Oligarquías digitales

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Los gobiernos que concentran el poder en un pequeño grupo de personas se denominan oligarquías, caracterizándose por controlar el conjunto de las políticas del Estado a favor de sus intereses. Para ello, monopolizan la economía, desplegando un amplio dominio sobre el poder político, al tiempo que ejercen una concentración progresiva de los recursos a su servicio. El resultado es un acaparamiento de la economía en beneficio de estos oligarcas, generando una desigualdad creciente en el reparto y acceso a los recursos, causando procesos de acumulación de riqueza, de renta y poder a costa de aumentar los sectores empobrecidos. El resultado es el debilitamiento de los sistemas democráticos, aumentando la injusticia y la impunidad.

En un mundo cada vez más dislocado por las profundas desigualdades que están dañando las bases de la convivencia, se abre paso con fuerza una nueva forma de concentración de poder, de riqueza y de control nunca antes visto, de la mano de las grandes corporaciones y monopolios digitales. Hasta el punto que se está produciendo una reconfiguración silenciosa de la economía y también del poder político en todos los países, de la mano de poderosas empresas tecnológicas especializadas en uno de los productos más valiosos en estos momentos: los datos personales.

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La ruta migratoria entre Argelia y Alicante

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Cuando el domingo 16 de septiembre de 2007, Ahmed y sus cinco acompañantes de la patera en la que navegaron por la noche desembarcaron en las costas alicantinas no sabían que estaban inaugurando las migraciones irregulares entre Argelia y esta provincia a través del Mediterráneo. Tras esta primera embarcación, a lo largo de ese año, llegaron hasta nuestras costas otras nueve pateras más que trajeron a un total de 123 inmigrantes, todos ellos argelinos, en travesías que apuntaban a la participación de buques nodriza, una sospecha que se mantiene hasta hoy en día, como bien saben las autoridades marítimas y las fuerzas de seguridad.

Ya desde el primer momento, los responsables, a nivel estatal y autonómico, se empeñaron en demostrar dos cosas: un profundo desconocimiento de los procesos migratorios que alimentaban estas llegadas, junto a una utilización partidista absolutamente miserable de las migraciones en la confrontación política. Como testimonio de lo primero, la entonces secretaria de Estado de Inmigración, ConsueloRumí, calificó de “anecdótica” la llegada de esta primera patera. Desde entonces, los hechos han demostrado su error, ya que hasta la fecha, todos los años han desembarcado en mayor o menor medida pateras en Alicante, totalizando 231 embarcaciones que han traído a cerca de 1.400 personas, fundamentalmente argelinos. Pero lo más llamativo fueron las declaraciones incendiarias que ante la llegada de la primera patera hasta Alicante hizo, por entonces, la Generalitat Valenciana, presidida por el PP, por boca del inefable Rafael Blasco, quien afirmó, sin despeinarse, que “todo era culpa de Zapatero”. El profundo daño que durante años Blasco hizo a esta Comunidad fue más allá de lo recogido en los diferentes sumarios judiciales que ha protagonizado.

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El humo de los refugiados

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Por distintos motivos, en los últimos meses, distintas informaciones y decisiones sobre los refugiados en España han generado sorpresa y desconcierto. Es cierto que la política de asilo y refugio en España, por llamarla de alguna manera, lleva demasiados años abandonada a su suerte, de espaldas a los compromisos jurídicos internacionales que nuestro país tiene en este campo y ajena a los conflictos, guerras y tragedias que vienen asolando el mundo y que obligan a millones de personas a abandonar sus hogares. La solución, nada sencilla, requiere del principio de solidaridad compartida que impulsa las Naciones Unidas, afrontando de manera conjunta los nuevos desafíos que plantean los desplazamientos forzosos hoy en día.

El sistema de protección internacional en nuestro país ha sufrido históricamente de una deliberada desidia, tanto en la lamentable situación de las Oficinas de Asilo y Refugio (OAR), como en la falta de medios y personal imprescindible para atender con humanidad a las personas solicitantes de asilo en España, lo que ha supuesto la vulneración de directivas europeas y compromisos internacionales, al tiempo que se añadía sufrimiento a personas y familias que ya acumulan demasiado dolor. Los enormes desajustes en un sistema de asilo que solo admite a trámite y acepta una de cada cuatro solicitudes de asilo, una de las más bajas tasas de Europa, con tardanzas en la tramitación de solicitudes que llegan con frecuencia a cerca de dos años, la progresiva acumulación de expedientes sin resolver, junto a los criterios frecuentemente políticos y no humanitarios a la hora de conceder los reconocimientos de asilo y protección internacional, añaden intranquilidad a los afectados, quienes al acceder al sistema de refugio en España se sumergen en un limbo intemporal de consecuencias desconocidas.

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