Una inaplazable reconstrucción de la cooperación española

Tras mi reciente comparecencia ante la subcomisión de reforma de la Ley de Cooperación al Desarrollo formada en el Congreso de los Diputados, se avanzan algunas propuestas concretas que el autor trasladó a diputadas y diputados. La nueva Ley de Cooperación puede facilitar el necesario proceso de reconstrucción reclamado desde hace años por diferentes sectores. Aquí algunas urgencias que no admiten demora.

Sin recursos, no hay políticas posibles, necesitándose una continuidad presupuestaria que comprometa los períodos de legislatura, impulsando umbrales básicos de cooperación bilateral sólida y vigorosa, para evitar que el sistema de ayuda se reduzca a su mínima expresión, como hemos vivido. España debe aplicar de inmediato los acuerdos del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados de la UE de 2005, que decidieron aportar colectivamente el 0,5 % de su RNB en ayuda al desarrollo en 2010.

Un sistema institucional confuso, fragmentado e hipertrofiado exige su reordenación y modernización urgente, para reforzar el papel y las capacidades de una AECID anoréxica, en lugar de adelgazarla presupuestaria y funcionalmente, transfiriendo competencias a un universo de fundaciones e instituciones de distinta naturaleza que han debilitado su capacidad técnica y financiera.

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Las ciudades y la Agenda 2030

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Uno de los elementos que están impulsando cambios en las ciudades de todo el mundo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por las Naciones Unidas en septiembre de 2015 y que establecen la llamada Agenda 2030. Su capacidad para avanzar sobre un buen número de los desafíos sociales, ambientales y económicos que tienen las urbes, la posibilidad de generar procesos de planificación adaptados a las capacidades específicas de cada municipio, junto a las abundantes buenas prácticas que se están desplegando en ámbitos subnacionales están colocando a estas agendas locales y regionales 2030 como valiosos activos de localización a nivel mundial.

En la medida en que el proceso de urbanización global avanza de manera imparable, albergando más de un 54% de la población mundial en las zonas urbanas, emergen problemas de una particular intensidad en las ciudades, de cuya respuesta dependerá el futuro de la humanidad. Desde la garantía de ofrecer viviendas adecuadas acompañadas de servicios de calidad que permitan sostener una vida digna de los ciudadanos, hasta afrontar los nuevos efectos del cambio climático, el aumento de la contaminación y de los riesgos por los desastres naturales, junto a desafíos históricos, como las bolsas de pobreza y desigualdad que conforman los cinturones urbanos de miseria, sin olvidar los altos niveles de desempleo existentes en barrios marginales en los que se concentran la exclusión y la marginación. Estos y otros muchos problemas son identificados en las 169 metas que es donde de verdad se materializa la Agenda 2030, bien distintos de los 17 Objetivos que publicitan numerosas personas e instituciones, y que no pasan de ser simples eslóganes propagandísticos.

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Capacidades locales

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A raíz del debate que hace pocas semanas tuvo lugar en la Sede Universitaria sobre la EDUSI, “Un proyecto de regeneración urbana para Alicante”, varios participantes me comentaron días después su interés por la propuesta que allí expliqué para que desde el Ayuntamiento y desde proyectos de esta naturaleza se apoye la generación, el aprovechamiento y el fortalecimiento de capacidades locales, entendiendo que el desarrollo de las mismas pretende entender y abordar las particularidades de cada grupo humano, desde el mejor conocimiento y reconocimiento de los actores involucrados en distintas escalas, con la finalidad de construir sociedades más fuertes e inclusivas.

No creo que estemos ante un tema menor, por la importancia que tiene para impulsar redes, personas, conocimiento y, por qué no decirlo también, empleo en nuestra propia ciudad. Al mismo tiempo, se utiliza y se pone al servicio de la población experiencia y formación por parte de personas que conocen de primera mano cuestiones muy precisas sobre las que llevan trabajando desde hace tiempo. Tampoco podemos olvidar la relevancia que ofrece la construcción de capacidades locales a la hora de generar una mayor pertenencia a los barrios y a las ciudades. Y por último, instituciones como la Comisión Europea están apostando con fuerza para que las ciudades impulsen capacidades, medios, personal y recursos propios que se construyan y reconstruyan al servicio de la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes. Con mayor motivo en estrategias y acciones como la EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano SostenibleIntegrado) financiada con fondos europeos, que apuestan decididamente por la sostenibilidad.

