Nuevos enfoques para el Ingreso Mínimo Vital (IMV)

Uno de los dispositivos de protección social más importantes desplegados para contener los profundos efectos de la crisis causada por la pandemia de la Covid-19, junto a la extensión del mecanismo de los ERTE, fue la implantación del novedoso Ingreso Mínimo Vital (IMV), de ámbito estatal, que se sumaba al sistema de rentas de inserción autonómicas que con un recorrido muy desigual estaba en marcha. El impresionante aumento del desempleo que con rapidez generó la crisis sanitaria, los elevados niveles de pobreza alcanzados junto a la acusada caída de ingresos básicos en cientos de miles de familias exigía de una respuesta urgente, efectiva y ágil capaz de proporcionar recursos fundamentales para la subsistencia en un momento en el que la economía mundial vivía un “shock” generalizado de una profundidad desconocida.

En la nota del Consejo de Ministros tras su aprobación, en mayo de 2020, se afirmaba que el IMV llegaría a 850.000 hogares en los que vivían 2,3 millones de personas, con especial incidencia sobre menores, posibilitando así, en palabras textuales recogidas en este comunicado, “la práctica erradicación de la pobreza extrema” en España, algo que en su momento parecía excesivamente eufórico y que el tiempo ha demostrado completamente desmedido.

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Reivindicando las políticas sociales durante la pandemia

Desde que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunciara la declaración oficial de pandemia de Covid-19, todos los países han tenido que hacer frente a una situación novedosa a medida que avanzaban los efectos de una gigantesca crisis sanitaria, desconocida en extensión e intensidad. De inmediato se desencadenó una profunda disrupción laboral, con la desaparición de ingresos esenciales de un día para otro en millones de personas, generándose situaciones de pobreza y necesidad sobrevenidas que dañaron a cientos de miles de hogares en toda España.

Junto a la pérdida de vidas humanas, el enorme sufrimiento causado en la población y la preocupación generalizada que se registraba en el conjunto de la sociedad, de manera inmediata se vivieron los efectos de las duras medidas adoptadas por las autoridades desde el plano económico y laboral para hacer frente a las diferentes olas de contagios vividas, generándose un aumento de las situaciones de privación material, caída de rentas, aumento de la pobreza y carencia de ingresos básicos en un número considerable de hogares. Si bien el impacto afectó a amplios segmentos de población, se plantearon condiciones de especial severidad sobre las personas más vulnerables, apareciendo situaciones particularmente graves sobre colectivos y personas con mayor riesgo social y de exclusión.

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Un nuevo contrato social

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La democracia y el sistema económico van de la mano, de manera que las profundas fracturas que está abriendo en la sociedad el avance de una economía desbocada, daña también la credibilidad en las democracias occidentales y la convivencia misma.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el progreso y la estabilidad de Europa se construyeron mediante la convicción de que era imprescindible construir una sociedad más equitativa por medio de un amplio consenso social. Para ello, los estados tenían que velar por el bienestar de sus ciudadanos, promoviendo que los empresarios proporcionaran unos mínimos vitales a sus empleados y éstos tuvieran unas condiciones de vida adecuadas. Así, sobre la base de grandes acuerdos, los trabajadores accedieron a derechos laborales, empleos dignos, una red de protección social más o menos amplia mediante una política redistributiva que permitiera a su vez, a los empresarios, asegurarse una fuerza de trabajo estable que mantuviera el progreso económico. Estos fueron los cimientos de la economía social de mercado que, con diferentes perfiles, avanzó en todo el continente europeo.

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Sinhogarismo

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Uno de los exponentes más visibles y desalentadores de la exclusión social lo constituyen las personas que, careciendo de hogar y alojamiento, viven en nuestras calles, de manera temporal, permanente o de forma itinerante. Es lo que se denomina como “sinhogarismo”, un neologismo que está empezando a generalizarse para definir la situación de aquellas personas que no pueden acceder o conservar un alojamiento adecuado a sus circunstancias personales de forma duradera, capaz de proporcionar una convivencia estable, debido a razones económicas, barreras sociales o bien porque presentan dificultades para tener una vida autónoma. Este concepto presenta algunas ventajas respecto a otros, como transeúnte, sintecho, indigente o mendigo, ya que es mucho más preciso en la definición, eliminando valoraciones estigmatizadoras que no ayudan a comprender e intervenir sobre la problemática.

