Desde hace años, la monarquía sátrapa alauita viene chantajeando, desafiando y utilizando todo tipo de amenazas contra España como instrumento de presión política. Lo han sufrido todos los gobiernos, de uno y otro color, de muy distintas maneras.

Ha ejercido esa presión facilitando la salida de inmigrantes desde sus costas, suspendiendo los acuerdos de pesca, bloqueando las fronteras de Ceuta y Melilla, exigiendo material militar, tomando el islote Perejil, reclamando dinero a cambio de que sus gendarmes vigilen las fronteras, haciendo la vista gorda con las narcolanchas,  anexionándose unilateralmente aguas de nuestra jurisdicción, enviando a la real fuerza aérea de Marruecos a adentrarse en nuestro espacio aéreo, torpedeando la cooperación española en el Sahara, negándose a cumplir los acuerdos migratorios firmados, exigiendo un trato preferencial para sus productos, facilitando la actuación de grupos yihadistas o pidiendo que sus agentes secretos puedan actuar con impunidad en nuestro territorio.

Distintos presidentes acabaron siempre aceptando sus chantajes, haciendo de Marruecos uno de nuestros socios menos fiables y más impredecibles. Sucedió con Zapatero, que en el año 2008 regaló a Marruecos bombas y armamento por el precio simbólico de un euro, mientras miraba para otro lado ante las graves violaciones marroquíes a los derechos humanos en el Sahara, o con Rajoy, que en el año 2015 negoció ante la UE un tratamiento privilegiado para los productos agrícolas marroquíes, afirmando que este país era un “ejemplo democrático” a seguir en África. Todos los gobiernos en España han acabado pasando por el aro, en un momento u otro, ante los desplantes marroquíes, con el agravante de que los reyes de ambos países han presumido históricamente de una privilegiada relación de hermandad que nunca sirvió más que para pagar viajes y dispendios monárquicos.