La urgencia de luchar contra la pobreza infantil

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Con frecuencia, se piensa que los problemas de alimentación en algunos menores son el mejor ejemplo de los efectos del empobrecimiento generado por la crisis en numerosas familias. Así, en los últimos años vemos con cierta periodicidad noticias llamativas relacionadas con becas de comedor, colegios que hacen esfuerzos para alimentar a niños con dificultades o programas específicos para dar comida en periodos extraescolares. Sin embargo, ni la pobreza infantil generada por la crisis económica se reduce a estos problemas, ni tampoco son, ni mucho menos, las situaciones más graves de emergencia social que atraviesan muchos menores sobre las que hay que desplegar intervenciones profesionales, respetuosas y muy bien planificadas que salvaguarden el interés superior del menor.

Articulo publicado en el diario Información de Alicante, el domingo 24 de enero de 2016 (Pinchar aquí para ver enlace original)

​Tanto los técnicos sociales que trabajan directamente con menores y sus familias, como quienes estudiamos la evolución e impacto de la pobreza, así como las organizaciones especializadas en la atención a la infancia coincidimos en señalar que existe un aumento significativo del riesgo social y vulnerabilidad en numerosos menores vinculadas con la crisis, con el aumento de la pobreza y las situaciones de emergencia social que viven un buen número de familias. Todo ello se traduce en situaciones de maltrato, negligencia, desprotección, abandono escolar, dificultades para seguir adecuadamente las actividades extraescolares, apuros para llevar a cabo los seguimientos médicos y farmacéuticos, problemas nutricionales y limitaciones para el buen ejercicio de las responsabilidades parentales para muchos progenitores que llevan años viviendo situaciones tremendamente duras de falta de empleo y de ingresos económicos, ausencia de subsidios, agotamiento de los ahorros, riesgo de la pérdida de su vivienda habitual o desahucios, ansiedad, trastornos mentales y adicciones. En casos de esta naturaleza se comprueba el daño devastador que la dichosa crisis está causando desde hace años en numerosas familias, porque no debemos olvidar que los niños no son seres aislados, sino que forman parte de un sistema social más amplio que se llama familia y que también comparte las mismas necesidades y carencias.


​En la Comunidad Valenciana, el 26,9% de los niños viven en situación de pobreza relativa respecto al 27,5% de España, lo que significa que de los 907.638 menores que viven en nuestra Comunidad, unos 244.154 niños atraviesan esta condición, de los cuales 91.069 vivirían en la provincia de Alicante, utilizando cifras de Save the Children y Unicef. Y si tratamos de acercar el foco todavía más, nos encontramos con que el 9,7% de los menores que viven en las tres provincias de nuestra Comunidad lo harían en condiciones de privación material severa, es decir, 88.040 niños de los cuales 32.838 vivirían en la provincia de Alicante.
​Las cifras con frecuencia nos anestesian, pero en este caso son de tal calibre que deberíamos tomar conciencia de la magnitud del problema que tenemos entre manos. La pobreza infantil es un indicador inequívoco de la extensión y profundidad que la crisis económica y las durísimas medidas de recorte aplicadas han generado en muchas familias, la red última de sostenimiento frente a la exclusión. Esta pobreza en los niños genera situaciones graves de desprotección que pueden poner en riesgo derechos básicos, pero al mismo tiempo puede alimentar mecanismos intergeneracionales de transmisión de pobreza que lleven a cronificar estas situaciones de exclusión y vulnerabilidad de unas generaciones a otras.
​Por tanto, no basta con poner en marcha medidas paliativas y a veces estigmatizadoras que desenfoquen el papel de las familias, por bien intencionadas que éstas sean, sino comprender la necesidad de emprender estrategias amplias, globales y efectivas que garanticen que se cumplen los tratados internacionales suscritos por España que garantizan los derechos de los niños y la cobertura de sus necesidades básicas.
​Todas las instituciones deberían trabajar en la línea de la estrategia de la Comisión Europea denominada “Invertir en infancia: romper el ciclo de las desventajas”, que propone un nueva marco global para abordar la pobreza infantil en Europa y fomentar el bienestar de los niños, proporcionando el acceso a los recursos adecuados mediante servicios de calidad y una participación activa de los menores y sus familias. Y eso pasa por establecer planes integrales de lucha contra la pobreza infantil con el objetivo de garantizar a todos los menores el acceso a la atención sanitaria, la educación plena, una vivienda digna y alimentación adecuada como elementos básicos.
​Por ello, no basta únicamente con reducir los síntomas de la pobreza infantil sino que deben entenderse sus causas para tratarlas adecuadamente a través de políticas sociales inclusivas desde el enfoque de derechos, entendiendo que los efectos devastadores de la crisis tardarán en desaparecer de nuestra sociedad. Y Alicante y la Comunidad Valenciana están a tiempo de sumarse a estas estrategias, imprescindibles para evitar que la pobreza infantil sea un lastre para la cohesión de nuestras sociedades durante generaciones.

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