La ruta migratoria entre Argelia y Alicante

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Cuando el domingo 16 de septiembre de 2007, Ahmed y sus cinco acompañantes de la patera en la que navegaron por la noche desembarcaron en las costas alicantinas no sabían que estaban inaugurando las migraciones irregulares entre Argelia y esta provincia a través del Mediterráneo. Tras esta primera embarcación, a lo largo de ese año, llegaron hasta nuestras costas otras nueve pateras más que trajeron a un total de 123 inmigrantes, todos ellos argelinos, en travesías que apuntaban a la participación de buques nodriza, una sospecha que se mantiene hasta hoy en día, como bien saben las autoridades marítimas y las fuerzas de seguridad.

Ya desde el primer momento, los responsables, a nivel estatal y autonómico, se empeñaron en demostrar dos cosas: un profundo desconocimiento de los procesos migratorios que alimentaban estas llegadas, junto a una utilización partidista absolutamente miserable de las migraciones en la confrontación política. Como testimonio de lo primero, la entonces secretaria de Estado de Inmigración, ConsueloRumí, calificó de “anecdótica” la llegada de esta primera patera. Desde entonces, los hechos han demostrado su error, ya que hasta la fecha, todos los años han desembarcado en mayor o menor medida pateras en Alicante, totalizando 231 embarcaciones que han traído a cerca de 1.400 personas, fundamentalmente argelinos. Pero lo más llamativo fueron las declaraciones incendiarias que ante la llegada de la primera patera hasta Alicante hizo, por entonces, la Generalitat Valenciana, presidida por el PP, por boca del inefable Rafael Blasco, quien afirmó, sin despeinarse, que “todo era culpa de Zapatero”. El profundo daño que durante años Blasco hizo a esta Comunidad fue más allá de lo recogido en los diferentes sumarios judiciales que ha protagonizado.

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El humo de los refugiados

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Por distintos motivos, en los últimos meses, distintas informaciones y decisiones sobre los refugiados en España han generado sorpresa y desconcierto. Es cierto que la política de asilo y refugio en España, por llamarla de alguna manera, lleva demasiados años abandonada a su suerte, de espaldas a los compromisos jurídicos internacionales que nuestro país tiene en este campo y ajena a los conflictos, guerras y tragedias que vienen asolando el mundo y que obligan a millones de personas a abandonar sus hogares. La solución, nada sencilla, requiere del principio de solidaridad compartida que impulsa las Naciones Unidas, afrontando de manera conjunta los nuevos desafíos que plantean los desplazamientos forzosos hoy en día.

El sistema de protección internacional en nuestro país ha sufrido históricamente de una deliberada desidia, tanto en la lamentable situación de las Oficinas de Asilo y Refugio (OAR), como en la falta de medios y personal imprescindible para atender con humanidad a las personas solicitantes de asilo en España, lo que ha supuesto la vulneración de directivas europeas y compromisos internacionales, al tiempo que se añadía sufrimiento a personas y familias que ya acumulan demasiado dolor. Los enormes desajustes en un sistema de asilo que solo admite a trámite y acepta una de cada cuatro solicitudes de asilo, una de las más bajas tasas de Europa, con tardanzas en la tramitación de solicitudes que llegan con frecuencia a cerca de dos años, la progresiva acumulación de expedientes sin resolver, junto a los criterios frecuentemente políticos y no humanitarios a la hora de conceder los reconocimientos de asilo y protección internacional, añaden intranquilidad a los afectados, quienes al acceder al sistema de refugio en España se sumergen en un limbo intemporal de consecuencias desconocidas.

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Entre la retórica y las potencialidades de los ODS

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Estos días, se cumplen cuatro años de la aprobación por los 193 jefes de Estado y de Gobierno que forman parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la llamada Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la hoja de ruta más ambiciosa aprobada por la humanidad que integra por vez primera tres dimensiones esenciales del desarrollo: la económica, la social y la ambiental.

Así, del 25 al 27 de septiembre de 2015, se repitieron los discursos de líderes mundiales insistiendo en que estaban decididos a poner fin a la pobreza y al hambre en todo el mundo para el año 2030, a combatir las desigualdades, construir sociedades pacíficas, proteger los derechos humanos, promover la igualdad entre géneros y el empoderamiento de las mujeres, garantizando la protección del planeta y sus recursos naturales. Así lo firmaron mediante una agenda amplia y detallada en la que se recogían 17 grandes objetivos, junto a 169 metas y 230 indicadores medibles.

