Desde que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunciara la declaración oficial de pandemia de Covid-19, todos los países han tenido que hacer frente a una situación novedosa a medida que avanzaban los efectos de una gigantesca crisis sanitaria, desconocida en extensión e intensidad. De inmediato se desencadenó una profunda disrupción laboral, con la desaparición de ingresos esenciales de un día para otro en millones de personas, generándose situaciones de pobreza y necesidad sobrevenidas que dañaron a cientos de miles de hogares en toda España.

Junto a la pérdida de vidas humanas, el enorme sufrimiento causado en la población y la preocupación generalizada que se registraba en el conjunto de la sociedad, de manera inmediata se vivieron los efectos de las duras medidas adoptadas por las autoridades desde el plano económico y laboral para hacer frente a las diferentes olas de contagios vividas, generándose un aumento de las situaciones de privación material, caída de rentas, aumento de la pobreza y carencia de ingresos básicos en un número considerable de hogares. Si bien el impacto afectó a amplios segmentos de población, se plantearon condiciones de especial severidad sobre las personas más vulnerables, apareciendo situaciones particularmente graves sobre colectivos y personas con mayor riesgo social y de exclusión.

El resultado inmediato ha sido el avance de la pobreza y la exclusión social en una dimensión que no conocemos adecuadamente porque todavía no disponemos de los indicadores necesarios para su análisis. Sin embargo, hay unanimidad en valorar que las medidas de choque adoptadas para amortiguar el daño económico y social producido durante la pandemia, mediante un despliegue inédito en la historia de España que ha combinado medidas económicas, sociales y laborales de una enorme profundidad, han reducido y aliviado significativamente las situaciones de pobreza y vulnerabilidad desencadenadas.

A diferencia de las políticas de austeridad salvajes, de los profundos recortes presupuestarios y la disminución de las ayudas sociales cuando más se necesitaban que aplicó la derecha del PP en España durante la anterior crisis financiera, durante esta pandemia se ha puesto en marcha un abanico muy amplio de políticas y dispositivos, en muchos casos novedosos, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o las ayudas directas a actividades económicas, comerciales y autónomos, que han tenido una enorme importancia para cientos de miles de familias.

La crisis financiera de 2008 y la Gran Recesión resultante tuvo, entre sus consecuencias, el ensanchamiento de las tasas de pobreza, con la aparición de bolsas de privación cronificadas y fuertemente excluidas que de manera muy lenta se estaban rebajando, hasta que llegó la pandemia de Covid-19. Al mismo tiempo, la grave crisis socioeconómica vivida en la última década planteó a los servicios sociales nuevas y angustiosas demandas de ayuda que pusieron de manifiesto limitaciones, carencias y debilidades en unas políticas sociales diseñadas para situaciones y colectivos muy distintos a los generados durante la enorme crisis vivida.

Unas políticas sociales municipales y unos profesionales que apenas se habían podido recuperar del enorme esfuerzo acumulado durante la última década se han encontrado, nuevamente, ante el mayor colapso social de su historia con motivo de la pandemia, teniendo que dar respuesta a problemas y situaciones inimaginables, en extensión y profundidad.

Junto a la enorme crisis sanitaria, también se ha atravesado una crisis social que ha causado estragos económicos y sociales de una enorme complejidad, dificultando la satisfacción de necesidades básicas para numerosas personas y hogares. Estas y otras muchas demandas vitales que, en algunos casos, tenían que asegurar el cuidado y hasta la manutención de la población más vulnerable, llegaron a unos servicios sociales declarados como servicios esenciales en plena emergencia sanitaria, teniendo que desplegar dispositivos novedosos en medio de confinamientos y estados de alarma, cuando se dictaban severas medidas de distanciamiento y cierre físico de la atención pública. Creo, a la vista de los hechos y con la perspectiva del tiempo, que no se ha valorado y reivindicado el trabajo llevado a cabo desde trabajadores, técnicos y responsables sociales en las diferentes administraciones públicas desde que estalló la pandemia.

Es cierto que la respuesta de los servicios sociales públicos ha sido muy desigual, con servicios sociales municipales entregados a esta situación excepcional muy por encima de sus obligaciones con un inmenso sacrificio personal de sus profesionales, junto a otros que directamente cerraron y dejaron que fueran las organizaciones sociales y civiles las que asumieran la atención de las necesidades más básicas de algunos colectivos, como hizo el Ayuntamiento de Alicante. Pero al igual que se ha destacado el enorme esfuerzo realizado por los profesionales y las instituciones sanitarias, falta por explicar el extraordinario trabajo que han hecho unos servicios sociales que venían trabajando desde la anterior crisis al límite de sus posibilidades y que ahora, nuevamente, han tenido que afrontar situaciones de pobreza sobrevenida inimaginables.

Y junto a ello, también debe ponerse en valor el trabajo de la sociedad civil y de numerosas organizaciones informales, que desde el primer momento desplegaron iniciativas de distinta naturaleza para atender necesidades tan básicas como el abastecimiento de alimentos y comidas, el suministro de productos de higiene personal o la alimentación infantil que, para muchos hogares y personas, han resultado esenciales.