El día después de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya, tras analizar la acusación presentada por Sudáfrica, dictaminara que hay evidencias ciertas contra Israel de estar realizando un genocidio en Gaza contra la población palestina, existiendo un peligro real e inminente de causar un daño irreparable a los derechos que protege la “Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio”, los servicios secretos israelíes difundieron a diarios estadounidenses un informe en el que aseguraban que doce trabajadores de la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA) habrían participado en los ataques de Hamás, del pasado 7 de octubre, en los que 1.200 israelíes murieron y otros 250 fueron capturados como rehenes.

A pesar de que la Corte de La Haya, en una sentencia histórica, obligara a Israel a tomar medidas urgentes e inmediatas para impedir actos genocidas contra los refugiados palestinos por su ejército, deteniendo y castigando cualquier incitación a cometerlos, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aclaró de inmediato la respuesta de su gobierno, afirmando: “ni La Haya ni nadie nos va a parar”. Y efectivamente, los bombardeos indiscriminados, los asesinatos contra la población palestina en Gaza, la destrucción y la barbarie han continuado sin miramientos, aumentando el salvajismo y la inhumanidad contra una población indefensa que vive encerrada en campos de refugiados en situaciones extremadamente penosas, al límite de la supervivencia.