Hermosas palabras que muchos de los gobernantes que firmaron estos acuerdos se han encargado en hacer trizas desde entonces, empujando a la humanidad y al planeta a una crisis ecosocial de dimensiones históricas. Ya lo advirtió con particular acierto el Papa Francisco, en el discurso que dio en la sesión inaugural de esta cumbre, cuando con particular lucidez señaló al referirse a los ODS: “Hemos de evitar toda tentación de caer en un nominalismo declaracionista con efecto tranquilizador de conciencias”. Efectivamente, esta Agenda 2030 está siendo utilizada por muchos gobiernos como un ejercicio de retórica hueca que sirve para ocultar sus responsabilidades inmediatas y encubrir incumplimientos esenciales en materia de derechos humanos, lucha contra la pobreza, igualdad de género, solidaridad internacional, cuidado del planeta, cambio climático o desigualdad, por señalar algunos de ellos.

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Argentina ante un nuevo colapso

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Como si revivieran una terrible pesadilla, los argentinos vuelven a adentrarse en el agujero del colapso económico y social que ha tomado carta de naturaleza con el reciente anuncio de default realizado por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, confirmando que el país dejaría de pagar sus próximos vencimientos de deuda, por un importe superior a los 100.000 millones de dólares, contraída de manera irresponsable por el gobierno de Mauricio Macri.

En realidad, el país nunca se había recuperado de las profundas heridas causadas por la anterior crisis económica vivida entre 1998 y 2002. Con anterioridad a ese período, el país había protagonizado una cadena de disparates económicos contando con el beneplácito internacional, desde que en el año 1991 el gobierno de Carlos Menem decretó la Ley de Convertibilidad, mediante la que un peso argentino era convertible a un dólar, para intentar detener la hiperinflación que vivía el país, superior al 3.000% anual. Al contrario, se generó una sobrevaloración del peso, provocando una profunda recesión económica, con un aumento de la pobreza, saqueos de tiendas y supermercados, junto a una caída en las reservas de divisas y la fuga masiva de capitales, mientras la deuda externa no paraba de crecer hasta niveles insostenibles. De esta forma, la economía argentina no dejó de caer en picado, y tras una sucesión de gobiernos y un empeoramiento del clima social, en diciembre de 2001 el gobierno de Fernando de la Rúa anunció el “corralito”, la limitación en la disposición y uso del dinero en efectivo, junto a la congelación de depósitos bancarios, acompañado posteriormente del fin de la convertibilidad entre el peso y el dólar, lo que provocó una devaluación del peso superior al 300% y la incautación de todo el dinero en dólares que tenían los ciudadanos en los bancos. De golpe se arrojó a la pobreza y a la emigración a cientos de miles de argentinos a los que se dejó sin nada.

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Impactos sociales del alquiler turístico

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Con frecuencia, somos incapaces de comprender y anticiparnos a cambios y transformaciones que suceden en nuestras ciudades y barrios. En algunos casos, por la velocidad tan acelerada a la que se suceden, en otros, por carecer de herramientas adecuadas de comprensión, pero también por incapacidad manifiesta de nuestros responsables públicos.

El derecho al descanso, la ocupación a veces salvaje de los espacios públicos por terrazas y veladores, la falta de viviendas asequibles, las bolsas de pobreza y desigualdad, el encarecimiento del mercado de alquiler, la ausencia de equipamientos públicos y zonas verdes, el envejecimiento poblacional, el deterioro de los espacios de convivencia, la expulsión de los vecinos de toda la vida, la turistificación descontrolada, junto a la pérdida del patrimonio urbano, son algunos de los problemas más importantes que están encima de la mesa en ciudades como Alicante, con particular intensidad en el Centro Tradicional y el Casco Antiguo, generando conflictos vecinales así como profundas mutaciones en calles y barrios.

