A pesar de que los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) son un grupo objeto de una especial protección jurídica y social, con arreglo a lo recogido por los tratados internacionales y la legislación española sobre menores en situación de riesgo, en los últimos meses han venido centrando debates, polémicas e incluso campañas políticas que los han puesto en el disparadero de no pocos mensajes xenófobos. De esta manera confluyen dos corrientes simultáneas que están ayudando muy poco a comprender, intervenir y mejorar los programas de atención sobre este colectivo. Por un lado, aquellos que quieren criminalizar a estos chavales como parte de su programa xenófobo y de odio, pero también, quienes instalados en un discurso tontorrón y políticamente correcto proyectan un buenismo infinito y alejado de la realidad sobre un colectivo que presenta problemáticas específicas de una enorme complejidad que no podemos ignorar.

​Empecemos señalando algo sorprendente, que añade todavía más dificultad a la hora de trabajar sobre este colectivo: en España no sabemos con precisión el número de MENA que existen, en la medida en que los datos que ofrecen diferentes instituciones oficiales de la máxima relevancia son muy dispares. Es cierto que hay situaciones específicas que dificultan esa información, pero no es de recibo tanta contradicción entre instituciones públicas en datos tan importantes.

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