Refugiados abandonados

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Desde hace años, diferentes gobiernos en España han desatendido de manera premeditada sus obligaciones en materia de asilo y refugio, sometiendo a todo el sistema de protección internacional, que nos obliga como país y amparado por el Derecho Internacional, a un deliberado abandono. La lamentable situación de las oficinas de asilo y refugio (OAR), la clamorosa falta de personal y recursos, junto a la ausencia de medios y dispositivos adecuados para gestionar las demandas recibidas y atender con humanidad a las personas solicitantes de asilo en España suponía, en muchos casos, una vulneración de las directivas europeas y de nuestros compromisos internacionales en la materia, además de un sufrimiento añadido a personas que acumulan demasiado dolor.

Todo ello es algo conocido por las ONG especializadas, investigadores y los propios Defensores del Pueblo (estatal y autonómicos), que han insistido en ello con énfasis en los últimos años, siendo también recogido por diferentes medios de comunicación. A su vez, la mal llamada “crisis de los refugiados” que ha vivido Europa con especial intensidad en los años recientes, en coincidencia con la llegada masiva de solicitantes de asilo y migrantes forzosos hasta las costas europeas, muchos de ellos personas y familias que trataron de escapar de la guerra en Siria, sacudió las conciencias de un buen número personas, deseosas de poder colaborar para resolver la grave situación creada, sin que ello fuera atendido por el Gobierno del PP, que incluso incumplió las obligaciones del Consejo Europeo sobre Migración de septiembre de 2015 para acoger en España en régimen de reubicación y reasentamiento a 17.337 refugiados en dos años.

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La deriva de Europa

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Lejos de aprovechar el momento para cohesionar Europa y dotarla de una mayor fortaleza, sus gobiernos y las propias instituciones de la UE siguen empeñados en avanzar hacia una mayor fragmentación, dando razones para que aumente la desafección de sus ciudadanos y crezca la eurofobia. Parece como si no hubieran aprendido nada de lo sucedido estos años en los que han ganado terreno los populismos y neofascismos, que han facilitado un Brexit traumático en el Reino Unido o que han posibilitado el avance de una extrema derecha xenófoba que en algunos países ha logrado significativos avances en parlamentos y gobiernos. Y en todo ello tiene también una gran responsabilidad la aplicación obsesiva de políticas económicas fracasadas en los países que con mayor crudeza vivimos el impacto de la Gran Recesión, así como la actuación irresponsable ante la llegada de refugiados y migrantes a sus fronteras. Todo ello pone en entredicho principios democráticos y solidarios que forman parte de la esencia con la que se construyó Europa, y que ahora saltan por los aires.

No hay nada peor que dejar que los problemas sin resolver se acumulen porque dan paso a otros nuevos, algo que está viviendo la UE en sus propias carnes. De tal forma que se equivocan quienes piensan que todo gira en torno a los problemas de los migrantes y refugiados. Sí, la política migratoria y de asilo, junto a sus respuestas, forman parte del núcleo básico del proyecto europeo porque afectan a cuestiones clave como la libre circulación interior, la solidaridad compartida y el modelo de fronteras. Por ello tiene tanta influencia la irresponsabilidad con la que se viene interviniendo ante el drama de las migraciones forzosas que llegan hasta las fronteras europeas, fundamentalmente a través del Mediterráneo. Pero a ello se añade en estos momentos un Brexit que está en un callejón sin salida, las dificultades para reforzar la arquitectura del euro, la guerra comercial abierta por los Estados Unidos con efectos que empiezan a ser muy preocupantes para algunos sectores, junto al ascenso de los parafascismos que desde parlamentos y gobiernos de diferentes países no sólo están erosionando los cimientos europeos, sino que está basculando hacia la extrema derecha las políticas de muchos países. Un buen ejemplo lo tenemos en Alemania y los problemas que está teniendo Angela Merkel con los conservadores bávaros que pretenden no ceder sus posiciones a la fuerza ultraderechista, Alternativa por Alemania.

