Desde hace años, diferentes gobiernos en España han desatendido de manera premeditada sus obligaciones en materia de asilo y refugio, sometiendo a todo el sistema de protección internacional, que nos obliga como país y amparado por el Derecho Internacional, a un deliberado abandono. La lamentable situación de las oficinas de asilo y refugio (OAR), la clamorosa falta de personal y recursos, junto a la ausencia de medios y dispositivos adecuados para gestionar las demandas recibidas y atender con humanidad a las personas solicitantes de asilo en España suponía, en muchos casos, una vulneración de las directivas europeas y de nuestros compromisos internacionales en la materia, además de un sufrimiento añadido a personas que acumulan demasiado dolor.
Todo ello es algo conocido por las ONG especializadas, investigadores y los propios Defensores del Pueblo (estatal y autonómicos), que han insistido en ello con énfasis en los últimos años, siendo también recogido por diferentes medios de comunicación. A su vez, la mal llamada “crisis de los refugiados” que ha vivido Europa con especial intensidad en los años recientes, en coincidencia con la llegada masiva de solicitantes de asilo y migrantes forzosos hasta las costas europeas, muchos de ellos personas y familias que trataron de escapar de la guerra en Siria, sacudió las conciencias de un buen número personas, deseosas de poder colaborar para resolver la grave situación creada, sin que ello fuera atendido por el Gobierno del PP, que incluso incumplió las obligaciones del Consejo Europeo sobre Migración de septiembre de 2015 para acoger en España en régimen de reubicación y reasentamiento a 17.337 refugiados en dos años.
