmantelando instalaciones mineras ilegales de criptomonedas para evitar que se puedan producir apagones. Todo ello, mientras proliferan los anuncios para invertir en estas monedas virtuales, prometiendo rentabilidades ilimitadas. Sin embargo, la realidad parece ser otra muy distinta.

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Pacto sin acuerdo

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Coincidiendo con el 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, el pasado día 10 de diciembre, se celebró en Marrakech (Marruecos) una cumbre internacional para aprobar el primer “Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular”, en el que se venía trabajando desde hacía dos años. El texto, que fue firmado por 164 países, será finalmente ratificado el 19 de diciembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

A diferencia de lo sucedido con otros acuerdos internacionales promovidos por las Naciones Unidas, en esta ocasión, el elemento más llamativo ha sido el creciente número de países que, o bien, se retiraron de las negociaciones, descolgándose del acuerdo antes incluso de que culminara el proceso de negociación, como ocurrió con Estados Unidos, Austria, Australia, República Checa, República Dominicana, Hungría, Letonia, Polonia y Eslovaquia, entre los más destacados, o bien lo han hecho con posterioridad, alegando diferentes razones para ello, como ha sucedido con Bélgica, Suiza, Bulgaria, Estonia, Israel, Italia y Eslovenia, siendo el caso más llamativo el de Chile, país que se desmarcó durante la misma cumbre de Marrakech, alegando que este Pacto invadía competencias propias en materia de inmigración. Es la demostración palpable de que el debate migratorio representa uno de los asuntos más polémicos en numerosos países del mundo, no siendo utilizado para avanzar hacia un abordaje global de la movilidad humana, sino como arma política arrojadiza de primer orden.

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Refugiados abandonados

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Desde hace años, diferentes gobiernos en España han desatendido de manera premeditada sus obligaciones en materia de asilo y refugio, sometiendo a todo el sistema de protección internacional, que nos obliga como país y amparado por el Derecho Internacional, a un deliberado abandono. La lamentable situación de las oficinas de asilo y refugio (OAR), la clamorosa falta de personal y recursos, junto a la ausencia de medios y dispositivos adecuados para gestionar las demandas recibidas y atender con humanidad a las personas solicitantes de asilo en España suponía, en muchos casos, una vulneración de las directivas europeas y de nuestros compromisos internacionales en la materia, además de un sufrimiento añadido a personas que acumulan demasiado dolor.

Todo ello es algo conocido por las ONG especializadas, investigadores y los propios Defensores del Pueblo (estatal y autonómicos), que han insistido en ello con énfasis en los últimos años, siendo también recogido por diferentes medios de comunicación. A su vez, la mal llamada “crisis de los refugiados” que ha vivido Europa con especial intensidad en los años recientes, en coincidencia con la llegada masiva de solicitantes de asilo y migrantes forzosos hasta las costas europeas, muchos de ellos personas y familias que trataron de escapar de la guerra en Siria, sacudió las conciencias de un buen número personas, deseosas de poder colaborar para resolver la grave situación creada, sin que ello fuera atendido por el Gobierno del PP, que incluso incumplió las obligaciones del Consejo Europeo sobre Migración de septiembre de 2015 para acoger en España en régimen de reubicación y reasentamiento a 17.337 refugiados en dos años.

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