Sacar a cientos de miles de personas de la marginalidad, garantizar sus derechos y obligaciones e incorporarlas a nuestra sociedad es una contribución fundamental a la convivencia democrática. Por ello se ha puesto en marcha el proceso de regularización extraordinario para aquellas personas migrantes que residen en España, vigente hasta el 30 de junio de este año, permitiendo solicitar autorizaciones de trabajo y residencia a quienes hubieran llegado antes del 1 de enero de 2026 y cumplan los requisitos previstos en la normativa aprobada por el Consejo de Ministros del 14 de abril.

En estos primeros días, las colas de inmigrantes en las calles ante oficinas públicas, la confusión y las dudas en procedimientos nada sencillos han centrado la atención. Si bien desde el inicio de la etapa democrática se han realizado otros nueve procesos anteriores, tanto con gobiernos del PSOE como del PP, no estamos ante uno más, ni mucho menos, ni tampoco es similar a ninguno de los realizados. En efecto, asistimos al proceso extraordinario de regularización de personas migrantes más excepcional de todos los llevados a cabo por tres motivos fundamentales.

En primer lugar, por el origen de la propuesta impulsada mediante la mayor Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la historia democrática, que obtuvo más de 700.000 firmas, impulsada por cerca de 900 entidades sociales de muy distinta naturaleza desde diciembre de 2021 y que contó con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas del Congreso para su tramitación, salvo la ultraderecha de Vox. En segundo, por la diversidad de personas y perfiles que pueden acogerse al mismo, la flexibilidad en los permisos otorgados, su cobertura sobre familiares y amparar a la enorme bolsa de solicitantes de asilo pendientes de resolución. Y finalmente por contar con la beligerante oposición y hasta con el boicot activo de instituciones clave para su desarrollo, como las comunidades autónomas y particularmente los ayuntamientos gobernados por el PP. Nunca en la historia democrática se había producido un fenómeno así de tal gravedad, pero el proceso culminará, aunque sea con las zancadillas de la derecha, negándose a reforzar plantillas y habilitar recursos.

No se trata, únicamente, de las falsedades xenófobas contra el proceso difundidas por la ultraderecha de Vox a las que el PP se ha sumado con entusiasmo, criminalizando a los inmigrantes o propagando barbaridades sobre el reemplazo generacional y las mentiras de captar votos de personas que no pueden hacerlo en estos momentos. Hablamos del gigantesco cinismo que ambos partidos mantienen con la inmigración, al haber apoyado otros procedimientos extraordinarios de regularización recientes. Por ejemplo, España ha mantenido hasta 2025 el proceso de regularización para extranjeros acaudalados a través de la “Golden Visa”, que otorgaba permisos de residencia y trabajo a extranjeros que compraran viviendas por valor superior a los 500.000 euros o hicieran depósitos bancarios superiores al millón de euros, regularizándose a cerca de 15.000 personas. O la “Vía exprés” para venezolanos, que ha regularizado con permisos de residencia por razones humanitarias a unos 240.000, muchos de ellos con capitales de dudosa procedencia. Sin olvidar la “Directiva Europea de Protección Temporal”, que ha regularizado a casi 330.000 ucranianos llegados con motivo de la guerra en su país. Más de medio millón de extranjeros regularizados con la complacencia de la misma derecha extrema que ahora se rasga las vestiduras.

Pero donde el PP ha encontrado su caballo de batalla es en los muchos ayuntamientos que gobierna, esenciales para facilitar documentos clave que necesitan los inmigrantes, como los certificados de empadronamiento o de vulnerabilidad. El Gobierno debería haberse reunido previamente con instituciones como la FEMP o los colegios profesionales de Trabajo Social para escucharlos y coordinar actuaciones, evitando encontrarse ahora un auténtico cuello de botella en la tramitación de estos documentos fundamentales, con una manifiesta imprecisión en su contenido y gestión que recae, una vez más, en las maltratadas trabajadoras sociales. Las mismas que tuvieron que asumir una enorme sobrecarga de trabajo durante la gran crisis y con la pandemia de covid-19, enterradas en una maraña burocrática de trámites e impresos, se encuentran ahora con que tienen que gestionar un aluvión de informes de manera apresurada y con la ambigüedad que el proceso ha generado, sin que se les haya escuchado previamente.

La condición de inmigrante en situación de irregularidad administrativa es, en sí misma, un factor estructural de vulnerabilidad e indefensión por lo que el documento de vulnerabilidad solicitado en este proceso se puede considerar como redundante, si bien es cierto que se exige a quienes no pueden acreditar actividad laboral o unidad familiar, o a solicitantes de protección internacional. Siendo un informe social importante, no se entiende que en este proceso lo puedan emitir profesionales o entidades ajenas al trabajo social, al margen del rigor técnico y ético, pudiéndose prestar a engaños y a una actuación inadecuada. De hecho, en las instrucciones del Gobierno existe una confusión sobre la naturaleza del documento exigido y si tiene que ser informe o certificado, e incluso si lo pueden rellenar previamente los inmigrantes.

Desde hace años se pide este informe de vulnerabilidad para decenas de trámites y prestaciones, incluso por agencias privadas, hasta el punto de ser un informe que justifica lo que con frecuencia se acredita mediante otros documentos oficiales. De manera que el informe de vulnerabilidad se ha convertido en uno de los grandes escollos en este proceso de regularización, alimentando confusiones, conflictos y disfunciones, además de sobrecargar unos servicios sociales que llevan años al límite. A tiempo se está de solucionarlo.