Sobrecogidos todavía por el presunto asesinato de dos niños de muy corta edad a manos de sus propios progenitores en Godella (Valencia), se han escuchado voces que, en caliente y careciendo de la necesaria información, han tratado de culpar a los trabajadores sociales por no haber intervenido antes para evitar la tragedia. En un país tan aficionado a los juicios populares, lejos de aprender para reforzar los mecanismos y dispositivos públicos necesarios para evitar que se repitan situaciones similares, preferimos llenar nuestras particulares hogueras de víctimas para tranquilizar las conciencias.
Sin embargo, y aunque no podemos conocer en detalle los perfiles de un caso que mantiene la obligada confidencialidad de la intervención realizada por los diferentes profesionales, ha trascendido la información de que la abuela de los niños había comunicado a los servicios sociales su preocupación por el bienestar de éstos, así como por la propia situación de inestabilidad mental su hija, quien al parecer, sufría un serio trastorno que requería una intervención y seguimiento médico adecuado del que carecía. Lo cierto es que los dos niños fallecieron de manera violenta, certificando un fallo en la protección hacia esos menores que exige revisar los procedimientos utilizados para evitar que en el futuro, algo similar vuelva a repetirse.
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