Si hay un colectivo que desde hace tiempo viene focalizando los odios y las mentiras xenófobas de la extrema derecha es el de las personas menores extranjeras no acompañadas. Son tantas las campañas organizadas que se vienen difundiendo en redes sociales y desde algunos supuestos medios digitales regados con dinero público, convertidos en plataformas de bulos y falsedades, que hemos llegado a habituarnos a un goteo continuo y sistemático de barbaridades. Estas estrategias buscan criminalizar y estigmatizar a un colectivo en situación de extrema vulnerabilidad, generando un clima constante de rechazo y desprecio hacia estos menores que, en muchos casos, han tenido que arriesgar sus vidas en un viaje desesperado para buscar un futuro que no tenían.

Por supuesto, es necesario analizar las responsabilidades de los gobiernos y progenitores en los países de origen, así como la necesidad de apoyar a sus familias mediante programas que garanticen la cobertura de sus necesidades básicas para que estos menores no tengan que emigrar. También es crucial señalar la connivencia de algunas autoridades africanas en la salida de estos menores hacia Europa y cuestionar la cultura de la emigración, tan arraigada en muchas comunidades, donde niños y niñas son enviados por sus familiares a emprender viajes peligrosos que, con frecuencia, resultan mortales.

Mientras tanto, debemos actuar con la urgencia que la situación exige, guiados por dos criterios fundamentales: la humanidad y el cumplimiento de la legalidad. Estamos hablando de niños y niñas que carecen de familiares en nuestro país, y por tanto no cuentan con la protección necesaria para garantizar su cuidado durante la infancia y la adolescencia. Es fundamental respetar las normativas nacionales e internacionales vigentes, que son de obligado cumplimiento, aunque algunas fuerzas reaccionarias las rechacen abiertamente.

Quienes conocemos de forma empírica la situación de estos menores no acompañados asumimos una responsabilidad especial: transmitir a la sociedad información veraz, basada en datos y análisis contrastados. Frente a la avalancha de desinformación que se difunde a diario y que cala en algunos sectores sociales, es fundamental dejar que los hechos hablen por sí solos. Ese es mi compromiso como científico social.

Históricamente, acceder a datos precisos sobre menores extranjeros no acompañados y jóvenes migrantes extutelados ha sido una tarea complicada. Las diferencias entre los registros de distintas administraciones, su falta de coincidencia y su escasa actualización han dificultado este conocimiento. Actualmente, además del registro MENA, que gestiona la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía, está el Registro Central de Extranjeros, dependiente de la Dirección General de Policía del Ministerio del Interior. Sin embargo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), ha comenzado a ofrecer estadísticas más actualizadas y desagregadas, lo que representa un avance importante respecto a etapas anteriores.

Con los últimos datos hechos públicos, a principios de este año, tenemos que a 31 de diciembre de 2024 había un total de 17.452 personas migrantes de 16 a 23 años bajo tutela o que han salido del sistema de protección. Ahora bien, el dato llamativo que desmonta muchos de los bulos que se difunden se confirma al comprobar que el 60% de estos menores y jóvenes migrantes de entre 16 y 23 años con autorización de residencia en vigor están afiliados y de alta en la Seguridad Social, experimentando un aumento llamativo del 32% en los últimos tres años, cuando se reformó el reglamento de extranjería para permitir automáticamente el derecho a trabajar a los menores extranjeros no acompañados a partir de los 16 años y a los jóvenes extutelados de entre 18 y 23.

Precisamente, en este último grupo las tasas de afiliación a la Seguridad Social son, todavía, más elevadas, acercándose al 70% de ellos. Los sectores en el que estos menores y jóvenes tienen una mayor presencia laboral son la hostelería, con un 27% del total, las actividades administrativas y servicios auxiliares, con un 16%, así como la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con un 13%. Resulta llamativo que mientras en el grupo de 16 y 17 años, el 47% de ellos encuentra trabajo principalmente en la hostelería, posteriormente, al pasar a ser jóvenes extutelados, tienen una mayor diversificación productiva, bajando su presencia en la hostelería al 26% pero aumentando en otros sectores.

De hecho, la reforma de la Ley de Extranjería de octubre de 2021, históricamente reclamada desde diferentes sectores para facilitar la incorporación social y laboral de jóvenes migrantes tras finalizar su etapa en centros de protección, ha contribuido positivamente en este proceso.

Frente a las campañas de odio y criminalización hacia estos menores y a pesar de la complejidad de las migraciones que protagonizan, los datos demuestran que hay una gran distancia entre las imágenes deliberadamente distorsionadas y el trabajo callado que se viene haciendo por muchos profesionales e instituciones.

Pero no basta con mostrar cifras o desmentir rumores puntuales: tenemos por delante un reto colectivo de enorme calado. Es imprescindible construir una pedagogía social que ayude a comprender, con rigor y empatía, la realidad de los menores y jóvenes extranjeros no acompañados. Necesitamos desmontar los bulos con información rigurosa, contrarrestar los discursos de odio con educación cívica y promover una narrativa pública basada en los derechos humanos, la legalidad y la solidaridad. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad que proteja a los más vulnerables y no los convierta en armas arrojadizas.