Desde hace demasiado tiempo, el acceso a la vivienda en España ha alimentado un problema de dimensiones colosales, hasta el punto de convertirse en el factor que en mayor medida está fracturando la sociedad y aumentando la desigualdad. No se trata únicamente del gigantesco drama de unos desahucios o lanzamientos judiciales que han alcanzado la insoportable cifra de un millón desde el año 2008, dos tercios de ellos correspondientes a impagos por alquiler y el resto por ejecuciones hipotecarias. Son otros muchos los datos e indicadores que demuestran que, en este país, tener un lugar para vivir se ha convertido en el mayor desafío existencial para un gran número de personas.
En el año 2008, un 28 % de los jóvenes vivía de alquiler, fundamentalmente en pisos, mientras que en el año 2026 un 60 % de los jóvenes viven de alquiler, pero básicamente en habitaciones compartidas. Unas nueve millones de personas en España viven en alquiler en 2,5 millones de viviendas y, para ellas, saber qué ocurrirá con sus vidas al finalizar sus contratos es una absoluta incertidumbre. Si tenemos en cuenta que el precio medio (con todos los matices que tienen las medias para este caso) de una vivienda de alquiler en España está en 1.208 euros y que el sueldo neto medio es de 1.630 euros -percibiendo salarios por debajo de esa cifra 11,6 millones de trabajadores-, nos daremos cuenta de la formidable dimensión del problema. Pero es que, además, 880.000 hogares viven gracias al Ingreso Mínimo Vital (IMV), a los que habría que añadir una cifra similar que podrían tener derecho a él y no lo solicitan. No es de extrañar que desde hace tres años la vivienda sea el primer y mayor problema para el 43 % de los españoles, siendo también el más grave problema personal para el 28 % de los entrevistados, según el CIS.
No hace falta seguir espolvoreando datos tan preocupantes como contundentes. Desde hace demasiados años las noticias sobre dramáticos desahucios, defendidos con violencia por la Policía y en algunos de los cuales ha habido incluso suicidios, han venido repitiéndose hasta convertirse en una de esas rutinas a las que nos acostumbra la especulación financiera en esta economía salvaje. Todos tenemos familiares, amigos, conocidos, compañeras y compañeros en el trabajo, estudiantes y vecinos para los que su vida es un calvario ante las dificultades que tienen para acceder a un sitio en el que poder encontrar alojamiento.
A todos aquellos que, como el alcalde de Alicante, Luis Barcala, defienden un día tras otro las bendiciones de una turistificación sin límites, acusando a quienes advertimos de sus importantes daños para las ciudades y sus habitantes de ser unos trasnochados que “no generan ni empleo ni riqueza”, se les podría preguntar cómo explican a sus vecinos algo tan sencillo como que en estos momentos hay 341.000 viviendas destinadas al alquiler turístico registradas, a las que habría que añadir un número mayor que opera de forma irregular. Cientos de miles de viviendas que se han sacado de la oferta de alquileres ordinarios para personas y familias -esas que luego dicen apoyar- para que multinacionales extranjeras que en muchos casos no pagan impuestos en España y operan en paraísos fiscales transformen la convivencia de muchas ciudades y barrios.
A ello añadimos que un 9% del mercado de alquiler en España está en manos de grupos inmobiliarios y grandes fondos de inversión internacionales que, en algunos casos, han obtenido una parte de su patrimonio inmobiliario gracias a la venta a precios de saldo de viviendas públicas por responsables municipales del PP, como hizo Ana Botella en Madrid, explicando algunas de las razones del descomunal problema en que se ha convertido el acceso a la vivienda.
Si hay en estos momentos un problema político, social y económico en España de enorme complejidad, es este. Son tantas las personas afectadas que necesitan respuestas urgentes, tan numerosos los errores que han permitido construir una arquitectura legal y fiscal en defensa de los derechos e intereses de grandes inversores y propietarios por encima de las necesidades de las personas, tan escasas las políticas de promoción de vivienda social con relevancia y proyección temporal y tan abandonado a su suerte el mercado de alquiler, que es mucho lo que queda por hacer, mientras la vida de millones de personas no espera.
Las propuestas de este Gobierno son tibias y conservadoras, ajenas a una verdadera política transformadora de vivienda que tanto se necesita. No se afrontan de manera simultánea sus cuatro ejes fundamentales, como son solucionar el déficit de oferta, especialmente en la vivienda de alquiler pública; evitar la especulación salvaje que anida en el sector, eliminando el entramado jurídico de bonificaciones fiscales y blindajes para grandes tenedores y fondos de inversión; regular de manera más clara el mercado del alquiler dando seguridad jurídica a ambas partes, arrendadores y arrendatarios; y, por último, facilitar el acceso a la vivienda a los sectores más vulnerables, activando las viviendas desocupadas y revirtiendo las operaciones altamente especulativas que se han producido.
Sin embargo, es muy importante avanzar sobre la base de las propuestas que el Gobierno ha presentado en materia de vivienda porque conectan con las exigencias de una gran parte del electorado progresista en este país. Y también para contener la enorme brecha social que este problema está generando.
