A medida que los meses avanzan y la parálisis en la Comisión Europea aumenta, las cumbres que se celebran sobre inmigración irregular y refugiados solo sirven para certificar la descomposición política y moral que atraviesan sus dirigentes, empeñados en incumplir y vulnerar todos los acuerdos adoptados con anterioridad, que son sustituidos por otros nuevos que ya han demostrado sobradamente su fracaso. Así, las conclusiones que la Comisión hizo públicas tras su reunión del 2 de marzo demuestran que los dirigentes europeos han decidido hacer concesiones a un nacionalismo xenófobo, aturdidos por la llegada de un Donald Trump que no oculta sus deseos de fracturar y debilitar a la UE y sometidos a la negociación del Brexit con Reino Unido. Solo esta decidida voluntad por incumplir todos los acuerdos firmados con anterioridad por los gobernantes europeos en materia migratoria y de asilo, junto a ese nuevo rumbo que están adoptando, en sintonía con el populismo xenófobo más rancio, puede explicar la situación de parálisis y fracaso deliberado en la gestión de la política migratoria y de refugio.

Tras cuatro años de cruenta guerra en Siria, asistiendo con pasividad al éxodo de millones de refugiados, la Comisión Europea que hasta entonces había visto con pasividad esta tragedia, se inventa en mayo de 2015 lo que llama la “Agenda Europea de Migración”, que presenta como respuesta y solución a las migraciones en Europa y a las necesidades de protección de los refugiados que llegan. En esta Agenda, que se presentó por los gobernantes europeos como la respuesta política y humanitaria más eficaz, se establecía el compromiso de Europa de “ofrecer una respuesta rápida para salvar vidas humanas” de los refugiados que llegaban por mar hasta Europa, mediante una “bienvenida manifestación de solidaridad que se mantendrá mientras persista la presión migratoria”.

Para ello, la UE se comprometía a activar un “mecanismo de intervención de emergencia” (nunca puesto en marcha), así como un “régimen de reparto temporal de las personas que tengan necesidad de protección internacional” (que tampoco se ha llevado a cabo), junto a la implantación de un “régimen de reubicación obligatorio” (que ha sido un auténtico fiasco). También se recoge la necesidad de “dar muestras de solidaridad e intensificar sus esfuerzos en ayudar a los países situados en primera línea” (Grecia e Italia, principalmente) y de “poner vías legales y seguras para que los refugiados lleguen a la UE” a través de los “permisos de residencia humanitarios” (ninguno de los cuales se ha concedido ni activado). Junto a las 25 páginas que integran el documento final de esta Agenda, se incluye como novedad el número de refugiados que cada país europeo debe recibir en régimen de reubicación o reasentamiento, y que posteriormente se ampliaría en septiembre de 2015 hasta los 160.000 refugiados para el total de los 28 países de la UE, en el mismo año en el que Europa recibió 1,8 millones de refugiados, lo que demostraba la inhumanidad de las autoridades europeas.

Desde entonces, todo ha ido a peor. La práctica totalidad de los países europeos han incumplido sus solemnes compromisos de acogida, en algunos casos porque se han negado a reubicar a ningún refugiado (Bulgaria, Croacia, Chipre, Malta, Polonia, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia), mientras que en otros, el ritmo de recepción es muy bajo, como España, que ha recibido a menos del 7% de los asignados. El resultado es que casi dos años después de los acuerdos de 2015, los países europeos solo han reubicado y reasentado a 27.968 refugiados de los 160.000 previstos, de los cuales, a España han llegado 1.140. Y mientras tanto, no han dejado de llegar más refugiados a Grecia, que en estos momentos acoge en distintos campamentos a 62.313 personas abandonadas a su suerte.

También vimos cómo la UE aprobó el vergonzoso acuerdo con Turquía, tras su fingido golpe de Estado, por el que este país se compromete a bloquear la salida de embarcaciones desde su territorio y aceptar la devolución de los que lleguen a Grecia a cambio de la exención de visados y 6.000 millones de euros, para lo cual Europa ha tenido que considerar a Turquía como “país seguro que respeta los derechos humanos”.

Y ahora, las nuevas medidas aprobadas en marzo quieren expulsar fuera de territorio europeo y a países donde se vulneran los derechos humanos o incluso que son estados fallidos (como Libia) a inmigrantes y refugiados de forma masiva que se encuentren en territorio europeo, externalizando los campos de detención, también llamados “hot spots”, acordando que las detenciones en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) lleguen a los 18 meses.

En un momento de profunda crisis del proyecto europeo, lo peor que pueden hacer sus gobernantes es demostrar que desobedecen sus propios acuerdos mientras sustituyen los principios y valores fundamentales con los que se construyó la Unión Europea por el interés electoral cortoplacista de carácter populista y xenófobo. Todo ello asegura una Europa más debilitada aún ante sus ciudadanos y ante el mundo.