Coincidiendo con el 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, el pasado día 10 de diciembre, se celebró en Marrakech (Marruecos) una cumbre internacional para aprobar el primer “Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular”, en el que se venía trabajando desde hacía dos años. El texto, que fue firmado por 164 países, será finalmente ratificado el 19 de diciembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

A diferencia de lo sucedido con otros acuerdos internacionales promovidos por las Naciones Unidas, en esta ocasión, el elemento más llamativo ha sido el creciente número de países que, o bien, se retiraron de las negociaciones, descolgándose del acuerdo antes incluso de que culminara el proceso de negociación, como ocurrió con Estados Unidos, Austria, Australia, República Checa, República Dominicana, Hungría, Letonia, Polonia y Eslovaquia, entre los más destacados, o bien lo han hecho con posterioridad, alegando diferentes razones para ello, como ha sucedido con Bélgica, Suiza, Bulgaria, Estonia, Israel, Italia y Eslovenia, siendo el caso más llamativo el de Chile, país que se desmarcó durante la misma cumbre de Marrakech, alegando que este Pacto invadía competencias propias en materia de inmigración. Es la demostración palpable de que el debate migratorio representa uno de los asuntos más polémicos en numerosos países del mundo, no siendo utilizado para avanzar hacia un abordaje global de la movilidad humana, sino como arma política arrojadiza de primer orden.

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