Cuando se ha cumplido un mes desde que Ceuta vivió en su frontera una de las mayores avalanchas humanas registradas en el mundo, disponemos de algunas certezas y acumulamos muchas más incertidumbres sobre un suceso de extraordinaria gravedad que ha ampliado la división en la UE, abriendo además heridas políticas y en la convivencia en España que tardarán en sanar.

Cualquiera que conozca mínimamente Marruecos y a su estructura gubernamental en torno al rey, el Majzén, sabe que una movilización de más de 80.000 personas por el país para atravesar la frontera de Ceuta, en algunos casos llegadas desde ciudades lejanas, es absolutamente impensable sin el conocimiento y el consentimiento de un Estado con uno de los aparatos policiales, militares y de inteligencia más importantes de toda África. Mover en muy pocas horas a este gentío exigiría utilizar unos 5.000 camiones y autobuses para su desplazamiento, como atestiguan numerosos vídeos, algunos de los cuales contaron con la supervisión de gendarmes.En España todos los gobiernos y sus presidentes han sufrido las presiones y provocaciones de Marruecos, que hace tiempo comprendió que utilizar la pobreza y desesperación de sus habitantes como carne de cañón migratoria era muy rentable para obtener sus exigencias. Y ahora con mayor motivo, teniendo el apoyo de la administración Trump y del sanguinario gobierno de Israel.

El objetivo de esta incursión se ha cumplido plenamente, con una Europa más dividida y vulnerable, con España que tiene que gestionar un profundo enfrentamiento político y que acerca a la extrema derecha al poder, junto a un gobierno muy debilitado que tiene que gestionar problemas formidables.

Por ello, lo vivido en Ceuta no ha sido un fenómeno migratorio, aunque haya habido personas que desearan migrar, sino que forma parte de una agresión híbrida algorítmica impulsadas por Marruecos desde hace tiempo, lo que hace más incomprensible la tardanza del Gobierno de Sánchez en actuar con firmeza y el respaldo masivo que sigue dando a la monarquía alauita.

Junto a las decenas de personas fallecidas, otro de los dramas humanos resultado de esta avalancha es la llegada a Ceuta de unos 2.500 menores no acompañados en situación de extrema vulnerabilidad, que exigen de una respuesta humanitaria urgente que haga prevalecer el interés superior del menor, respetando tratados internacionales y la jurisprudencia en la materia que impide devoluciones masivas exprés, como reclaman el PP y Vox.

Ahora bien, la magnitud de este desafío que ningún otro país del mundo afronta, el colosal despliegue de medios requeridos así como los recursos materiales y humanos especializados necesarios, junto a los procedimientos administrativos extraordinariamente complejos que requieren estos miles de menores llegados de manera sobrevenida plantea un colosal problema que está dañando dispositivos fundamentales, como el ya debilitado sistema de protección de menores. Sin olvidar la nula colaboración de Marruecos y el rechazo de las comunidades autónomas para colaborar en la acogida

La llegada de menores no acompañados, especialmente de países del Magreb y de África occidental, viene aumentando en los últimos años de manera exponencial hasta convertirse en uno de los mayores problemas migratorios para España. Estos menores acceden a un sistema de amparo especial pasando a ser tutelados por las diferentes comunidades autónomas hasta su mayoría de edad. Pero la complejidad de las intervenciones que necesitan y el volumen de recursos requeridos, junto al progresivo aumento en las llegadas, ha reventado las costuras de la política de protección de menores en España, que se encuentra desde hace tiempo en situación muy precaria.

Informes en toda España coinciden en destacar la ausencia de centros especializados, recursos y profesionales para menores, infraestructuras en estado lamentable, carencia de plazas y dispositivos saturados, falta de financiación adecuada y deficiencias en el acompañamiento. A un sistema muy dañado se suma, en el caso de menores migrantes, una asimetría en su acogida por las autonomías y su continua instrumentalización por fuerzas de extrema derecha que impulsan su estigmatización.

Frente a ello, países como Marruecos, se niegan a atender a sus menores y a cooperar en su tutela, hasta el punto de que este país se ha negado a readmitir a alguno de los más de 15.000 menores marroquíes llegados en los últimos quince años a España, a pesar de existir un acuerdo firmado entre ambos estados desde el año 2012 por el que este país se comprometía a evitar la emigración irregular y aceptar su retorno.

Junto a los 2.500 menores llegados en agosto a Ceuta, se añaden los 1.200 recibidos en la avalancha de 2021 y los 1.700 que llegaron a Canarias en los últimos meses, generando un formidable enfrentamiento sobre su reparto en la península al que se opuso frontalmente el PP. A todos ellos hay que sumar otros 17.000 niños, niñas y adolescentes, un 70% de ellos marroquíes, que crecen en centros residenciales de protección en todas las comunidades, aunque con una distribución muy desigual.

Se comprenderá, por tanto, la urgencia para detener la descomposición del sistema de protección de menores, impulsando su profunda revisión, siendo conscientes de sus límites y de su capacidad de carga. Para ello hay que impedir que España se convierta en la guardería de Marruecos mientras su rey está de juerga en Paris, acumula una fortuna fabulosa y construye uno de los estadios de fútbol más grandes del mundo. Es algo que la sociedad, lógicamente, no comprende.