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El desguace de la cooperación valenciana

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Artículo publicado en el diario Información de Alicante, el domingo 9 de agosto de 2015. (Pinchar para ver enlace original)

Acierta el nuevo conseller de Cooperación (entre otras competencias), Manuel Alcaraz, al afirmar que tras la gestión del PP y el caso Blasco hay que recomponer la política de cooperación valenciana. Efectivamente, no encontraremos un caso similar al que se ha dado en esta comunidad, donde su política de cooperación al desarrollo se ha degradado política e instrumentalmente hasta extremos tan increíbles, alimentando todo tipo de prácticas corruptas, mientras se lanzaban campañas y mensajes falsos e incluso se facilitaban cifras de ejecución inciertas que eran corregidas por las autoridades españolas y por el propio Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE en París. Hace pocos meses, responsables de la cooperación suiza me preguntaban detalles del caso Blasco porque no daban crédito a lo que habían leído, pero se quedaron atónitos cuando les expliqué algunos pormenores del mismo y señalarles que, además de la condena firme que tiene y por la que está ingresado en la cárcel Rafael Blasco y sus cómplices, quedan otros dos juicios más por afrontar que concluirán con probabilidad también con importantes condenas relacionadas con los graves delitos imputados a los últimos responsables de la cooperación valenciana.

Como he tenido ocasión de analizar en distintos foros y ante responsables de instituciones y ONG, los efectos de la crisis sobre las políticas de cooperación no se limitan a sus recortes presupuestarios, aun siendo éstos de una gran repercusión, sino que afectan a procesos morfológicos y metabólicos de un enorme calado, haciendo que estas transformaciones no sean ni mucho menos coyunturales ni pasajeras, sino estructurales y de una gran profundidad. Es algo que podemos ver con claridad en la cooperación descentralizada realizada en España desde ayuntamientos, comunidades autónomas y diputaciones, que habiendo sido un modelo mundial, avanza ahora como barco a la deriva sin saber bien hacia dónde se dirige.

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Lecciones y aprendizajes sobre el caso Blasco

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Artículo publicado en el diario Información de Alicante, el domingo 21 de junio de 2015. (Pinchar para acceder al enlace original)

Manchados como estamos de esa pegajosa gelatina que nos empapa llamada corrupción, la entrada en la cárcel de Picassent el pasado lunes del exconseller del PP y todo poderoso Rafael Blasco, por su condena firme en el primero de los tres procesos abiertos contra él por los casos de corrupción sobre la cooperación valenciana, ha parecido uno más entre los bochornosos espectáculos a los que estamos asistiendo. Sin embargo, este caso tiene unos perfiles singulares, tanto por las características del político condenado, como por la naturaleza de la trama de corrupción generada y, sin ninguna duda, por el sector específico sobre el que se han producido los delitos.

En una de las sentencias más contundentes hasta la fecha por un caso de corrupción, el TSJ de la Comunidad Valenciana considera probado que un grupo formado por políticos, funcionarios y empresarios dirigidos por Rafael Blasco crearon una trama delictiva para saquear recursos de la cooperación internacional a los países empobrecidos en beneficio propio de forma continuada. Para ello, abusaron de su autoridad, falseando documentos y procedimientos para hacerse con subvenciones públicas competitivas destinadas a las ONG valencianas, creando para ello organizaciones ficticias que no reunían los requisitos legales exigidos que presentaban proyectos falseados, destinando posteriormente el dinero obtenido a pisos, garajes, artículos de lujo y gastos personales. La sentencia es prolija y detallada en la descripción de unos hechos que considera como “aberrantes y contrarios al sentido común”. Para ello, se creó todo un operativo mafioso, bajo la dirección de Rafael Blasco y en complicidad con personas como Augusto Tauroni, con las que compartía negocios y contratos desde hacía tiempo allí por donde Blasco pasaba. Pero para que todo ello fuera posible, Blasco se rodeó de funcionarios y cargos indignos que corrompieron todos los mecanismos legales de contratación, control y evaluación existentes, llegándose incluso a contratar empresas externas de nula solvencia que ofrecían informes a la carta para justificar los delitos cometidos. Hasta aquí los hechos, pero bueno es que tratemos de extraer algunas lecciones sobre este desdichado caso que nos permita comprenderlo mejor y situarlo dentro de los corrosivos procesos de corrupción que por desgracia nos sacuden.

