Desde hace demasiado tiempo, el acceso a la vivienda en España ha alimentado un problema de dimensiones colosales, hasta el punto de convertirse en el factor que en mayor medida está fracturando la sociedad y aumentando la desigualdad. No se trata únicamente del gigantesco drama de unos desahucios o lanzamientos judiciales que han alcanzado la insoportable cifra de un millón desde el año 2008, dos tercios de ellos correspondientes a impagos por alquiler y el resto por ejecuciones hipotecarias. Son otros muchos los datos e indicadores que demuestran que, en este país, tener un lugar para vivir se ha convertido en el mayor desafío existencial para un gran número de personas.

            En el año 2008, un 28 % de los jóvenes vivía de alquiler, fundamentalmente en pisos, mientras que en el año 2026 un 60 % de los jóvenes viven de alquiler, pero básicamente en habitaciones compartidas. Unas nueve millones de personas en España viven en alquiler en 2,5 millones de viviendas y, para ellas, saber qué ocurrirá con sus vidas al finalizar sus contratos es una absoluta incertidumbre. Si tenemos en cuenta que el precio medio (con todos los matices que tienen las medias para este caso) de una vivienda de alquiler en España está en 1.208 euros y que el sueldo neto medio es de 1.630 euros -percibiendo salarios por debajo de esa cifra 11,6 millones de trabajadores-, nos daremos cuenta de la formidable dimensión del problema. Pero es que, además, 880.000 hogares viven gracias al Ingreso Mínimo Vital (IMV), a los que habría que añadir una cifra similar que podrían tener derecho a él y no lo solicitan. No es de extrañar que desde hace tres años la vivienda sea el primer y mayor problema para el 43 % de los españoles, siendo también el más grave problema personal para el 28 % de los entrevistados, según el CIS.