Existe una preocupación generalizada por el avance del autoritarismo posdemocrático impulsado por una extrema derecha global que nunca ha tenido respeto hacia las instituciones democráticas, sin dejar de cuestionar importantes avances sociales que han costado mucho esfuerzo construir, pero que ahora se ven seriamente amenazados.

Desde que las fuerzas de extrema derecha empezaron a tener una presencia creciente en los parlamentos de diferentes países occidentales, desplegando su fanatismo sobre algunos de sus dogmas políticos y religiosos, han ido ganado espacio en los medios de comunicación con su discurso bélico descalificador, acompañado de una estrategia muy agresiva de desinformación y acoso en las redes sociales, permitiendo a estos grupos instalar su agenda populista radical con una normalidad inquietante.

Es cierto que poderosos sectores económicos, mediáticos e institucionales vienen apoyando a estas fuerzas radicales de extrema derecha, en algunos casos de manera nada oculta, pero la forma en la que han conseguido colocar, con aparente normalidad, en la sociedad y en las instituciones un ideario tan dañino, formando parte activamente de las mismas instituciones a las que menoscaban, cuestionan y erosionan, es una muestra más de la profunda crisis democrática y social que vivimos, que esta extrema derecha autoritaria está aprovechando a la perfección.

De esta forma, la ultraderecha se ha convertido en un actor político dentro del mismo sistema democrático al que trata de reventar, impulsando una estrategia corrosiva a base de cuestionar procesos electorales, despreciar y denigrar a responsables políticos e institucionales, pedir la eliminación de instituciones de las que forma parte y de las que cobra sustanciosos sueldos, aunque se haya presentado en procesos electorales para formar parte de ellas, impidiendo el trabajo de los medios de comunicación y de los periodistas, y poniendo en el debate público de manera continuada una agenda propia que forma parte de su ideario ultraderechista y autoritario.

El rechazo despiadado contra la inmigración y los inmigrantes, la reivindicación de un pasado franquista, imperial y nacionalsocialista, la firme defensa del patriarcado y su furibundo rechazo hacia el feminismo y los avances por la igualdad, el apoyo al uso de la violencia en todas sus formas y niveles, una islamofobia sistemática acompañada de un racismo latente, la defensa de un dogmatismo nacionalcatólico, el desprecio por los problemas climáticos y medioambientales, el apoyo continuado a las élites económicas y empresariales, junto a un continuo menoscabo de instituciones internacionales básicas como las Naciones Unidas y la Unión Europea, de las que reclaman su desaparición, forma parte de su política de testosterona.

Agitar de esta forma el marco social y político de los estados nación que con tanto sufrimiento hemos construido, y que con sus notables debilidades y errores son imprescindibles para una convivencia pacífica, ha generado un desasosiego social imparable, alimentando un continuado descrédito de los sistemas democráticos. Es el ecosistema perfecto que esta extrema derecha posdemocrática busca y en el que navega a la perfección, frente al desconcierto generalizado de los partidos tradicionales y de buena parte de la sociedad.

Conseguir que las democracias constitucionales no sean un espacio confortable y de seguridad es uno de los objetivos prioritarios de esas fuerzas ultraderechistas, y para ese propósito han obtenido uno de sus mayores éxitos: arrastrar a los partidos de derecha a una radicalización mediante la incorporación y normalización de buena parte de su ideario y de sus códigos. La extrema derecha gana terreno en el mundo, y en España también, porque ha sido legitimada por los partidos de derecha, que han asimilado con normalidad buena parte de su marco ideológico e incorporado su lenguaje bélico y descalificador. Hasta el punto de competir por el mismo electorado, con una agenda común que, incluso, despliegan a través de gobiernos conjuntos en distintas instituciones, como sucede aquí en numerosos ayuntamientos y diputaciones, y hasta hace pocas semanas también veíamos en diferentes gobiernos autonómicos.

Que la extrema derecha neoautoritaria haya conseguido introducir sus propuestas radicales en la sociedad y en gobiernos subnacionales democráticos es uno de los mayores errores del Partido Popular en su historia. Y tendrá un precio, si cabe, mayor que sus escándalos de corrupción, sobre los que nunca hizo autocrítica ni asumió su responsabilidad. Normalizar la violencia política y democrática que utiliza Vox, tratando de servirse de ella para generar malestar, como hace el PP, no traerá nada bueno, gobierne quien gobierne, recordándonos ese principio utilizado en las relaciones internacionales de destrucción mutua asegurada.

Ahora bien, esto no significa, en modo alguno, que el marco político que impulsa la extrema derecha deba ser despreciado, en la medida en que utilizan algunos de los grandes malestares generados en la sociedad causados por el avance de un neoliberalismo contemporáneo y por una cierta fatiga democrática, que está impulsando desasosiegos, pobrezas y desigualdades entre amplias capas de la población.

Y este es uno de los mayores desafíos que tienen las democracias occidentales: saber identificar adecuadamente las prioridades ineludibles a las que hay que dar respuesta con urgencia, evitando una progresiva pérdida de confianza de los ciudadanos en la que el marco político de la ultraderecha encuentra condiciones idóneas para extenderse. Más y mejor política si queremos más y mejor democracia.