Arrollados por la cascada de noticias desalentadoras que un día tras otro nos sacuden, pasamos por alto avances sociales importantes que afectan a aspectos clave para cientos de miles de personas en torno a los cuales hay mucho sufrimiento. La aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados y con el voto a favor de la práctica totalidad de las fuerzas políticas (salvo el voto contrario de la ultraderecha de Vox que solo sabe oponerse a todo, aunque, como en este caso, sea determinante para personas mayores, dependientes y con discapacidad) es una magnífica noticia, tan esperada como reclamada por especialistas del sector, familiares y los propios afectados.

Además, asistir a un respaldo tan mayoritario para una profunda reforma de una ley fundamental de nuestro sistema social, como es la Ley de Dependencia y de la Ley General de Discapacidad, tras meses de intenso trabajo parlamentario, va a permitir una refundación del modelo de cuidados en España desde su puesta en marcha, hace veinte años, sobre la base de una mayor financiación del sistema de dependencia, ampliando la cartera de servicios y de prestaciones, reduciendo trámites y burocracia con la finalidad de agilizar los plazos a los afectados.

            Para ello, se blinda la financiación de todo el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), incorporando en la nueva ley obligaciones muy precisas para las administraciones responsables. Así, se amplía la obligación de que la Administración General del Estado asuma el 50% de la financiación de estas prestaciones, algo que se acompaña de un real decreto aprobado en julio que amplía la financiación estatal para todo el sistema de la dependencia en 6.200 millones de euros en el período 2026-2027 que recibirán todas las comunidades autónomas, el mayor aumento en la historia desde su creación. Con ello se pretende reducir las permanentes listas de espera de las autonomías, que se quiere que desaparezcan en el año 2028.

            La importancia de esta reforma se demuestra por el hecho de que en España hay 1.726.288 personas en situación de dependencia reconocida junto a otras 133.414 más pendientes de valoración, según los datos más recientes, de 2025. Sin embargo, a estas cifras hay que añadir otras 32.704 personas que fallecieron a lo largo de todo el año 2025 sin haber llegado a disponer de las prestaciones o servicios a los que tenían derecho, con frecuencia muy escasos que apenas cubren las necesidades de atención. O lo que es lo mismo, 90 personas dependientes mueren cada día mientras esperaban recibir las atenciones que han solicitado con esfuerzo durante meses y a las que tienen derecho. Una espera que en algunas comunidades supera los dieciocho meses, a pesar de que la ley señalaba que el plazo máximo para disponer de las prestaciones es de seis meses.

            Por ello, uno de los grandes objetivos de esta reforma es reducir de manera real los tiempos máximos para resolver las solicitudes a tres meses, disminuyendo la burocracia a través de sistemas automáticos de reconocimiento. Así, se establecerá una pasarela inmediata para reconocer automáticamente un 33 % de discapacidad para quienes tengan un grado I de dependencia (el más leve) y un 65 % a quienes tengan reconocido el grado II y III (los más graves), eliminando así duplicidades burocráticas. Al mismo tiempo, se podrán combinar diferentes ayudas a un mismo dependiente, algo que hasta ahora era incompatible, grandes avances.

            Junto a estos elementos tan importantes, otro de los cambios centrales pasa por priorizar el apoyo personalizado de acuerdo con los deseos y las circunstancias de las personas en situación de dependencia, reconociendo la teleasistencia como un derecho clave para la autonomía personal. La nueva ley reconoce en el servicio de ayuda a domicilio prestaciones como acompañamientos al médico y a realizar la compra, al tiempo que los centros de día podrán dar atenciones externas como servicios de comida para mayores que vivan solos. Todo ello con un propósito fundamental de profesionalizar los cuidados y la situación de las personas que atienden a dependientes, protegiendo también a los familiares que ejercen como cuidadores.

            También la nueva ley general de derechos de las personas con discapacidad aprobada asegura derechos para estas personas en aspectos clave, en línea con el artículo 49 de la Constitución, como el reconocimiento subjetivo de la atención temprana garantizado para niños y niñas de 0 a 6 años, facilitando las obras en viviendas y comunidades y su acceso a subvenciones públicas, la prohibición de discriminación en los seguros, así como la asistencia en procesos judiciales.

            Ahora bien, la clave para convertir este avance legislativo en mejoras reales para tantas personas dependientes y discapacitadas va a depender, inexcusablemente, del compromiso y de su aplicación efectiva por parte de todas las administraciones públicas afectadas, en un momento de auténtica guerra abierta entre ellas.

            La vida de cientos de miles de personas en una sociedad cada vez más envejecida dependerá, de manera fundamental, de que esta nueva ley se aplique con el respaldo mayoritario de todas las fuerzas políticas que la han hecho posible. Y para ello va a ser decisiva la intervención profesional de las trabajadoras sociales garantizando recursos, profesionales y servicios necesarios para hacerlos efectivos.