Cuando todavía no nos habíamos recuperado del auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, rechazando la querella de la Fiscalía contra la portavoz de Vox en la Asamblea regional, Rocío Monasterio, por la supuesta falsificación de un visado del Colegio de aparejadores al considerar que el documento fraudulento era tan “burdo” que podía ser fácilmente detectable, nuevamente otros tribunales madrileños han vuelto a generar una considerable polémica al avalar una controvertida valla publicitaria que el partido ultraderechista colocó en el metro durante las pasadas elecciones regionales contra los MENA (Menores Extranjeros no Acompañados). Parece como si Madrid fuera territorio de impunidad para las provocaciones y fechorías cometidas por los dirigentes de Vox, a juzgar por el contenido de las inquietantes sentencias que se vienen sucediendo allí. Bien es cierto que no son las primeras que han sembrado el desconcierto en amplios sectores sociales al avalar actuaciones racistas y xenófobas contrarias a la convivencia, apelando a la libertad de expresión, la misma que impide, por el contrario, meter en la cárcel a raperos y titiriteros, aplicando contra ellos las leyes con la máxima dureza.

Sin embargo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid rechazando el recurso que puso la Fiscalía en el que solicitaba, simplemente y a toro pasado, la retirada de una valla publicitaria que se quitó hace semanas, apelando a la existencia de un supuesto delito de odio contra menores extranjeros, junto a las lamentables consideraciones que los jueces hacen en su auto, tan inadecuadas como fuera de lugar, han causado tanta perplejidad como rechazo entre juristas y sectores muy diversos. Y no es para menos.