No estamos, ni mucho menos, ante un fenómeno nuevo, si bien nuestras ciudades registran un aumento de personas que duermen y viven en las calles en los últimos años, debido a los dañinos efectos generados por las políticas de ajuste aplicadas durante la última gran crisis, particularmente en países del Sur de Europa, junto al aumento y la extensión de fenómenos novedosos de vulnerabilidad social. De esta forma, la situación de quienes viven en nuestras calles de manera habitual ha desbordado los perfiles tradicionales de personas en situaciones de marginación, extendiéndose a otras muchas que han perdido sus viviendas por desahucios, a mayores de 45 años que han sido despedidos y no encuentran empleo, a inmigrantes que no pueden renovar sus permisos o regularizarse, así como a otras personas que por diferentes causas pierden sus redes familiares, por señalar las más destacables. Así, cuantas más personas duermen en nuestras calles, más fallos y deficiencias presenta nuestra sociedad por haber llevado a estas personas a situaciones extremas, sin ofrecerles posibilidades para que puedan vivir con un mínimo de dignidad. Seguramente por ello, muchos ayuntamientos prefieren mirar para otro lado, sin reconocer el fracaso que supone que dentro de los cajeros de muchos bancos o en sus parques y jardines haya personas malviviendo en estas condiciones, como si formaran parte del mobiliario urbano.
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Emergencia social

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En pocas cosas hay tanta unanimidad, entre los partidos políticos que aspiran a formar nuevo gobierno, como en la necesidad de poner en marcha un ambicioso plan de emergencia social. Indicadores estadísticos europeos y nacionales coinciden en destacar una y otra vez los elevados niveles de pobreza, desigualdad y exclusión social que se han alcanzado en España, colocándonos en los primeros puestos entre los países de la UE, abriendo así una brecha social que no para de avanzar y cuyos efectos tardarán años en desaparecer. El problema es que el tiempo que se necesita para generar cambios económicos y sociales de envergadura que transformen esta situación no coincide con las necesidades vitales y personales más urgentes de miles de familias, que no pueden esperar más para que se solucionen auténticos dramas humanos contemporáneos de proporciones devastadores para quienes lo sufren. De ahí la importancia de comprender correctamente la situación de emergencia social en la que nos encontramos y realizar así un adecuado diagnóstico.

Artículo publicado en el diario Información de Alicante, el domingo 7 de febrero de 2016 (Pinchar aquí para ver enlace original)

​Muchos de los síntomas de ese devastador proceso vivido son bien conocidos, en forma de destrucción de puestos de trabajo y desempleo masivo, con la expulsión de amplios sectores de jóvenes y profesionales al extranjero, mientras numerosas familias sin recursos han perdido su casa con los cerca de medio millón de desahucios ejecutados desde el inicio de la crisis, al tiempo que cada vez más personas no pueden pagar incluso sus tratamientos médicos y satisfacer sus necesidades más básicas, hasta el punto de tener que recurrir a comedores sociales y bancos de alimentos en proporciones nunca antes vistas desde la posguerra, con miles de niños en situación de pobreza y vulnerabilidad ante la imposibilidad de sus padres hasta de poder pagar los comedores escolares, con hogares incapaces de hacer frente a los recibos de consumos básicos de agua, electricidad o gas.

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La política social del paquete de arroz

Dia Familia

Con la excusa de la crisis, se está perdiendo la perspectiva más elemental de muchas cosas. El pudor personal, la vergüenza institucional y la responsabilidad pública de numerosos políticos parecen haber desaparecido, abandonados como están al populismo barato, a la caridad desmedida y sin criterio sobre la que han situado a numerosas instituciones. De tal forma que, mientras desde el Gobierno y las diferentes instituciones autonómicas y locales, el Partido Popular niega el devastador impacto de la crisis, han convertido a muchas de estas instituciones en una simple caricatura, a base de sustituir la acción política por la caridad o el abandono, puro y duro.

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