Una nueva vuelta de tuerca contra la cooperación descentralizada

Cooperación descentralizada

En diferentes ocasiones hemos analizado la evolución negativa de la cooperación descentralizada en España en el marco de los procesos de desguace que vive el sistema español de cooperación al desarrollo. En mi opinión, la cooperación descentralizada en España atraviesa una profunda crisis que va más allá de las inestabilidades económicas y financieras que atraviesa el país, al eliminarse de un plumazo las políticas de solidaridad internacional que muchas entidades locales han venido construyendo desde la llegada de los ayuntamientos democráticos. El paisaje que todo ello está dejando sobre las políticas de cooperación descentralizada en un país que fue considerado como un ejemplo para países e instituciones internacionales es desolador por la vía de la desaparición de la cooperación local en muchas ciudades, municipios y comunidades autónomas, o en el mejor de los casos, su reducción a efectos puramente testimoniales. Sin embargo, todavía faltan por llegar los efectos perversos que la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local impulsada por este Gobierno va a generar sobre unas materias que son consideradas como “impropias”, con todo lo que ello significa.

La eliminación de la cultura de la cooperación local en España va mucho más allá de la supresión de una política relevante para municipios y comunidades autónomas, con repercusión internacional. Reducir a la mínima expresión uno de los espacios de la cooperación al desarrollo que desde España más han hecho por promover procesos de descentralización local, por mejorar la calidad de nuestra ayuda y promover servicios sociales básicos en los países empobrecidos supone también prescindir de políticas, redes y actuaciones de solidaridad capaces de mejorar las condiciones de vida en países empobrecidos y contribuir con ello a dar respuesta a nuestros compromisos internacionales en la materia.

Todavía es pronto para conocer el alcance de los procesos de ajuste que se están experimentando sobre la cooperación descentralizada en España, aunque todo apunta a un importante descenso presupuestario y la consiguiente reducción en programas, actuaciones y dispositivos que se está llevando a cabo, si cabe, todavía más profundo en algunas comunidades y ayuntamientos en la medida que son muchos los que han decidido su eliminación. Junto a ello, están apareciendo efectos indeseados de consecuencias devastadoras para el tejido asociativo local, al promover ERE y despidos en el mejor de los casos, junto a cierres de no pocas ONG debido a la eliminación de programas de financiación y subvención. Pero a diferencia de bancos, entidades financieras y otras grandes empresas (como los fabricantes de automóviles) que han recibido cantidades fabulosas para evitar su cierre, tapar irregularidades y mantener el empleo, a este Gobierno no le importa lo más mínimo todo lo que tenga que ver con la solidaridad, y mucho menos la solidaridad internacional. Parece que la única solidaridad posible sea con ellos mismos y con sus amigos del alma.

Pero por si todo esto fuera poco, el Gobierno ha venido trabajando un una profunda reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que convierte a las cooperación al desarrollo en lo que se denomina como una competencia impropia, de manera que las entidades locales solo podrán ejercerlas por delegación de otras administraciones que sí tengan esas competencias. Para ello, tendrán que solicitarlas y obtener de esas administraciones un informe vinculante en el que se recoja que no existan duplicidades en la prestación de la cooperación llevada a cabo, al tiempo que las entidades locales deberán demostrar que las entidades locales que quieran llevar a cabo actuaciones de cooperación al desarrollo no incurren en riesgos para su sostenibilidad financiera al desempeñarla.

De hecho, en la página web de la FEMP ya están disponibles los formularios para facilitar la emisión de estos informes vinculantes, que tienen que ser realizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Se confirma así el papel completamente residual que desde este Gobierno y sus responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación tienen sobre la cooperación descentralizada y el desconocimiento del valioso papel económico y funcional que ha venido desempeñando en España desde hace décadas. Incluso ignoran por completo su aportación al sostener la cooperación española en la década de los años 90, cuando desde el Gobierno central se promovían recortes de importancia sobre nuestra cooperación y las entidades locales contribuyeron a evitar su desplome, o la mejora en los indicadores de calidad y efectividad sobre sectores clave aportados desde la cooperación local.

Sin embargo, a pesar de la gravedad y el significado de esta decisión, en muchas ciudades y localidades no se habla de ello, no se conoce y se sigue hablando del 0,7% como si fuera el único problema de nuestra cooperación. Ni las coordinadoras, ni las ONG, ni los partidos políticos han tomado conciencia de los cambios que ha vivido la cooperación descentralizada en España y del profundo cambio político e instrumental en el que este Gobierno del PP ha trabajado para reducirla a una materia meramente simbólica. Mientras no se tenga conciencia de ello, no podremos volver a reformular una nueva etapa en las políticas de cooperación descentralizada en España que permita superar la calamitosa etapa que se está viviendo a cargo de los gobiernos del PP.

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