Esta semana se votó favorablemente en el Congreso de los Diputados una importante Iniciativa Legislativa Popular (ILP), amparada por el artículo 87.3 de la Constitución y avalada por más de 700.000 firmas, junto al respaldo de otras 906 organizaciones sociales, en la que se pide la regularización de cientos de miles de inmigrantes que viven y trabajan en España de manera irregular sin contar con permisos de residencia y de trabajo, también conocida como #ILPRegularizacion.

La posibilidad de presentar estas ILP se recogió como un reconocimiento a que los propios ciudadanos puedan impulsar iniciativas legislativas para su debate y aprobación, si así lo aprueban los grupos políticos del parlamento, en un intento de facilitar la participación política en la elaboración de normas ampliamente sentidas y demandadas por la sociedad. Bien es cierto que las exigencias recogidas en la ley orgánica que regula el ejercicio de este derecho son muy estrictas y farragosas, comenzando por la presentación ante la mesa del Congreso por la comisión promotora de un texto articulado y bien desarrollado, precedido de una exposición de motivos, que fundamente la justificación de la ILP, siendo esta mesa la que resuelve inicialmente sobre la admisión de la iniciativa y el plazo para el procedimiento de recogida de firmas, lo que se comunica a la Junta Electoral Central.