La visita a España durante dos semanas del relator especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, el australiano Philip Alston, ha situado en primer plano de la actualidad numerosos datos y análisis que este alto diplomático internacional ha obtenido, tras su visita a diferentes ciudades, barrios y poblados marginales, entrevistándose con autoridades, responsables públicos, investigadores, activistas sociales y, por supuesto, escuchando a numerosas personas que viven diferentes situaciones de privación. Forma parte del trabajo de estos enviados especiales, quienes tienen que visitar sobre el terreno los países que analizan, entrevistándose con todas las partes objeto de su estudio para que éste sea riguroso.
Aunque el informe final será presentado oficialmente en junio ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, se ha conocido un primer avance, conteniendo un balance tan desgarrador como preocupante sobre el impacto, las consecuencias y los efectos de la pobreza en nuestro país. En realidad, por alarmantes que sean las conclusiones obtenidas por el enviado de las Naciones Unidas, lo único que ha hecho es certificar de primera mano lo que desde hace años desde muchos otros ámbitos, investigadores, activistas y organizaciones especializadas venimos señalando sin éxito: la pobreza y la desigualdad en España han alcanzado niveles intolerables quenos dañan como sociedad y erosionan profundamente nuestras posibilidades como país. Pero por encima de todo, generan un enorme sufrimiento en quienes las padecen, limitando sus posibilidades y afectando de manera determinante a su vida.