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Salvar vidas

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Salvar vidas no puede ser un delito, como tampoco puede dejar indiferente a nadie que haya personas que dedicando su vida a ello sean tratadas por las autoridades europeas en distintos países como delincuentes. Salvar la vida de las personas, de cualquier persona que corre el peligro de morir, debería ser considerado como un acto de entrega, un ejemplo de humanidad, una admirable muestra de bondad en medio de un mundo que debilita los sentimientos más nobles, sustituyéndolos por los cálculos económicos más prosaicos.

Salvar a un niño sin futuro a punto de ahogarse, a una madre que sujeta con fuerza a sus hijos para que se mantengan a flote, a jóvenes que han escapado de la muerte y del hambre en medio de las frías aguas del Mediterráneo, tendría que ser elogiado por todos aquellos que tengan alma, por gobernantes y dirigentes políticos, por ministros y comisarios europeos de cualquier partido y color político. Rescatar a los tripulantes de un bote que se hunde en un mar que se ha tragado más de 15.500 vidas en los últimos cuatro años, según datos oficiales contabilizados por Naciones Unidas, debería abrir todos los informativos, contar con una mención en los consejos de ministros, recibir una felicitación entusiasta en las cumbres de presidentes de la UE, obtener los máximos elogios de obispos y sacerdotes que no paran de proclamar una y otra vez su absoluto respeto por la vida humana. Sin embargo, la progresiva descomposición de los valores, principios y acuerdos fundamentales sobre los que avanza la Europa contemporánea e impulsan sus dirigentes lleva al delirio de apresar, detener y tratar como a delincuentes a aquellos que, sustituyendo la pasividad y la inacción cómplices que muestran los gobiernos europeos ante la tragedia que se vive en el Mediterráneo desde hace años, han decidido dedicar su vida y sus energías a rescatar de una muerte segura a miles de desesperados que se lanzan al mar en frágiles embarcaciones.

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Ahmad y Houda

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Vivían felizmente, como tantos otros matrimonios en el mundo, hasta que la guerra estalló con toda su crueldad y convirtió su ciudad en un infierno del que tuvieron que escapar para salvar su vida y la de sus dos hijos. Ahmad, el padre, había conseguido una plaza como profesor de Física en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Alepo, en Siria, manteniendo relaciones muy cordiales con académicos de otros países. Su mujer, Houda, cuidaba de la casa y de los pequeños Fátima, de siete años, y Mazen, de tres, a los que les gustaba ir a la escuela y hacer los deberes con el padre por la tarde, cuando regresaba de la universidad.

Pero la vida es caprichosa y cambia los destinos de las personas de un día para otro. De manera que en julio de 2012 los combates que sabían se estaban produciendo en algunos lugares del país llegaron hasta su localidad, Alepo, y en pocos días la ciudad más importante de Siria, con un hermoso casco antiguo, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se convirtió en un campo de batalla, con bombardeos, escombros y los temidos barriles bomba lanzados desde helicópteros, con su carga de muerte indiscriminada.

Durante los primeros meses resistieron temerosos, viendo el avance de las tropas rebeldes del frente islámico, pero a medida que los combates se intensificaban y los milicianos de Al-Nusra tomaban la ciudad e imponían la Sharia más rigorista, empezaron a asustarse porque sabían de detenciones y fusilamientos. Ahmad y Houda eran buenos musulmanes, pero con una mentalidad tolerante y con buenos amigos entre profesores europeos, lo que les convertía en sospechosos. De manera que en 2014, cuando la guerra se recrudecía y los asesinatos de conocidos se multiplicaban, escaparon de Alepo por Turquía, pagando a un conocido traficante de personas con todos sus ahorros.

