Coincidiendo con el 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, el pasado día 10 de diciembre, se celebró en Marrakech (Marruecos) una cumbre internacional para aprobar el primer “Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular”, en el que se venía trabajando desde hacía dos años. El texto, que fue firmado por 164 países, será finalmente ratificado el 19 de diciembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

A diferencia de lo sucedido con otros acuerdos internacionales promovidos por las Naciones Unidas, en esta ocasión, el elemento más llamativo ha sido el creciente número de países que, o bien, se retiraron de las negociaciones, descolgándose del acuerdo antes incluso de que culminara el proceso de negociación, como ocurrió con Estados Unidos, Austria, Australia, República Checa, República Dominicana, Hungría, Letonia, Polonia y Eslovaquia, entre los más destacados, o bien lo han hecho con posterioridad, alegando diferentes razones para ello, como ha sucedido con Bélgica, Suiza, Bulgaria, Estonia, Israel, Italia y Eslovenia, siendo el caso más llamativo el de Chile, país que se desmarcó durante la misma cumbre de Marrakech, alegando que este Pacto invadía competencias propias en materia de inmigración. Es la demostración palpable de que el debate migratorio representa uno de los asuntos más polémicos en numerosos países del mundo, no siendo utilizado para avanzar hacia un abordaje global de la movilidad humana, sino como arma política arrojadiza de primer orden.

​Tampoco tenemos que pensar que esta ruptura del consenso mundial en políticas migratorias representa un drama, ya que la comunidad internacional ha venido desvinculándose de otros acuerdos fundamentales en la materia, como la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias, adoptada en febrero de 1990, que solo ha sido ratificada por 54 países, sin que ningún Estado receptor de inmigrantes la haya suscrito.

​Sin embargo, precisamente por el carácter jurídicamente no vinculante de este nuevo Pacto Mundial para la Migración y por el hecho de que su espíritu ya había sido respaldado por toda la comunidad internacional con anterioridad por unanimidad, en los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, sorprende esta corriente mundial de ostentosos rechazos que ha vivido este acuerdo en la recta final de su aprobación. Únicamente desde la convicción, para muchos gobiernos en diferentes países del mundo, de que utilizar el rechazo a las migraciones es un arma política de primer orden puede explicarse que ahora se nieguen a firmar lo que suscribieron el 25 de septiembre de 2015 en la meta 10.7 de la resolución, “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, en la que se comprometieron a “facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas”.  ¿Cómo entender que hace tres años los gobiernos de los 193 países del mundo representados en las Naciones Unidas suscribieran sin rechistar este punto, mientras que tres años después, solo 164 de ellos son capaces de firmar el acuerdo que lo desarrolla a través del Pacto Mundial para la Migración? Muy sencillo, en estos tres años, la utilización de las migraciones se ha convertido en gasolina política que está siendo utilizada por diferentes gobiernos de derecha en todo el mundo para alimentar hogueras, generando una hipersensibilidad en la opinión pública mundial que se quiere utilizar electoralmente.

​Sin embargo, este Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular supone un reconocimiento de que un problema global como éste solo puede abordarse de manera global, a través de un multilateralismo reforzado, atendiendo a todos los elementos que intervienen en los movimientos transfronterizos de personas. De hecho, este Pacto contiene diez grandes principios rectores junto a otros 23 objetivos, todos de carácter voluntario, que incluye desde una intervención sobre los factores que estimulan las migraciones forzosas, medidas para luchar contra la trata de seres humanos, la gestión de las fronteras y las políticas de retorno, hasta utilizar vías concertadas para facilitar la migración regular y ordenada.

​Posiblemente, ahí esté otra clave de buena parte de los rechazos y oposiciones que desde diferentes gobiernos vienen mostrando hacia este Pacto. Las migraciones han estado, están y estarán entre nosotros porque forman parte de una de las claves esenciales que han garantizado el éxito de la humanidad a través de sus desplazamientos. Entenderlo y abordarlo adecuadamente de manera cooperativa entre todos los países impediría el caos migratorio actualmente existente, eliminando rechazos e incomprensiones hacia unos inmigrantes pobres a los que hemos convertido en chivos expiatorios de nuestros fracasos económicos y políticos.

​También es cierto que sería bueno empezar a poner sobre la mesa las obligaciones de países en desarrollo como Marruecos, Estado que acogió la cumbre, que ve con pasividad cómo miles de menores abandonan sus familias para tratar de llegar a España en condiciones muy penosas, sin prestarles la adecuada atención consular ni trabajar para que vuelvan al seno de sus familias, como obliga la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, por poner un ejemplo. Porque los Pactos, para que sean válidos, comprometen a todas las partes, no solo a los países occidentales.