Manchados como estamos de esa pegajosa gelatina que nos empapa llamada corrupción, la entrada en la cárcel de Picassent el pasado lunes del exconseller del PP y todo poderoso Rafael Blasco, por su condena firme en el primero de los tres procesos abiertos contra él por los casos de corrupción sobre la cooperación valenciana, ha parecido uno más entre los bochornosos espectáculos a los que estamos asistiendo. Sin embargo, este caso tiene unos perfiles singulares, tanto por las características del político condenado, como por la naturaleza de la trama de corrupción generada y, sin ninguna duda, por el sector específico sobre el que se han producido los delitos.
En una de las sentencias más contundentes hasta la fecha por un caso de corrupción, el TSJ de la Comunidad Valenciana considera probado que un grupo formado por políticos, funcionarios y empresarios dirigidos por Rafael Blasco crearon una trama delictiva para saquear recursos de la cooperación internacional a los países empobrecidos en beneficio propio de forma continuada. Para ello, abusaron de su autoridad, falseando documentos y procedimientos para hacerse con subvenciones públicas competitivas destinadas a las ONG valencianas, creando para ello organizaciones ficticias que no reunían los requisitos legales exigidos que presentaban proyectos falseados, destinando posteriormente el dinero obtenido a pisos, garajes, artículos de lujo y gastos personales. La sentencia es prolija y detallada en la descripción de unos hechos que considera como “aberrantes y contrarios al sentido común”. Para ello, se creó todo un operativo mafioso, bajo la dirección de Rafael Blasco y en complicidad con personas como Augusto Tauroni, con las que compartía negocios y contratos desde hacía tiempo allí por donde Blasco pasaba. Pero para que todo ello fuera posible, Blasco se rodeó de funcionarios y cargos indignos que corrompieron todos los mecanismos legales de contratación, control y evaluación existentes, llegándose incluso a contratar empresas externas de nula solvencia que ofrecían informes a la carta para justificar los delitos cometidos. Hasta aquí los hechos, pero bueno es que tratemos de extraer algunas lecciones sobre este desdichado caso que nos permita comprenderlo mejor y situarlo dentro de los corrosivos procesos de corrupción que por desgracia nos sacuden.
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