Ciudades éticas

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Estas semanas de inicio de las nuevas corporaciones municipales en toda España se escuchan numerosos compromisos sobre los proyectos de ciudad que alcaldes y concejales quieren llevar a cabo en sus localidades. Son muchas las propuestas fragmentadas que se hacen, tratando de dar respuesta a necesidades puntuales de los vecinos, pero muy pocas las reflexiones sobre estrategias urbanísticas que puedan mejorar nuestra convivencia; numerosas las ideas sobre el entorno construido o por levantar, pero prácticamente ninguna sobre cómo las personas habitan, de manera individual y colectiva, nuestras ciudades.

Por el contrario, ningún alcalde, concejal o grupo político en los ayuntamientos reflexiona sobre lo que el sociólogo norteamericano Richard Sennett, en su último libro denomina como “ética para la ciudad”, las bases para avanzar hacia ciudades más éticas, en las que se puedan repensar los componentes esenciales de la ciudad que permitan profundizar en valores que den una mayor calidad de vida, en línea con algunas de las últimas propuestas que avanza el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (HABITAT).

Es cierto que nuestros responsables políticos valoran sus mandatos en función de las construcciones, edificios y equipamientos que son capaces de levantar, como si fueran monumentos imperecederos a su gestión. Sin embargo, lo que el historiador francés Fustel de Coulanges bautizó en 1864 como La Ville, lo que hoy entendemos como la ciudad física, compuesta por los edificios, los espacios públicos y las infraestructuras, deben estar al servicio de sus habitantes, quienes con sus usos, sus relaciones e interacciones proyectan los valores que modelan estas ciudades.

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Un nuevo contrato social

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La democracia y el sistema económico van de la mano, de manera que las profundas fracturas que está abriendo en la sociedad el avance de una economía desbocada, daña también la credibilidad en las democracias occidentales y la convivencia misma.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el progreso y la estabilidad de Europa se construyeron mediante la convicción de que era imprescindible construir una sociedad más equitativa por medio de un amplio consenso social. Para ello, los estados tenían que velar por el bienestar de sus ciudadanos, promoviendo que los empresarios proporcionaran unos mínimos vitales a sus empleados y éstos tuvieran unas condiciones de vida adecuadas. Así, sobre la base de grandes acuerdos, los trabajadores accedieron a derechos laborales, empleos dignos, una red de protección social más o menos amplia mediante una política redistributiva que permitiera a su vez, a los empresarios, asegurarse una fuerza de trabajo estable que mantuviera el progreso económico. Estos fueron los cimientos de la economía social de mercado que, con diferentes perfiles, avanzó en todo el continente europeo.

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