Un evidente problema social y político

Cuando todavía no nos habíamos recuperado del auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, rechazando la querella de la Fiscalía contra la portavoz de Vox en la Asamblea regional, Rocío Monasterio, por la supuesta falsificación de un visado del Colegio de aparejadores al considerar que el documento fraudulento era tan “burdo” que podía ser fácilmente detectable, nuevamente otros tribunales madrileños han vuelto a generar una considerable polémica al avalar una controvertida valla publicitaria que el partido ultraderechista colocó en el metro durante las pasadas elecciones regionales contra los MENA (Menores Extranjeros no Acompañados). Parece como si Madrid fuera territorio de impunidad para las provocaciones y fechorías cometidas por los dirigentes de Vox, a juzgar por el contenido de las inquietantes sentencias que se vienen sucediendo allí. Bien es cierto que no son las primeras que han sembrado el desconcierto en amplios sectores sociales al avalar actuaciones racistas y xenófobas contrarias a la convivencia, apelando a la libertad de expresión, la misma que impide, por el contrario, meter en la cárcel a raperos y titiriteros, aplicando contra ellos las leyes con la máxima dureza.

Sin embargo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid rechazando el recurso que puso la Fiscalía en el que solicitaba, simplemente y a toro pasado, la retirada de una valla publicitaria que se quitó hace semanas, apelando a la existencia de un supuesto delito de odio contra menores extranjeros, junto a las lamentables consideraciones que los jueces hacen en su auto, tan inadecuadas como fuera de lugar, han causado tanta perplejidad como rechazo entre juristas y sectores muy diversos. Y no es para menos.

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El extraño caso de los contenedores de ropa clandestinos en Alicante

Las ciudades se hacen, también, a través de las pequeñas decisiones diarias que tienen un enorme significado y construyen convivencia. Y en ello, hay que reconocer que Alicante nos ofrece numerosos ejemplos de decisiones inexplicables que demuestran el poco cuidado que se tiene por defender los intereses de la ciudadanía.

En los últimos años se han producido numerosas irregularidades alrededor de los contenedores de recogida de ropa usada situados en nuestras calles. Muchas de ellas son de tal naturaleza que no acierto a comprender bien si se deben al abandono y la incuria municipal, o si existe un interés deliberado en permitir actividades dañinas que desde el propio equipo de gobierno del PP y Cs califican de ”alegales”, a pesar de dañar los intereses y el patrimonio de la propia ciudad, además de vulnerar las ordenanzas municipales y los programas de trabajo en diferentes concejalías. Es decir, un auténtico disparate difícil de entender.

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