Tiempo de malestar

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Todo parece indicar que el año 2019 va a ser extraordinariamente difícil, y no solo desde el punto de vista económico, como numerosos indicadores anuncian. Parece como si se acumulara un malestar generalizado que, como el vapor en una olla al fuego, puede escapar en cualquier momento y puede hacerlo de manera inesperada y explosiva, como vimos en París a finales del pasado año con las movilizaciones de los chalecos amarillos.

Numerosos estudios muestran que los años de crisis, miedos y recortes generalizados han alimentado un enorme hartazgo en los trabajadores, los grandes perdedores de todo un conjunto de políticas neoliberales que vienen impulsándose desde los años ochenta pero que se generalizaron con saña a lo largo de la década de la Gran Recesión. La precariedad, el temor y la incertidumbre se han extendido entre sociedades y países, al tiempo que ha avanzado una importante crisis institucional y de representación porque la gente siente que sus responsables políticos están sirviendo los intereses de los poderosos, generando el caldo de cultivo propicio a formaciones y políticos que explotan los instintos más bajos de la población mediante el odio, el racismo, la mentira, el rechazo al débil, la xenofobia, el machismo descarnado, la deformación de la realidad, el insulto, la apelación a la violencia, la exhibición del militarismo. Todo ello adornado con referencias a la patria y a Dios, como entes supremos que están por encima de las leyes, del derecho y del propio sistema democrático.

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Criptomonedas y desigualdad

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En muy poco tiempo, el blockchain, las criptomonedas y criptodivisas, entre las que sobresale el bitcóin, se han metido de lleno en nuestra sociedad, ocupando debates e informaciones de todo tipo, a pesar de no saberse a ciencia cierta qué son y desconocer en gran medida sus efectos.

De hecho, con frecuencia, se habla de la cotización del bitcóin como si del euro se tratara, conociéndose comercios de distinta naturaleza que dicen admitir el pago en bitcóin, aunque no parece que sepan bien lo que harán cuando les entreguen un código QR impreso en un papel a cambio de la compra. Por las calles de nuestras ciudades empezamos a ver tiendas que ofrecen unos equipos bien feos para minar criptomonedas, de la misma forma que se ofrecen taladros para extraer oro en los supermercados cercanos a las montañas de Alaska. Incluso una gran cadena de alimentación anuncia la posibilidad de conocer la trazabilidad de sus alimentos mediante “tecnología blockchain”, como si ello fuera la mayor garantía de salud, calidad y frescura de lo que comemos. En países del Este de Europa se están sustituyendo numerosas granjas de aves por granjas de minería de criptomonedas, aprovechando el bajo precio de una electricidad que, en muchos de ellos, sigue subvencionada por el Estado, mientras surgen numerosos estudios que llaman la atención sobre el descomunal consumo de energía eléctrica que necesitan estas nuevas labores de minería, hasta el punto que en ciudades como Nueva York se están desmantelando instalaciones mineras ilegales de criptomonedas para evitar que se puedan producir apagones. Todo ello, mientras proliferan los anuncios para invertir en estas monedas virtuales, prometiendo rentabilidades ilimitadas. Sin embargo, la realidad parece ser otra muy distinta.

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Pacto sin acuerdo

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Coincidiendo con el 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, el pasado día 10 de diciembre, se celebró en Marrakech (Marruecos) una cumbre internacional para aprobar el primer “Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular”, en el que se venía trabajando desde hacía dos años. El texto, que fue firmado por 164 países, será finalmente ratificado el 19 de diciembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

A diferencia de lo sucedido con otros acuerdos internacionales promovidos por las Naciones Unidas, en esta ocasión, el elemento más llamativo ha sido el creciente número de países que, o bien, se retiraron de las negociaciones, descolgándose del acuerdo antes incluso de que culminara el proceso de negociación, como ocurrió con Estados Unidos, Austria, Australia, República Checa, República Dominicana, Hungría, Letonia, Polonia y Eslovaquia, entre los más destacados, o bien lo han hecho con posterioridad, alegando diferentes razones para ello, como ha sucedido con Bélgica, Suiza, Bulgaria, Estonia, Israel, Italia y Eslovenia, siendo el caso más llamativo el de Chile, país que se desmarcó durante la misma cumbre de Marrakech, alegando que este Pacto invadía competencias propias en materia de inmigración. Es la demostración palpable de que el debate migratorio representa uno de los asuntos más polémicos en numerosos países del mundo, no siendo utilizado para avanzar hacia un abordaje global de la movilidad humana, sino como arma política arrojadiza de primer orden.

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Refugiados abandonados

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Desde hace años, diferentes gobiernos en España han desatendido de manera premeditada sus obligaciones en materia de asilo y refugio, sometiendo a todo el sistema de protección internacional, que nos obliga como país y amparado por el Derecho Internacional, a un deliberado abandono. La lamentable situación de las oficinas de asilo y refugio (OAR), la clamorosa falta de personal y recursos, junto a la ausencia de medios y dispositivos adecuados para gestionar las demandas recibidas y atender con humanidad a las personas solicitantes de asilo en España suponía, en muchos casos, una vulneración de las directivas europeas y de nuestros compromisos internacionales en la materia, además de un sufrimiento añadido a personas que acumulan demasiado dolor.

