La deriva autoritaria que la extrema derecha impulsa en todo el mundo, y que en España lideran el PP y Vox, está llevando a una involución política y democrática que se traduce en la eliminación de derechos que creíamos firmemente arraigados o al intento de dificultar su ejercicio.

Poco a poco, allí donde gobiernan y pueden, las fuerzas de derecha extrema impulsan una agenda que pasa por favorecer a las élites y a sus amigos defendiendo sus intereses, mientras reducen servicios públicos esenciales, eliminan derechos históricos e incluso tratan de perseguir actividades sociales y cívicas que la ciudadanía lleva desarrollando desde tiempos inmemoriales, hasta niveles grotescos.

La última de estas polémicas desatada en Alicante ha sido el intento de perseguir, criminalizar y descalificar a quienes han salido a cenar a la fresca en pleno verano y por la noche a la Explanada, como acto reivindicativo de disfrute sobre la ciudad en uno de sus espacios emblemáticos que históricamente ha sido la referencia para salir a pasear, buscar el encuentro de otras personas y sentarse a tomar el aire.

Desde muchas ciudades de toda España, especialmente turísticas, los vecinos están impulsando salidas populares nocturnas a la fresca como reivindicación ciudadana del espacio público que ha sido tomado por el turismo masivo, al servicio de terrazas y establecimientos de hostelería. Estas acciones populares tratan de reclamar el derecho a habitar y vivir unas ciudades cada vez más degradadas mediante iniciativas vecinales tan tradicionales como salir a la calle para tomar el aire y poder acompañarlo con un bocadillo o algún picoteo, mientras comparten la compañía de otras personas, confiando en que la brisa nocturna y la animada conversación ayuden a pasar la noche. Es lo que todavía se sigue viendo en algunas calles y barrios de Alicante y en otros muchos municipios, cuando los vecinos sacan sus sillas a la calle para “tomar la fresca” conversando con otras personas, haciendo tiempo para que el cuerpo se atempere y venga el sueño. Representa un indicador de buena vecindad y de apropiación de la ciudad que se está perdiendo, pero que se lleva haciendo toda la vida de manera espontánea.

Este fenómeno fue estudiado en 1968 por el filósofo y sociólogo francés Henri Lefebvre, en su libro “El derecho a la ciudad”, en el que analizaba el impacto negativo sufrido en muchas urbes al ser convertidas en mercancía mediante la privatización de sus espacios públicos y la extensión de actividades económicas privadas que desplazan a los vecinos. Lefebvre analizaba la necesidad de que los ciudadanos vuelvan a ser dueños de las metrópolis que habitan y que contribuyen a financiar. Para ello, reivindicaba recuperar la ciudad como espacio de encuentro para la vida colectiva y el buen vivir. Esto adquiere, si cabe, mucha más vigencia hoy en día ante el avance de una turistificación sin reglas que ha entregado ciudades enteras a las plataformas de alquiler, a los grandes conglomerados turísticos y de la hostelería a costa de desalojar a los ciudadanos de las calles e impedir que lleven a cabo sus actividades tradicionales.

La convocatoria realizada hace unos días en Alicante bajo el lema “Reprenguem la ciutat” por distintos colectivos vecinales, como “Alicante dónde vas” y sindicatos de vivienda de Carolinas y de la Zona Norte pretendía que los vecinos vuelvan a salir a unas calles que son suyas a tomar la fresca y conversar mientras toman algo al aire libre. Así, mientras más de un centenar de vecinos pasaban el rato tranquilamente, como se ha hecho toda la vida en la Explanada, la presencia intimidatoria de la Policía Local, que desplazó vehículos y efectivos, llegó incluso a tomar los datos de las personas que pacíficamente estaban sentadas para, según afirmaron, trasladar los datos a la subdelegación del Gobierno para su posible sanción: una vergüenza

Un dispositivo de agentes en Alicante persiguiendo a personas tranquilamente sentadas, tomando empanadillas y tortilla de patatas, algo tan chusco como escandaloso, propio del franquismo. Porque si algo caracteriza a esta ciudad es la ausencia de policías locales en sus calles y barrios, su pasividad ante el vandalismo y el incivismo e incluso la imposibilidad sistemática de contactar con ellos ante cualquier urgencia. Pero en el caso de este dispositivo represivo e intimidatorio desplegado por el Ayuntamiento, resulta llamativo que lo dirigiera un familiar de un componente del gobierno local, poniendo de manifiesto (una vez más) la utilización interesada de este cuerpo.

Las intervenciones cada vez más autoritarias que promueve Luis Barcala en Alicante ya ni siquiera se detienen al utilizar a policías locales al servicio de sus políticas reaccionarias y tratar de evitar que los vecinos ejerciten derechos cívicos fundamentales. La excusa de que no tenían autorización para salir a la calle a sentarse tomando la fresca demuestra la arbitrariedad del equipo de gobierno del PP, porque cada año se celebran decenas y decenas de actos, actividades y concentraciones en toda la ciudad, muchas amparadas, convocadas y consentidas por el PP, sin autorización alguna.

Mejor haría Barcala en reponer las sillas de la Explanada, que llevan meses desaparecidas. Mientras tanto, los vecinos seguiremos saliendo, usando y disfrutando de nuestra ciudad, aunque el PP de Barcala trate de impedirlo y criminalizarlo.