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Una nueva vuelta de tuerca contra la cooperación descentralizada

Cooperación descentralizada

En diferentes ocasiones hemos analizado la evolución negativa de la cooperación descentralizada en España en el marco de los procesos de desguace que vive el sistema español de cooperación al desarrollo. En mi opinión, la cooperación descentralizada en España atraviesa una profunda crisis que va más allá de las inestabilidades económicas y financieras que atraviesa el país, al eliminarse de un plumazo las políticas de solidaridad internacional que muchas entidades locales han venido construyendo desde la llegada de los ayuntamientos democráticos. El paisaje que todo ello está dejando sobre las políticas de cooperación descentralizada en un país que fue considerado como un ejemplo para países e instituciones internacionales es desolador por la vía de la desaparición de la cooperación local en muchas ciudades, municipios y comunidades autónomas, o en el mejor de los casos, su reducción a efectos puramente testimoniales. Sin embargo, todavía faltan por llegar los efectos perversos que la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local impulsada por este Gobierno va a generar sobre unas materias que son consideradas como “impropias”, con todo lo que ello significa.

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La semilla del 0,7%

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Se cumplen diecinueve años del arranque de las grandes movilizaciones que a favor del 0,7% del PNB de ayuda para el Tercer Mundo tuvieron lugar en toda España y que significaron el arranque del movimiento 0,7%. Casi dos décadas es tiempo suficiente para realizar un pequeño análisis de lo que significó esta emblemática campaña para el conjunto de la sociedad, precisamente en unos momentos en que el Gobierno del PP está procediendo a un profundo desguace de la política de ayuda al desarrollo y ha llevado la cooperación internacional a su mínimo histórico.

En el mes de abril de 1994 los rebeldes Tutsis del FPR entraron en Kigali, desencadenando uno de los más terribles genocidios conocidos en el siglo XX. Entre 800.000 y 1.000.000 de personas fueron asesinadas de forma premeditada, en una acción planificada durante meses por fanáticos Hutus, con la complicidad de varios Gobiernos occidentales. Todo ello originó una catástrofe humanitaria provocada por millones de personas que huían de forma desesperada para escapar de una muerte segura. La dimensión de la tragedia y especialmente la rapidez con que se desarrolló, contaron con la pasividad de la comunidad internacional y de instituciones multilaterales, que demostraron el escaso valor que otorgaban a la vida humana en algunas partes del planeta. Pero en esta ocasión, los medios de comunicación retransmitieron por vez primera y en tiempo real, informaciones que detallaban la dimensión del gigantesco drama que se estaba viviendo. Ante nuestros ojos aparecían cientos de miles de personas cuyo único propósito a lo largo de toda su vida era sobrevivir, algo que significó un auténtico aldabonazo en muchas conciencias, llevando a numerosos ciudadanos de bien a preguntarse por las causas de tanto horror y la manera de paliar tanto sufrimiento humano. Se empezaba a producir un cambio trascendental en la opinión pública española, que empezaba a mostrarse a favor de la ayuda a los países pobres y la cooperación internacional.

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La voladura de la cooperación española

Indicadores para confirmar el deliberado colapso de la política de AOD

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La política de cooperación española no atraviesa buenos momentos. Tampoco el conjunto de políticas sociales y de solidaridad, si bien, el recorte que se ha efectuado sobre la ayuda al desarrollo en España solo puede considerarse  histórico, descomunal, el mayor en toda la comunidad de países donantes y muy superior al que se ha llevado a cabo sobre otras áreas sociales, educativas o sanitarias. Es así que se ha insistido en la profundidad de los recortes sobre la cooperación española, ignorando que esta política atraviesa un estado de extrema gravedad que va más allá de los recortes económicos, aún siendo estos enormemente graves, para conducirla a una situación que desdibuja completamente sus finalidades esenciales y la reduce a un simple instrumento de intereses de distinta naturaleza.

