Por distintos motivos, en los últimos meses, distintas informaciones y decisiones sobre los refugiados en España han generado sorpresa y desconcierto. Es cierto que la política de asilo y refugio en España, por llamarla de alguna manera, lleva demasiados años abandonada a su suerte, de espaldas a los compromisos jurídicos internacionales que nuestro país tiene en este campo y ajena a los conflictos, guerras y tragedias que vienen asolando el mundo y que obligan a millones de personas a abandonar sus hogares. La solución, nada sencilla, requiere del principio de solidaridad compartida que impulsa las Naciones Unidas, afrontando de manera conjunta los nuevos desafíos que plantean los desplazamientos forzosos hoy en día.
El sistema de protección internacional en nuestro país ha sufrido históricamente de una deliberada desidia, tanto en la lamentable situación de las Oficinas de Asilo y Refugio (OAR), como en la falta de medios y personal imprescindible para atender con humanidad a las personas solicitantes de asilo en España, lo que ha supuesto la vulneración de directivas europeas y compromisos internacionales, al tiempo que se añadía sufrimiento a personas y familias que ya acumulan demasiado dolor. Los enormes desajustes en un sistema de asilo que solo admite a trámite y acepta una de cada cuatro solicitudes de asilo, una de las más bajas tasas de Europa, con tardanzas en la tramitación de solicitudes que llegan con frecuencia a cerca de dos años, la progresiva acumulación de expedientes sin resolver, junto a los criterios frecuentemente políticos y no humanitarios a la hora de conceder los reconocimientos de asilo y protección internacional, añaden intranquilidad a los afectados, quienes al acceder al sistema de refugio en España se sumergen en un limbo intemporal de consecuencias desconocidas.
