Desde que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunciara la declaración oficial de pandemia de Covid-19, todos los países han tenido que hacer frente a una situación novedosa a medida que avanzaban los efectos de una gigantesca crisis sanitaria, desconocida en extensión e intensidad. De inmediato se desencadenó una profunda disrupción laboral, con la desaparición de ingresos esenciales de un día para otro en millones de personas, generándose situaciones de pobreza y necesidad sobrevenidas que dañaron a cientos de miles de hogares en toda España.

Junto a la pérdida de vidas humanas, el enorme sufrimiento causado en la población y la preocupación generalizada que se registraba en el conjunto de la sociedad, de manera inmediata se vivieron los efectos de las duras medidas adoptadas por las autoridades desde el plano económico y laboral para hacer frente a las diferentes olas de contagios vividas, generándose un aumento de las situaciones de privación material, caída de rentas, aumento de la pobreza y carencia de ingresos básicos en un número considerable de hogares. Si bien el impacto afectó a amplios segmentos de población, se plantearon condiciones de especial severidad sobre las personas más vulnerables, apareciendo situaciones particularmente graves sobre colectivos y personas con mayor riesgo social y de exclusión.