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Refugiados: propuestas tras el fracaso

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A dieciséis días de que finalice el plazo que Europa se dio para dar respuesta a la mal llamada crisis de los refugiados, que alcanzó su máxima intensidad hace dos años y que desembocó en el solemne acuerdo del Consejo Europeo sobre Migración suscrito en septiembre de 2015 por todos los presidentes de países europeos, para acoger la exigua cifra de 160.000 personas en dos años, en régimen de reubicación y reasentamiento, podemos ya hablar de deliberado incumplimiento de este compromiso. Y con ello, un descalabro que ha certificado la indolencia sobre refugiados y migrantes forzosos como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones jurídicas derivadas del derecho internacional en materia de asilo y refugio. Y al Gobierno español le corresponde una parte de ese incumplimiento, en la medida en que de los 17.337 asignados, únicamente ha acogido a un 11% de ellos, 1.887 refugiados en los dos años en los que el acuerdo ha estado en vigor.

Más allá de insistir en el significado de este grave fracaso político que contribuye a debilitar la credibilidad del proyecto europeo ante sus ciudadanos y ante el mundo en unos momentos particularmente críticos, dañando los principios y valores fundamentales que alimentaron la creación de la Unión Europea y erosionando las obligaciones jurídicas y éticas de Europa en materia de solidaridad y derecho internacional, es importante que tratemos de reflexionar para reforzar nuestra capacidad de respuesta ante tragedias humanitarias como las que seguimos viviendo y sin duda se repetirán.

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Criminalizando a las ONG que salvan vidas

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A medida que la Unión Europea ha decidido no hacer frente a sus obligaciones jurídicas derivadas de la llegada de refugiados hasta sus países durante los últimos años, hemos asistido a la progresiva descomposición de los valores, principios y acuerdos fundamentales sobre los que se ha construido la Europa contemporánea.

Efectivamente, los gobernantes europeos han protagonizado una de las páginas más vergonzosas con su deliberado abandono a las personas necesitadas de protección internacional que escapaban de guerras tan crueles como la de Siria, cuyas horrorosas atrocidades han sido retransmitidas en tiempo real. Y así han dejado que cientos de miles de estos refugiados se abandonaran a la aventura de un viaje incierto, teniendo que pagar elevadas cantidades de dinero para conseguir un lugar en las frágiles embarcaciones que surcaban el Mediterráneo a la búsqueda de las costas europeas, acabando muchos de esos trayectos en naufragios y ahogamientos.

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Menores Extranjeros No Acompañados (MENA)

 

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La intensificación de los procesos migratorios ha llevado en los últimos años a la emergencia de actores novedosos con perfiles, características y problemáticas singulares. Entre ellos, destacan los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA), que engloban al extranjero menor de dieciocho años, nacional de un Estado al que no le sea de aplicación el régimen de la Unión Europea que llegue hasta territorio español y carezca o no se encuentre acompañado de un adulto responsable, apreciándose riesgo de desprotección o desamparo del menor. Sobre ellos es de aplicación la “Convención internacional sobre los derechos del niño y la niña”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España el 31 de diciembre de 1990, que obliga a velar por el llamado “Interés superior del menor”, por el cual todas las intervenciones que se desarrollen sean buscando su beneficio y protección, no solo material, sino también moral y biopsicosocial, entendiendo a las personas menores de edad como sujetos de derechos fundamentales por los que toda sociedad debe velar para su garantía y cumplimiento.

La complejidad creciente de las migraciones contemporáneas lleva a que cada vez más menores las protagonicen, con frecuencia solos, mezclándose diferentes tipologías que exigen actuaciones e intervenciones diferenciadas: los que escapan de guerras y persecuciones, los migrantes forzosos y los que son víctimas de trata con fines de explotación. De hecho, según datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), de 2000 a 2015 los migrantes menores de 4 años han aumentado en un 41% en el mundo. Todo ello se agrava cuando estos menores no están acompañados y carecen de padres o tutores legales, encontrándose en situación de riesgo, vulnerabilidad y desamparo, siendo víctimas fáciles de grupos de explotación criminal y sexual, con el añadido de que son menores con otra cultura, otro idioma y han sido educados en entornos familiares culturalmente distintos a los nuestros.

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