Todo ello se agrava cuando las instituciones públicas, en particular las municipales, se muestran incapaces de comprender adecuadamente todos estos procesos, careciendo incluso de instrumentos para la intervención. Por decirlo de otra forma, difícilmente Alicante va a poder abordar algunos desafíos novedosos del siglo XXI con herramientas caducas del siglo XX, como el Plan General de 1987, actualmente en vigor, por mucho que se empeñen sus responsables municipales en afirmar lo contrario.Sigue leyendo

Migraciones africanas: mitos y certezas

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Sin duda, la inmigración es uno de los grandes elementos de debate en la sociedad, que se intensifica ante acontecimientos como el rescate de migrantes y refugiados en aguas del Mediterráneo, como sucede en los últimos tiempos. Es entonces cuando se multiplican opiniones y declaraciones de distinta naturaleza, algunas llevadas por el miedo y el desconocimiento, otras tratando de difundir mensajes falsos y alarmistas, junto a un buen número de comentarios que, impulsados por los buenos sentimientos, se hacen eco de algunos mitos que, de forma interesada, se repiten desde sectores reaccionarios. El resultado de todo ello es que cada vez ocupan más espacio los exabruptos, el griterío y las falacias que, como la lluvia fina, acaban por calar en la gente, frente al conocimiento preciso, derivado del estudio, la investigación y el análisis empírico de un fenómeno tan complejo como multidimensional.

Lo paradójico es que cuantos más esfuerzos se hacen para conocer, estudiar, investigar e intervenir sobre las migraciones, cuantas más personas, instituciones, investigadores, universidades y centros se dedican a su estudio, más parecen avanzar entre la población ideas preconcebidas, sentimientos de rechazo y afirmaciones carentes de rigor que en nada ayudan a comprender mejor los procesos migratorios. Y es posible que una parte de responsabilidad la tengamos quienes nos dedicamos a su análisis e investigación académica, recluidos en nuestros círculos universitarios, en nuestras revistas científicas de impacto y en tantos congresos de consumo interno. Siempre he creído que el conocimiento científico y riguroso debe acercarse a la sociedad a través de diferentes caminos, desbordando los diques en los que habitualmente está confinado. Con mayor motivo cuando hablamos de asuntos con tanto impacto entre la ciudadanía y los responsables políticos como la inmigración.

De manera que tenemos por delante un enorme trabajo para mejorar el conocimiento real sobre los fenómenos migratorios, sus orígenes, impactos y consecuencias, en origen y destino, sin dejarnos llevar ni por buenismos desenfocados ni tampoco por discursos complacientes. Y este desafío resulta particularmente importante en estos tiempos en los que el grito, el insulto y la ocurrencia fácil intoxican con demasiada frecuencia a la opinión pública. Intentemos así aportar algunas certezas sobre las migraciones africanas, origen de buena parte de las migraciones que cruzan el Mediterráneo.

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Inmediata acogida

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Mientras millones de personas disfrutan en sus vacaciones de las aguas y playas del Mediterráneo, a las costas de diferentes países tratan de llegar precarias embarcaciones cargadas de personas que arriesgan su vida huyendo de horrores y buscando una vida mejor, como estamos viendo en Alicante con el goteo de pateras como las que han alcanzado recientemente nuestras costas en estas fechas. Al mismo tiempo, el barco español Open Arms se mantiene al suroeste de Malta, tras haber rescatado a 121 personas que navegaban a la deriva. Ahí están, a la espera de que algún país europeo autorice el desembarco humanitario de todos estos migrantes forzosos, mientras la UE sigue mirando para otro lado.

Una vez más, la Unión Europea demuestra su actitud irresponsable, negándose a aplicar las obligaciones aprobadas en su Agenda Europea de Migración {COM (2015) 240 final} en vigor, donde los gobiernos europeos se comprometieron a “ofrecer respuestas rápidas para salvar vidas humanas” de los refugiados que llegaran por mar “mediante una bienvenida manifestación de solidaridad que se mantendrá mientras persista la presión migratoria”, mediante “mecanismos de intervención de emergencia”. Pedir que se ofrezca con urgencia un puerto para el desembarco seguro de los rescatados por el Open Arms no solo supone un acto imprescindible de humanidad, regulado por el sagrado deber de socorro en el mar y de salvamento marítimo del Convenio Internacional de Búsqueda y Salvamento, además significaría un escrupuloso respeto a los sagrados compromisos adquiridos en la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de 1967. Además, reclamar el inmediato desembarco y la atención a las mujeres, menores y hombres rescatados en el mar significa exigir el cumplimiento de unos acuerdos europeos en materia migratoria vigentes, que han sido y son vulnerados por los mismos gobiernos que los firmaron.

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