Nuevos enfoques sobre los MENA

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A pesar de que los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) son un grupo objeto de una especial protección jurídica y social, con arreglo a lo recogido por los tratados internacionales y la legislación española sobre menores en situación de riesgo, en los últimos meses han venido centrando debates, polémicas e incluso campañas políticas que los han puesto en el disparadero de no pocos mensajes xenófobos. De esta manera confluyen dos corrientes simultáneas que están ayudando muy poco a comprender, intervenir y mejorar los programas de atención sobre este colectivo. Por un lado, aquellos que quieren criminalizar a estos chavales como parte de su programa xenófobo y de odio, pero también, quienes instalados en un discurso tontorrón y políticamente correcto proyectan un buenismo infinito y alejado de la realidad sobre un colectivo que presenta problemáticas específicas de una enorme complejidad que no podemos ignorar.

Empecemos señalando algo sorprendente, que añade todavía más dificultad a la hora de trabajar sobre este colectivo: en España no sabemos con precisión el número de MENA que existen, en la medida en que los datos que ofrecen diferentes instituciones oficiales de la máxima relevancia son muy dispares. Es cierto que hay situaciones específicas que dificultan esa información, pero no es de recibo tanta contradicción entre instituciones públicas en datos tan importantes.

Esto lleva a que con frecuencia se difundan informaciones inadecuadas o carentes de rigor. Por ejemplo, que España es el país europeo con mayor entrada de MENA, algo que repiten políticos, medios de comunicación y hasta especialistas Pues esto no es así. Muy al contrario, si acudimos a una fuente oficial como la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), encontramos que los MENA que llegaron a España en los últimos años no superan el 2% de todos los que entraron en Europa.

Según los datos facilitados por la Fiscalía General del Estado en su última Memoria, en el año 2018 llegaron hasta España un total de 7.026 menores extranjeros no acompañados, lo que representa un aumento del 200% respecto al año anterior. El 97% de ellos eran varones, al tiempo que el 62% procedían de Marruecos, país que se ha convertido en el principal emisor de MENA a España. De esta forma, en el llamado registro MENA figuraban, según la Fiscalía, 13.796 menores bajo la tutela o acogimiento de los servicios de protección. Así que España tiene una importante bolsa de MENA que proceden fundamentalmente del Magreb, particularmente de Marruecos, donde para muchos menores entrar en España se ha convertido en su única meta y objetivo en la vida, empujados con frecuencia por sus propios padres. Y su aumento en los últimos años es tan significativo como preocupante.

Pero al estudiar las comunidades autónomas en las que están acogidos encontramos una notable disparidad territorial, que pone de manifiesto un llamativo proceso de concentración regional de importantes consecuencias. Así, el 46% de todos los MENA en España se encuentran acogidos únicamente en centros de Andalucía, territorio que recibe la mayor llegada de pateras a sus costas, mientras que el 81% de la totalidad de los MENA se concentran en únicamente cinco de las diecisiete comunidades autónomas, lo que lleva a que otras muchas apenas acojan a estos menores. Urge un procedimiento de reparto mucho más solidario y equitativo de MENA, en línea con la Propuesta Share que hizo en su día el País Vasco, como mecanismo de aplicación transversal de corresponsabilidad ante el reto migratorio.

Ahora bien, junto a la ubicación física de esos menores, el verdadero desafío está en los procesos de acogida y los proyectos socioeducativos que se les proporciona, teniendo en cuenta la diversidad de perfiles, conductas e intereses que estos MENA tienen entre ellos. Y aquí es donde se puede decir que todo el sistema de protección de MENA en España está en crisis y necesita de una profunda revisión, como bien saben los profesionales que trabajan con estos chavales. Con demasiada frecuencia, las comunidades autónomas han derivado su atención mediante procesos de privatización a entidades de todo pelaje, muchas de las cuales carecían de experiencia y hasta de proyectos de intervención profesional homologados, convirtiendo los centros de acogida de MENA en simples espacios para tenerlos allí concentrados. Y este es el origen de muchos problemas existentes.

A ello tenemos que añadir la mezcla de trayectorias y hasta de horizontes en dos grupos de MENA muy marcados, los que quieren aprovechar los recursos que se ponen a su disposición para tener una vida mejor al alcanzar la mayoría de edad, que son mayoría, frente a aquellos otros que han vivido en la exclusión y la delincuencia en sus países de origen y trasladan esa vida aquí, encadenando detenciones y delitos. Es este ultimo grupo el que seguramente necesita de un profundo replanteamiento sobre las intervenciones a llevar a cabo, en estricto cumplimiento de la Ley del Menor y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

Pero para todo ello es fundamental una mayor implicación de los países de origen de estos menores, evitando que, como sucede con Marruecos, eludan, obstaculicen o simplemente se nieguen a cumplir con lo previsto en acuerdos y tratados suscritos, como el firmado en 2007 entre España y el reino Alauí, que no entró en vigor hasta 2013 por las trabas que ha puesto Rabat, y que aún hoy en día, además, se niega a aplicar.

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