Las ciudades se hacen, también, a través de las pequeñas decisiones diarias que tienen un enorme significado y construyen convivencia. Y en ello, hay que reconocer que Alicante nos ofrece numerosos ejemplos de decisiones inexplicables que demuestran el poco cuidado que se tiene por defender los intereses de la ciudadanía.

En los últimos años se han producido numerosas irregularidades alrededor de los contenedores de recogida de ropa usada situados en nuestras calles. Muchas de ellas son de tal naturaleza que no acierto a comprender bien si se deben al abandono y la incuria municipal, o si existe un interés deliberado en permitir actividades dañinas que desde el propio equipo de gobierno del PP y Cs califican de ”alegales”, a pesar de dañar los intereses y el patrimonio de la propia ciudad, además de vulnerar las ordenanzas municipales y los programas de trabajo en diferentes concejalías. Es decir, un auténtico disparate difícil de entender.

Desde el año 2004, el Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Acción Social, ha mantenido un convenio de colaboración con la ONG Proyecto Lázaro, entidad surgida hace 26 años a través de Cáritas, para trabajar desde la economía social en la recogida, reciclaje y aprovechamiento de la ropa usada de la que los vecinos nos desprendemos, depositándola en los contenedores de recogida autorizados para tal fin y repartidos por la ciudad. Con los años, Proyecto Lázaro se ha convertido en una entidad ejemplar y reconocida, tanto por la importancia social de la labor realizada, como por el grado de especialización en el reciclaje y la reutilización de ropa, eso que ahora llamamos economía circular.

A través de este convenio se garantizaba la reutilización de la ropa de la que nos desprendemos, pero también la generación de empleos y la contratación de personas en riesgo de exclusión social derivadas por el Ayuntamiento. De esta forma, de las 21 personas que trabajan en la entidad, once de ellas proceden de programas municipales de inserción laboral, lo que supone un desembolso de más de 150.000 euros en abono de salarios a estas personas, a los que hay que añadir cerca de otros 300.000 en pago de impuestos, tasas y tributos de distinta naturaleza. Para el mantenimiento de la actividad, Proyecto Lázaro recoge, selecciona, clasifica y ordena la ropa depositada en sus contenedores, una parte de la cual se facilita a entidades sociales para personas vulnerables, otra se vende a precios testimoniales en las seis tiendas que la entidad tiene abiertas y la que finalmente no se utiliza para estos fines se revende. Como empresa de inserción social, todos los beneficios obtenidos se reinvierten en mejorar el trabajo llevado a cabo.

El reconocimiento y la proyección de su trabajo ha llevado a Proyecto Lázaro a ser una de las entidades reconocidas en España en el campo del reciclado de la ropa usada, participando en cuatro importantes redes de trabajo, como son: AERESS (Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria), Reas (Red de Economía Social y Solidaria del País Valencià), RIPESS (Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria) y Avei (Asociación Valenciana de Empresas de Inserción). Para una ciudad que presenta una enorme debilidad en su tejido social especializado, contar con una entidad como Proyecto Lázaro debería ser motivo de orgullo. Pero no, si algo sabemos hacer bien en Alicante, además de los arroces, es ser ingratos con quienes más trabajan por mejorar nuestras vidas.

Desde el año 2017, las calles de la ciudad se han visto inundadas de contenedores ilegales de ropa, sin autorización municipal y ocupando espacios públicos, que con falsos reclamos y sin datos de identificación han tratado de llevarse la ropa que Proyecto Lázaro recogía con la autorización del Ayuntamiento. Son contenedores de modelos similares con otros colores llamativos, a nombre de controvertidas entidades religiosas o sociales. Estos contenedores clandestinos son puestos por redes que han hecho de la reventa de ropa un suculento negocio, actuando de manera irregular con supuesto dinero negro que no declaran, alimentando así la economía sumergida. Todo muy oscuro, hasta el punto de que no son pocas las operaciones policiales vinculadas a redes similares que, en algunos casos, han estado relacionadas con actividades criminales.

Sin embargo, nuestro Ayuntamiento ha estado haciendo la vista gorda durante todos estos años, tolerando la presencia de estos contenedores y sus actividades ilegales, dañando así de manera deliberada el trabajo y la labor de Proyecto Lázaro, hasta que finalmente, a pocos meses de que expire el contrato con esta entidad y ante las informaciones que desde este diario se han publicado sobre esta situación, los servicios de limpieza municipales han retirado algo más de cien de ellos utilizando sus operarios y vehículos.

Algunas simples preguntas me surgen: ¿Cómo ha tolerado durante años el Ayuntamiento la permanencia en nuestras calles de estos contenedores piratas azules, rosas y morados? ¿Por qué no ha sancionado, con arreglo a las ordenanzas municipales, a los responsables de la misma forma que se multa por otros hechos similares? Y algo no menos llamativo, ¿cómo se pueden destinar operarios y vehículos municipales a retirar más de cien contenedores sin que se cobren los costes ni haya penalización de ningún tipo a quien se ha lucrado durante años de manera irregular, dañando a la única entidad autorizada para la recogida de ropa? Espero con ansia las respuestas de nuestros responsables municipales a estas sencillas preguntas, aunque mejor me siento, no vayan a ser igual de diligentes que en la retirada de las calles de estos contenedores clandestinos.