Todo ello es algo conocido por las ONG especializadas, investigadores y los propios Defensores del Pueblo (estatal y autonómicos), que han insistido en ello con énfasis en los últimos años, siendo también recogido por diferentes medios de comunicación. A su vez, la mal llamada “crisis de los refugiados” que ha vivido Europa con especial intensidad en los años recientes, en coincidencia con la llegada masiva de solicitantes de asilo y migrantes forzosos hasta las costas europeas, muchos de ellos personas y familias que trataron de escapar de la guerra en Siria, sacudió las conciencias de un buen número personas, deseosas de poder colaborar para resolver la grave situación creada, sin que ello fuera atendido por el Gobierno del PP, que incluso incumplió las obligaciones del Consejo Europeo sobre Migración de septiembre de 2015 para acoger en España en régimen de reubicación y reasentamiento a 17.337 refugiados en dos años.

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Cambios en las remesas de los inmigrantes

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Uno de los motivos que empujan a numerosas personas a migrar, a desplazarse a otro lugar para emprender una vida distinta, consiste en la posibilidad de obtener ingresos suficientes que les permitan enviar recursos a sus familiares en sus países de origen. Son las llamadas remesas, que se transfieren a través de canales formales como bancos, oficinas de correos o compañías remesadoras especializadas, que al ser registradas en las balanzas de pagos nos ofrecen una valiosa información sobre su volumen y evolución. Bien es cierto que existen otros canales llamados informales que se utilizan para enviar dinero utilizando amigos o familiares que se desplazan a los diferentes países de procedencia de los inmigrantes, junto a otros sistemas mucho más sofisticados y herméticos, como la Hawala, utilizada en el mundo musulmán o el Chit, en el caso de China, de difícil cuantificación, aunque las autoridades mundiales tratan de conocer y limitar su uso.

Las remesas de los inmigrantes son, por tanto, recursos privados que pertenecen a estas personas, fruto de los ingresos que obtienen, decidiendo estos de manera personal su envío, de la misma manera que todos nosotros decidimos el empleo de nuestros recursos. Es importante no olvidar este aspecto porque no es infrecuente escuchar a personas que defienden que tenemos que decir a los inmigrantes a qué tienen que dedicar sus ingresos, un auténtico disparate. La importancia de las remesas reside en que desde hace tiempo, se han convertido en un factor de desarrollo de primer orden y uno de los flujos económicos mundiales más importantes que reciben los países empobrecidos, gozando de algunas ventajas y particularidades que les otorgan un valor económico y social muy especial.

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Crisis demográfica

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Si en algo nos hemos especializado en este país es en aparcar la resolución de muchos de los grandes desafíos que tenemos entre manos, transitando por el presente sin querer mirar de cara a un futuro que nos plantea demasiados interrogantes en muchos campos. Y uno de ellos es la crisis demográfica que España está atravesando, arrojando un buen número de retos sobre un presente incierto, pero proyectando problemas de un enorme calado sobre nuestro futuro.

La renovación demográfica de un país es un elemento esencial para rejuvenecer la población y su mercado de trabajo, al tiempo que impulsa una sociedad dinámica y activa que se moderniza generacionalmente. Con ello, se mantiene también la actividad económica y el dinamismo social, impulsándose la creatividad, al tiempo que se dispone de los trabajadores que la economía necesita, quienes aportarán ingresos al Estado y con sus cotizaciones, harán frente a las pensiones y gastos de las personas más envejecidas. Cuando todo ello se rompe, surgen desequilibrios en múltiples dimensiones, ya que la demografía funciona como un sistema de vasos comunicantes que se conecta con otras dimensiones vitales para la sociedad, justamente lo que está ocurriendo en España.

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Diez años de crisis

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Hay aniversarios que se recuerdan con inolvidable emoción, mientras otros remueven heridas muy profundas que no han sido del todo curadas. El próximo 15 de septiembre se cumplen diez años de la quiebra del gigante financiero Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión de los Estados Unidos, tras 158 años de actividad, desencadenando el inicio de una gigantesca crisis que incendió la economía mundial de forma devastadora, con efectos dañinos que todavía perduran, generando la que se denomina por mérito propio como la “Gran Recesión”. Desde entonces no se ha recuperado la tranquilidad.

Mucho antes de esta fecha, se habían alimentado las condiciones que desencadenaron ese formidable cataclismo económico y social mediante dos elementos llamados desregulación y liberalización del sistema financiero y de los flujos de capital, generando una economía especulativa sin control alguno. Durante años se despreciaron las escasas voces críticas que venían alertando de que estábamos a las puertas de una crisis cuyos efectos catastróficos podrían ser incalculables, como así ocurrió. Por el contrario, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe de abril de 2007, a las puertas de la catástrofe, afirmaba satisfecho: “Los riesgos para la economía mundial se han reducido, haciendo que el crecimiento económico internacional sea vigoroso y perdurable, no existiendo razones de preocupación sobre la economía en el mundo”. Nada sorprendente porque el FMI trabajaba activamente desde hacía décadas en afianzar el proceso de liberalización financiera desregulada causante de la crisis. Lo llamativo es que en los años siguientes, los pirómanos se convertirían en bomberos, al extender el FMI sus dañinas políticas de ajuste estructural al conjunto del continente europeo y en particular, a los países del Sur, afectados por una crisis de deuda desbocada.

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