Los profundos recortes sobre la cooperación española que han adoptado tanto el anterior Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, como particularmente el Gobierno de derechas de Mariano Rajoy, la han conducido a una situación de desmantelamiento efectivo al reducirla a la mínima expresión, alejada de acuerdos y compromisos contraídos en la agenda internacional del desarrollo. Si los recortes han sido tan profundos se debe a que nuestra política de Ayuda Oficial al Desarrollo no se había consolidado como una verdadera política de Estado, permaneciendo instalada desde tiempos inmemoriales en una situación de permanente crisis que alejaba nuestro sistema de cooperación de los donantes más relevantes.

 Ni la crisis de la cooperación española comenzó con los recortes que en mayo de 2008 inició el Gobierno de Zapatero, ni tiene una exclusiva motivación económica aunque los recursos sean imprescindibles, sino que hunde sus raíces en problemas de mucho mayor calado que con el paso de los años se han acabado por cronificar, pero de los que se ha querido hablar muy poco, porque para ello había que hablar de política, de política de ayuda al desarrollo y, por tanto, de opciones, decisiones y responsabilidades políticas. Y ello es algo que de forma deliberada se ha querido evitar por muchos de los actores de la cooperación española, para no incomodar a sus responsables y poder acceder a sus favores. Y esta “aristocracia” de la cooperación en España ha tenido, también, responsabilidades con su pasividad, cuando no han apoyado su rumbo con el paso del tiempo, y que ahora sus responsables nos venden como un proceso saludable de “cooperación low cost”.

Así las cosas, siendo esenciales los recursos económicos para llevar a cabo las políticas, en el caso de la ayuda al desarrollo no son el componente exclusivo, ni mucho menos, si no se acompañan al mismo tiempo de otras decisiones, dispositivos y estrategias que aseguren su adecuada finalidad. Hasta el punto que durante la etapa socialista, se tomó como bandera el logro del compromiso 0,7% en el año 2012, algo de imposible cumplimiento pero que redujo la política de cooperación española a este lema de futuro, sin proyectos estructurales visibles sobre el presente y sin ir acompañada de otros cambios imprescindibles en las estructuras institucionales, técnicas y estratégicas.

Y a medida que los gobiernos socialistas centraron todas sus energías en el logro del 0,7%, situaron en un segundo plano otras exigencias mucho más acuciantes, reduciendo la complejidad de las políticas de cooperación y los problemas de la pobreza en el mundo a una simple cifra que se pensaba que crecería frenéticamente, sin abordar las grandes reformas estructurales e institucionales. De forma que cuando llega el Partido Popular al Gobierno, en noviembre de 2011, arremete contra una política de solidaridad internacional en la que no cree y que adolece de importantes problemas estructurales. Y más allá de unos recortes de enorme calado, el Gobierno de derechas de Rajoy cuestiona el papel y la funcionalidad de una política de cooperación internacional que entorpece su proyecto ultraliberal y conservador en el que no cabe la solidaridad social. El Partido Popular profundiza así en un proceso que venía tomando cuerpo desde hace años, al afectar morfológica y metabólicamente al sentido mismo de la ayuda al desarrollo.

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El naufragio de la cooperación descentralizada: lecciones ante la crisis

El naufragio

Hace pocos días tuvo lugar en Valencia unas jornadas de trabajo, “La cooperación descentralizada local: retos ante el contexto de crisis”, organizadas por el Fons Valencià per la Solidaritat, y en las que tuve la oportunidad de realizar la ponencia marco. Fue una buena oportunidad para explicar en público algunas de las investigaciones que vengo realizando sobre el impacto de la crisis en las políticas de cooperación al desarrollo. En mi opinión, los efectos de la crisis sobre las políticas de cooperación no se limitan a sus recortes presupuestarios, aun siendo éstos de una gran repercusión, sino que afectan a procesos morfológicos y metabólicos de un enorme calado, haciendo que estas transformaciones no sean ni mucho menos coyunturales ni pasajeras, sino estructurales y de un gran profundidad. Es algo que podemos ver con claridad en la cooperación descentralizada realizada en España desde ayuntamientos, comunidades autónomas y diputaciones, que habiendo sido un modelo mundial, avanza como barco a la deriva sin saber bien hacia dónde.

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