En los últimos meses, numerosas organizaciones, asociaciones, grupos ecologistas junto a algunos sindicatos y partidos políticos vienen trabajando con intensidad para mostrar su rechazo al acuerdo de Asociación Trasatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP en sus siglas inglesas) que pretende negociarse hasta su aprobación hacia el año 2016. Fue el Presidente Obama, quien el 12 de febrero de 2013 anunció en un discurso la apertura a la negociación del TTIP y con ello, la existencia de este acuerdo, avanzando desde entonces en secreto y sin transparencia. De hecho, la Comisión Europea ha realizado más de 100 encuentros cerrados con lobbys y multinacionales para negociar aspectos concretos del tratado en secreto y sin información de ningún tipo. Para ello, la UE ha acordado que todos los documentos de las negociaciones estén cerrados al público durante 30 años, una decisión insólita que se acoge a la excepción a la Regla 1049/2001 de la UE.
El TTIP se presenta como uno de los procesos políticos de mayor calado para reconfigurar la economía y la propia sociedad europea a medida de los intereses del capital y al margen de las instituciones y procesos democráticos. No estamos ante un proceso de suma cero, sino que todo lo que las grandes empresas transnacionales pretenden arrebatar a la sociedad, en forma de soberanía, derechos, garantías, recursos, servicios públicos, va a la cuenta de resultados de estas multinacionales, colocándose por encima de los propios Estados y por supuesto, de la ciudadanía. No es casual, así, ni el secretismo ni el intento de alejar a la sociedad del que es uno de los más importantes debates políticos de los últimos años en Europa. Por ello, nos parece importante sumar argumentos para valorar el impacto negativo del TTIP sobre la sociedad, la economía y la propia ciudadanía europea.
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