Como si revivieran una terrible pesadilla, los argentinos vuelven a adentrarse en el agujero del colapso económico y social que ha tomado carta de naturaleza con el reciente anuncio de default realizado por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, confirmando que el país dejaría de pagar sus próximos vencimientos de deuda, por un importe superior a los 100.000 millones de dólares, contraída de manera irresponsable por el gobierno de Mauricio Macri.

​En realidad, el país nunca se había recuperado de las profundas heridas causadas por la anterior crisis económica vivida entre 1998 y 2002. Con anterioridad a ese período, el país había protagonizado una cadena de disparates económicos contando con el beneplácito internacional, desde que en el año 1991 el gobierno de Carlos Menem decretó la Ley de Convertibilidad, mediante la que un peso argentino era convertible a un dólar, para intentar detener la hiperinflación que vivía el país, superior al 3.000% anual. Al contrario, se generó una sobrevaloración del peso, provocando una profunda recesión económica, con un aumento de la pobreza, saqueos de tiendas y supermercados, junto a una caída en las reservas de divisas y la fuga masiva de capitales, mientras la deuda externa no paraba de crecer hasta niveles insostenibles. De esta forma, la economía argentina no dejó de caer en picado, y tras una sucesión de gobiernos y un empeoramiento del clima social, en diciembre de 2001 el gobierno de Fernando de la Rúa anunció el “corralito”, la limitación en la disposición y uso del dinero en efectivo, junto a la congelación de depósitos bancarios, acompañado posteriormente del fin de la convertibilidad entre el peso y el dólar, lo que provocó una devaluación del peso superior al 300% y la incautación de todo el dinero en dólares que tenían los ciudadanos en los bancos. De golpe se arrojó a la pobreza y a la emigración a cientos de miles de argentinos a los que se dejó sin nada.

​A finales de 2001, con un país destrozado y empobrecido hasta extremos inimaginables, mientras se sucedían las protestas, con decenas de muertos y cientos de heridos, el gobierno anunció finalmente la mayor suspensión de pagos de la historia, y con ello se reconocía que el país se encontraba en un gigantesco colapso económico y social que sacudió a todo el mundo. Diferentes países inyectaron liquidez a Argentina mientras el país se ponía en manos del FMI, ese organismo pirómano que dice ser a la vez bombero, responsable en buena medida del gigantesco disparate económico vivido en los años anteriores.

​En junio de 2004, la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario Internacional publicaba un magnífico estudio bajo el título “Informe sobre la evaluación del papel del FMI en Argentina, 1991-2001”, en el que no se ahorraban críticas y censuras hacia este organismo por la irresponsabilidad con la que había actuado en este país en los años previos a su crisis y durante la misma. En su capítulo de conclusiones, el FMI reconocía con claridad que falló al promover políticas insostenibles y al reclamar ajustes fiscales y reformas estructurales inadecuadas, comprometiéndose a aprender de los errores y no volver a repetirlos en el futuro.

​Sin embargo, el FMI ha vuelto a repetir, punto por punto, muchos de los disparates que había cometido en la anterior crisis y que empujaron a Argentina hacia el abismo. El propio Nobel de Economía, Paul Krugman, uno de los mayores estudiosos de la economía de este país, ha acusado sin miramientos al FMI de ser el responsable de la crisis económica y financiera que atraviesa Argentina. De hecho, esta organización concedió de manera irresponsable en 2018 al gobierno de Macri el mayor crédito en la historia de este organismo, por importe de 57.000 millones de dólares, a medida del calendario electoral y de los intereses políticos de su gobierno, dejando al próximo ejecutivo entrante tras las próximas elecciones la responsabilidad de su devolución, en medio de un escenario económico recesivo, con un vaciamiento de las reservas de divisas y fuga de capitales, con todos los indicadores macroeconómicos desmoronándose.

​Como si de un “déjà vu” se tratara, los argentinos vuelven a revivir un doloroso pasado que creían superado, con medidas para limitar la compra de dólares mediante un “cepo cambiario”, largas colas ante los bancos para sacar dinero, controles para frenar la acelerada fuga de capitales por empresas y grandes fortunas, una escalada imparable en la inflación con un encarecimiento insostenible de los productos básicos, un progresivo vaciamiento en las reservas de dólares del Banco Central y la imposibilidad para hacer frente a los vencimientos en el pago de su deuda. A su vez, los despidos se multiplican mientras el paro aumenta en un país sin redes de protección social, la emigración de jóvenes y familias enteras vuelve a convertirse, como en 2000 y 2001, en una válvula de escape, al tiempo que empiezan a faltar medios y recursos esenciales en hospitales, escuelas y asilos, mientras la depreciación del peso argentino hace que simplemente sobrevivir sea cada día más difícil, multiplicándose las ollas populares en plazas y calles para que la gente pueda, al menos, comer.

​Desde el cariño que tenemos hacia ese país y sus gentes, a muchos de los cuales Alicante ha abierto sus brazos, somos muchos los que pensamos: ¡Pobre Argentina rica!