Criptomonedas y desigualdad

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En muy poco tiempo, el blockchain, las criptomonedas y criptodivisas, entre las que sobresale el bitcóin, se han metido de lleno en nuestra sociedad, ocupando debates e informaciones de todo tipo, a pesar de no saberse a ciencia cierta qué son y desconocer en gran medida sus efectos.

De hecho, con frecuencia, se habla de la cotización del bitcóin como si del euro se tratara, conociéndose comercios de distinta naturaleza que dicen admitir el pago en bitcóin, aunque no parece que sepan bien lo que harán cuando les entreguen un código QR impreso en un papel a cambio de la compra. Por las calles de nuestras ciudades empezamos a ver tiendas que ofrecen unos equipos bien feos para minar criptomonedas, de la misma forma que se ofrecen taladros para extraer oro en los supermercados cercanos a las montañas de Alaska. Incluso una gran cadena de alimentación anuncia la posibilidad de conocer la trazabilidad de sus alimentos mediante “tecnología blockchain”, como si ello fuera la mayor garantía de salud, calidad y frescura de lo que comemos. En países del Este de Europa se están sustituyendo numerosas granjas de aves por granjas de minería de criptomonedas, aprovechando el bajo precio de una electricidad que, en muchos de ellos, sigue subvencionada por el Estado, mientras surgen numerosos estudios que llaman la atención sobre el descomunal consumo de energía eléctrica que necesitan estas nuevas labores de minería, hasta el punto que en ciudades como Nueva York se están desmantelando instalaciones mineras ilegales de criptomonedas para evitar que se puedan producir apagones. Todo ello, mientras proliferan los anuncios para invertir en estas monedas virtuales, prometiendo rentabilidades ilimitadas. Sin embargo, la realidad parece ser otra muy distinta.

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Pacto sin acuerdo

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Coincidiendo con el 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, el pasado día 10 de diciembre, se celebró en Marrakech (Marruecos) una cumbre internacional para aprobar el primer “Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular”, en el que se venía trabajando desde hacía dos años. El texto, que fue firmado por 164 países, será finalmente ratificado el 19 de diciembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

A diferencia de lo sucedido con otros acuerdos internacionales promovidos por las Naciones Unidas, en esta ocasión, el elemento más llamativo ha sido el creciente número de países que, o bien, se retiraron de las negociaciones, descolgándose del acuerdo antes incluso de que culminara el proceso de negociación, como ocurrió con Estados Unidos, Austria, Australia, República Checa, República Dominicana, Hungría, Letonia, Polonia y Eslovaquia, entre los más destacados, o bien lo han hecho con posterioridad, alegando diferentes razones para ello, como ha sucedido con Bélgica, Suiza, Bulgaria, Estonia, Israel, Italia y Eslovenia, siendo el caso más llamativo el de Chile, país que se desmarcó durante la misma cumbre de Marrakech, alegando que este Pacto invadía competencias propias en materia de inmigración. Es la demostración palpable de que el debate migratorio representa uno de los asuntos más polémicos en numerosos países del mundo, no siendo utilizado para avanzar hacia un abordaje global de la movilidad humana, sino como arma política arrojadiza de primer orden.

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Refugiados abandonados

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Desde hace años, diferentes gobiernos en España han desatendido de manera premeditada sus obligaciones en materia de asilo y refugio, sometiendo a todo el sistema de protección internacional, que nos obliga como país y amparado por el Derecho Internacional, a un deliberado abandono. La lamentable situación de las oficinas de asilo y refugio (OAR), la clamorosa falta de personal y recursos, junto a la ausencia de medios y dispositivos adecuados para gestionar las demandas recibidas y atender con humanidad a las personas solicitantes de asilo en España suponía, en muchos casos, una vulneración de las directivas europeas y de nuestros compromisos internacionales en la materia, además de un sufrimiento añadido a personas que acumulan demasiado dolor.

Todo ello es algo conocido por las ONG especializadas, investigadores y los propios Defensores del Pueblo (estatal y autonómicos), que han insistido en ello con énfasis en los últimos años, siendo también recogido por diferentes medios de comunicación. A su vez, la mal llamada “crisis de los refugiados” que ha vivido Europa con especial intensidad en los años recientes, en coincidencia con la llegada masiva de solicitantes de asilo y migrantes forzosos hasta las costas europeas, muchos de ellos personas y familias que trataron de escapar de la guerra en Siria, sacudió las conciencias de un buen número personas, deseosas de poder colaborar para resolver la grave situación creada, sin que ello fuera atendido por el Gobierno del PP, que incluso incumplió las obligaciones del Consejo Europeo sobre Migración de septiembre de 2015 para acoger en España en régimen de reubicación y reasentamiento a 17.337 refugiados en dos años.

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