Nuevos enfoques para el Ingreso Mínimo Vital (IMV)

Uno de los dispositivos de protección social más importantes desplegados para contener los profundos efectos de la crisis causada por la pandemia de la Covid-19, junto a la extensión del mecanismo de los ERTE, fue la implantación del novedoso Ingreso Mínimo Vital (IMV), de ámbito estatal, que se sumaba al sistema de rentas de inserción autonómicas que con un recorrido muy desigual estaba en marcha. El impresionante aumento del desempleo que con rapidez generó la crisis sanitaria, los elevados niveles de pobreza alcanzados junto a la acusada caída de ingresos básicos en cientos de miles de familias exigía de una respuesta urgente, efectiva y ágil capaz de proporcionar recursos fundamentales para la subsistencia en un momento en el que la economía mundial vivía un “shock” generalizado de una profundidad desconocida.

En la nota del Consejo de Ministros tras su aprobación, en mayo de 2020, se afirmaba que el IMV llegaría a 850.000 hogares en los que vivían 2,3 millones de personas, con especial incidencia sobre menores, posibilitando así, en palabras textuales recogidas en este comunicado, “la práctica erradicación de la pobreza extrema” en España, algo que en su momento parecía excesivamente eufórico y que el tiempo ha demostrado completamente desmedido.

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Giro migratorio

En el inicio del nuevo año, el debate migratorio está ocupando un papel muy importante, anunciando que se va a convertir en uno de los asuntos estrella en numerosos países y gobiernos del mundo en coincidencia con la convocatoria de numerosas citas electorales que este año se celebrarán, desde el Parlamento Europeo, hasta Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, por señalar algunos casos.

Por un lado, la multiplicación de guerras y conflictos sangrientos en diferentes lugares del mundo está elevando de manera significativa el número de refugiados, desplazados internos y solicitantes de asilo, superando por vez primera los 103 millones de personas en 2022, un 15% más que el año anterior. Contrariamente a la creencia extendida, el grueso de esos solicitantes son acogidos por países de renta baja o media, un 83% del total según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Pero al mismo tiempo, la crisis climática está impulsando con fuerza un nuevo tipo de migraciones ambientales que está creciendo año a año de manera imparable, ascendiendo a más de 32 millones de personas también en 2022, atendiendo a las cifras recogidas por el Centro Internacional de Monitoreo del Desplazamiento (IDMC).

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